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Hay países que no necesitan quemarse para arder. Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni y su coalición de derecha —heredera directa del Movimiento Social Italiano, el partido nacido de las cenizas de la República de Salò—, se está convirtiendo en el laboratorio europeo de un experimento inquietante: ¿hasta dónde puede retroceder una democracia sin dejar de llamarse democracia? La respuesta, según múltiples organismos internacionales, periodistas y juristas, es alarmantemente lejos. Tan lejos que algunos ya hablan, sin hipérbole, de un retorno a prácticas propias de la Edad Media.
La sombra larga de Mussolini
No es casualidad que Fratelli d’Italia —el partido de Meloni— lleve en su logotipo la llama tricolor, símbolo inequívoco del fascismo italiano. Tampoco lo es que su líder, en su juventud, cantara Giovinezza, el himno de los camisas negras, y se declarara admiradora de Benito Mussolini. «Soy Giorgia, soy mujer, soy madre, soy italiana, soy cristiana», repetía en sus mítines, como si la identidad nacional tuviera que definirse por exclusión: no musulmana, no africana, no gitana. Esa fórmula, aparentemente inofensiva, esconde una lógica profundamente racista que ha terminado por impregnar la legislación del país.
Desde que Meloni llegó al poder en octubre de 2022, Italia ha aprobado una serie de decretos que recuerdan peligrosamente a las leyes raciales de 1938. El llamado «decreto cutro» limita drásticamente el rescate de migrantes en el Mediterráneo, criminalizando de facto a las ONG que salvan vidas. Se han cerrado puertos, se han multado barcos humanitarios y se ha instaurado un bloqueo naval que Amnistía Internacional ha calificado de «política de muerte». Mientras tanto, los centros de acogida se han convertido en lo que muchos comparan con cárceles a cielo abierto: hacinamiento, insalubridad y violencia sistemática, especialmente contra menores.
Racismo institucionalizado
Lo que hace única la deriva italiana —y particularmente grave— es que el racismo ya no es solo discurso. Es ley. El gobierno de Meloni ha aprobado normas que facilitan la detención administrativa de extranjeros sin delito alguno, que limitan el derecho de asilo y que permiten expulsiones sumarias. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) emitió en 2024 un informe devastador: Italia, señalaba, practica una «discriminación estructural» contra personas de origen africano y romaní, perpetuada por las propias instituciones del Estado.
Los datos respaldan la denuncia. Según el informe anual de la organización Mediterranea Saving Humans, en 2024 murieron más de 3.000 personas en las rutas migratorias del Mediterráneo central, la cifra más alta desde 2017. Y no mueren solo en el mar: mueren en los campos de trabajo del sur de Italia, donde jornaleros africanos —muchos de ellos indocumentados— cobran menos de dos euros la hora, sin contrato, sin protección, en condiciones que el sindicato CGIL ha comparado con el caporalato, esa forma de explotación que se creía erradicada desde el siglo XIX.
El crepúsculo de los derechos
Pero el racismo es solo una cara de la moneda. La otra es el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho. Italia ocupa el puesto 56 de 180 en el Índice de Libertad de Prensa de Reporters Sin Fronteras, una caída espectacular desde la llegada de Meloni. Periodistas que investigan corrupción gubernamental reciben querellas judiciales. La RAI, la televisión pública —equivalente a nuestra RTVE—, ha sido sometida a un control político sin precedentes: sus directivos son nombrados a dedo por el ejecutivo, y sus informativos se han convertido, según críticos de toda orientación, en boletines de propaganda gubernamental.
El poder judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, también sufre. La reforma de la justicia impulsada por el gobierno busca limitar la independencia de los fiscales y acelerar los procesos —en teoría para combatir la lentitud burocrática, en la práctica para proteger a los aliados políticos de Meloni. La Comisión Europea ha abierto varios procedimientos de infracción contra Roma, algo inédito en su relación con un Estado miembro fundador.
Y aquí es donde la comparación con la Edad Media deja de ser metáfora. Cuando un gobierno elige a quién salvar y a quién dejar morir en el mar, cuando encarcela sin juicio, cuando silencia a la prensa y somete a los jueces, está operando con una lógica pre-ilustrada: la del soberano que decide quién merece derechos y quién no. La diferencia es que hoy lo hace con esmoquin y ante las cámaras de Bruselas.
Europa, ¿espectadora o cómplice?
Lo más grave de todo es la pasividad europea. La Unión Europea, que se presenta como garante de los valores democráticos, ha optado por la vía diplomática: cartas, advertencias, procedimientos que se alargan años. Mientras tanto, Meloni se ha convertido en interlocutora imprescindible —gestiona la política migratoria comunitaria, preside el G7 en 2024, negocia con Von der Leyen como si fuera su igual—. El pacto migratorio europeo, que lleva años negociándose, se ha diseñado en gran medida a imagen y semejanza de las políticas italianas: externalización de fronteras, acuerdos con terceros países y criminalización de la solidaridad.
Italia no es una anomalía. Es un espejo. Si Europa permite que un país miembro desmonte los derechos fundamentales sin consecuencias reales, está enviando un mensaje claro: los valores de la posguerra son negociables. Y si son negociables, entonces el crepúsculo no es solo italiano. Es de todos.
La historia nos enseña que las democracias no mueren de golpe. Mueren despacio, con leyes que parecen razonables, con discursos que suenan a protección, con la complicidad silenciosa de quienes prefieren mirar a otro lado. Italia lo está demostrando con una precisión que debería helar la sangre a cualquier europeo que crea que lo de la Edad Media —o lo del fascismo— no puede volver a pasar.
Ya está pasando. Y nadie hace lo suficiente para detenerlo.
Generado por ernie 5.1 preview
