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Introducción
En el cementerio municipal de Constantina (Sevilla), una imponente cruz de piedra se alza sobre lo que muchos consideran un lugar sagrado. Sin embargo, para cientos de familias y para la memoria democrática de España, ese monumento no representa la paz, sino el encubrimiento de uno de los crímenes más atroces cometidos por el bando sublevado durante la Guerra Civil. Como ha denunciado públicamente la periodista Nieves Concostrina, “debajo de esa cruz que solo representa odio, crimen y horror hay 780 cráneos de vecinos y vecinas de Constantina (Sevilla)”.
Esta afirmación, lejos de ser una hipérbole, se corresponde con lo que revelaron las exhumaciones realizadas en la década de 1980 y con la abundante historiografía que ha documentado la represión franquista en la Sierra Norte sevillana. Se trata de los restos de hombres y mujeres que no cayeron en combate, sino que fueron asesinados de manera sistemática por su ideología, su afiliación sindical o simplemente por ser considerados desafectos al golpe de Estado de julio de 1936. Este artículo busca recuperar esa memoria, analizar el contexto histórico y ofrecer una crítica fundamentada al franquismo y a la Falange, responsables directos de esta masacre, así como al uso propagandístico de símbolos como esa cruz que aún hoy perpetúa la mentira de los “Caídos por España”.
El golpe de Estado y la toma de Constantina
El 18 de julio de 1936, una parte del ejército español se sublevó contra la Segunda República. En Andalucía, el general Gonzalo Queipo de Llano se hizo con el control de Sevilla en las primeras horas y, desde allí, lanzó una brutal ofensiva para asegurar el territorio y expandir el alzamiento. Constantina, localidad estratégicamente situada en la Sierra Norte, fue ocupada por las fuerzas rebeldes hacia finales de julio de ese mismo año.
Como ha documentado el historiador Francisco Espinosa Maestre, la conquista del sur no fue solo una operación militar, sino que estuvo acompañada de una auténtica campaña de terror planificada. El objetivo era eliminar cualquier atisbo de resistencia y someter a la población mediante el miedo. Esta política respondía a las directrices de la cúpula golpista, entre las que destaca la infame orden del general Emilio Mola: “hay que fusilar a todo el que no piense como nosotros” (Espinosa, 2003, La columna de la muerte). Esta máxima, lejos de ser una anécdota, se convirtió en la hoja de ruta de la represión en decenas de pueblos y ciudades bajo control franquista.
Agosto de 1936: la masacre
Fue en agosto de 1936 cuando la represión se desató con especial virulencia en Constantina. Según relatan numerosos testimonios recopilados por investigadores locales y memorialistas, grupos de falangistas —apoyados por militares y guardias civiles afines al golpe— irrumpieron en la localidad con listas de nombres. Buscaban a concejales republicanos, maestros, sindicalistas de UGT y CNT, jornaleros y cualquier persona que hubiera mostrado simpatía por la legalidad republicana o que fuera señalada por rencillas personales.
Las detenciones fueron masivas y, en la mayoría de los casos, se llevaron a cabo sin orden judicial alguna. Las víctimas eran conducidas a las afueras, sometidas a brutales torturas y ejecutadas sumariamente mediante fusilamiento. Sus cuerpos eran arrojados a fosas comunes excavadas de manera apresurada, sin identificación ni el más mínimo respeto funerario. Como denuncia Concostrina, se trataba de ciudadanos inocentes asesinados por el simple hecho de pensar diferente.
La dimensión de la carnicería fue tan descomunal que las nuevas autoridades se vieron obligadas a tomar una medida insólita: abrir orfanatos para dar cobijo a la enorme cantidad de niños y niñas que quedaron huérfanos tras las ejecuciones. Este hecho, documentado en diversos estudios sobre la represión franquista, evidencia la magnitud del exterminio y la desolación que dejó a su paso (véase, por ejemplo, Álvarez Fernández, 2007, Los niños de la guerra de España).
780 cráneos y la mentira de “Caídos por España”
Las cifras concretas de víctimas en Constantina han sido objeto de investigación durante décadas. Aunque los trabajos historiográficos continúan afinando los datos, la exhumación realizada a principios de la década de 1980 arrojó un resultado estremecedor: se contabilizaron alrededor de 780 cráneos pertenecientes a las personas allí sepultadas. Esta cifra, que coincide con la denunciada por Concostrina, da cuenta de la escala del crimen y sitúa a Constantina entre los casos más graves de la represión franquista en Andalucía.
Sin embargo, lejos de recibir un homenaje digno, aquellos restos fueron nuevamente enterrados bajo una losa con la inscripción “Caídos por España”. Esta decisión constituye una de las maniobras de negacionismo más indignantes de la posguerra tardía. Como ha señalado el historiador Julián Casanova, el franquismo construyó una narrativa que glorificaba a sus propios muertos y silenciaba, cuando no invertía, la condición de las víctimas de la represión (Casanova, 2008, Historia de España, Vol. 8: República y Guerra Civil). Aplicar esa frase a quienes fueron ejecutados por su disidencia política es una burla a la verdad histórica y una afrenta para sus descendientes.
La cruz como símbolo del odio y la complicidad nacionalcatólica
La cruz que corona esa fosa no es un símbolo neutro. Para las familias de las víctimas y para gran parte de la sociedad memorialista, representa la instrumentalización de la religión para encubrir un crimen de Estado. La Falange Española de las JONS, principal ejecutora de estas matanzas, basaba su ideario en una peligrosa fusión entre nacionalismo radical y catolicismo militante, autoproclamándose defensora de una “cruzada” contra el supuesto “comunismo”. Esta retórica sirvió para justificar la violencia y contó, en los primeros años del régimen, con la aquiescencia de amplios sectores de la jerarquía eclesiástica española.
La expresión utilizada por Concostrina —“muy católicos eso sí… católicos asesinos”— refleja una crítica que ha ganado peso con el tiempo. Diversos estudios han demostrado la complicidad de la Iglesia con el alzamiento y su posterior silencio ante la represión sistemática (ver, por ejemplo, trabajos de Alberto Reig Tapia o la documentación recopilada por historiadores recientes). Utilizar un símbolo cristiano para legitimar este enterramiento supone, además, una traición a los valores de justicia y misericordia que predica el propio cristianismo.
Impunidad, memoria y deuda pendiente
La impunidad de los responsables de la masacre de Constantina fue la norma durante la dictadura y se consolidó con la Ley de Amnistía de 1977. Esta norma, fundamental para la transición política, dejó sin castigo los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, en contra de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. A día de hoy, la identificación plena de los restos, la retirada de símbolos que exaltan la dictadura y el reconocimiento oficial y reparador de las víctimas siguen siendo asignaturas pendientes.
La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, supuso un avance simbólico al reconocer a quienes padecieron persecución, pero su aplicación ha sido insuficiente y ha encontrado fuertes resistencias. El caso de Constantina es un ejemplo paradigmático de esta deuda: una fosa común aún marcada por la propaganda del régimen y una cifra de 780 personas cuyos nombres y historias muchas veces permanecen en el olvido.
Conclusión
Recordar lo ocurrido en Constantina no es un ejercicio de revancha, sino un acto de justicia elemental. Esas 780 personas fueron asesinadas por defender o simplemente representar unos ideales democráticos y republicanos, o por el mero hecho de no comulgar con la ideología impuesta a sangre y fuego. La cruz que hoy se levanta sobre sus restos debe ser sometida a una reflexión crítica por parte de la sociedad y, en su caso, reemplazada por un monumento que honre su memoria y denuncie el crimen que se cometió.
Como sociedad democrática, tenemos la obligación de garantizar que la verdad histórica prevalezca sobre el silencio y la manipulación. Escuchar las voces de las víctimas y de sus descendientes es el primer paso para cerrar esta herida abierta. Solo así podremos cumplir con la promesa de que nunca más se utilizará la violencia para aniquilar la disidencia y que, en palabras contrarias a las de Mola, la pluralidad de pensamiento sea celebrada y no castigada con la muerte.
Este artículo se ha elaborado a partir del texto original de Nieves Concostrina y de fuentes históricas contrastadas sobre la represión en la provincia de Sevilla durante el verano de 1936 (estudios de Francisco Espinosa, Paul Preston, Santos Juliá y documentación de asociaciones memorialistas andaluzas).
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