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I. El fantasma de la Policía Armada
La narrativa oficial de la Transición española nos ha vendido durante décadas el relato de una metamorfosis ejemplar: de dictadura a democracia mediante un pacto civilizado entre elites. Sin embargo, bajo la alfombra de esa «modélica» transición se escondió una verdad incómoda que hoy resurge con crudeza: las estructuras de poder represivo del franquismo no fueron disueltas, simplemente se maquillaron. Ahorahere, en pleno siglo XXI, asistimos a la evidencia palpable de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen vigente una cultura institucional nacida en el régimen anterior, cuyos síntomas más visibles se manifiestan en la naturaleza de sus organizaciones sindicales.
Cuando en 1978 la Policía Armada franquista mutó en Policía Nacional democrática, no se produjo una depuración ideológica de sus cuadros ni una refundación ética de su función social. Se cambiaron las placas, los uniformes y la jerga, pero no el ADN autoritario. Esa continuidad estructural explica por qué, cuatro décadas después, los principales sindicatos del cuerpo —SUP, JUPOL y afines— actúan menos como organizaciones de clase defensoras de los derechos laborales de los agentes y más como soldados de una cruzada política al servicio de los poderes económicos, jueces conservadores y partidos de extrema derecha.
II. Sindicatos al servicio del poder, no de los trabajadores
El fenómeno no es casual. Mientras en el resto de la función pública los sindicatos históricos (UGT, CCOO, CSIF) compiten en representatividad, en la Policía Nacional dominan organizaciones que exhiben abiertamente un perfil reaccionario. Estos «sindicatos» —y la comilla es obligada cuando analizamos su praxis— no negocian convenios para mejorar las condiciones de los agentes de base; ejercen de lobbys políticos dedicados a presionar contra el independentismo catalán, a criminalizar el movimiento feminista, a obstaculizar cualquier avance en derechos LGTBIQ+ y, sobre todo, a garantizar la impunidad de sus miembros ante abusos institucionales.
La financiación opaca, los comunicados conjuntos con Vox, la presencia de sus dirigentes en actos de la extrema derecha madridista o la defensa inquebrantable de jueces como Manuel Marchena o de fiscales herederos del franquismo judicial, dibujan un panorama claro: estamos ante corporaciones que han convertido el uniforme en un uniforme ideológico. No defienden al trabajador policial; defienden a la institución policial como bastión del orden establecido, ese mismo orden que en 1978 decidió que la democracia española sería compatible con la conservación de sus aparatos represivos intactos.
III. La dualidad represiva: mano dura con la izquierda, guante de seda con la extrema derecha
La demostración práctica de esta naturaleza llega cada vez que estalla el conflicto social. Cuando obreros del metal de Cádiz, pensionistas o movimientos antidesahucios salen a la calle, la respuesta sindical policial es unánime: justificación de la carga, criminalización de la protesta y presión para endurecer el Código Penal contra el «sedición» y el «terrorismo urbano». Sin embargo, cuando grupos neonazis asaltan centros culturales, cuando simpatizantes de Alianza Nacional agreden migrantes o cuando los ultras del Atlético de Madrid desatan violencia racial en los derbis, el silencio de estos sindicatos es ensordecedor, cuando no directamente complaciente.
Esta selectividad no es error; es política. Los datos son elocuentes: mientras centenares de activistas de Stop Desahucios, de los CDR catalanes o de movimientos ecologistas han sido detenidos, torturados —según denuncias documentadas por el Defensor del Pueblo y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional— y encarcelados por delitos de opinión o resistencia pasiva, la corrupción sistémica dentro de los propios cuerpos policiales —casos Lezo, Tándem, etc.— encuentra en estos sindicatos un escudo inquebrantable. La «corruPPción», como acertadamente señala el argot popular, cuenta con abogados de oficio sindicales, mientras que un joven que tuitea contra un monarca emérito acusado de evasión fiscal enfrenta el peso total del aparato persecutorio.
IV. La persecución interna: cuando ser de izquierdas es motivo de expulsión
Quizás el síntoma más revelador de la enfermedad democrática que padecemos sea la suerte reservada a aquellos agentes que intentan romper el bloque reaccionario desde dentro. La anomalía que el régimen del 78 construyó alrededor de la policía alcanza su paroxismo en el veto a la libertad sindical: mientras los agentes pueden afiliarse a organizaciones abiertamente fascistizantes, la Ley 2/2015 —aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y mantenida por sus sucesores— les prohíbe pertenecer a sindicatos de clase, interprofesionales y democráticos como CNT, CGT, UGT o CCOO.
Esta prohibición, que huele a diktat de otro tiempo, ha sido recientemente impugnada ante los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de la Comunidad Valenciana han admitido a trámite demandas de agentes que reclaman el derecho fundamental reconocido en el artículo 28 de la Constitución y la igualdad ante la ley (artículo 14). Sin embargo, la respuesta institucional ha sido la represalia: policías afiliados a sindicatos democráticos sufren traslados punitivos, sanciones disciplinarias, acoso laboral y expulsiones encubiertas. El mensaje es claro: dentro del cuerpo cabe el fascismo disfrazado de patriotismo, pero no la democracia obrera.
V. Más allá de la alfombra
El escándalo ya no cabe bajo la alfombra. Cuando más de 70.000 agentes de la escala básica ven cómo sus representantes sindicales pactan con formaciones que niegan la violencia de género, reivindican el golpe de 1936 o llaman a reprimir «con mano dura» cualquier disidencia, estamos ante un problema de Estado. No se trata de «malos policías» individuales, sino de una cultura institucional que, heredada del franquismo, premia la lealtad al poder por encima del servicio a la ciudadanía.
La democracia española no podrá completarse mientras sus fuerzas de seguridad actúen como ejército privado de una oligarquía amenazada por el avance de los derechos sociales. La resolución de los tribunales valenciano y madrileño abriendo la puerta a sindicatos de clase es una grieta en el muro, pero insuficiente. Hace falta una depuración democrática real: derogación de la ley mordaza, independencia efectiva de los mecanismos de control policial, y sobre todo, el reconocimiento de que unos sindicatos que actúan como brazo político de la extrema derecha no son sindicatos, sino lo que la historia españolaconoce bien: comisarios políticos al servicio de un régimen que nunca terminó de morir.
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