El 19 de agosto de 1989, a las 12:45 del mediodía, un estruendo sacudió la localidad alicantina de San Juan. En el aparcamiento del hipermercado Pryca —hoy Carrefour— un vehículo reventó en mil pedazos, dejando un reguero de muerte, caos y preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Diez personas fallecieron, entre ellas dos niñas de seis y dos años, y casi una treintena resultaron heridas. Lo que en un primer momento se presentó como un atentado de ETA resultó ser una explosión accidental de material pirotécnico transportado ilegalmente, bajo la mirada laxa de la propia Guardia Civil. Tres décadas después, el caso simboliza varias de las peores «miserias del Estado»: la precipitación por señalar a la banda terrorista, la negligencia de un agente público, la desaparición de pruebas clave y una sentencia absolutoria que dejó a las víctimas sin justicia ni indemnización.
La versión que convenía: ETA, amonal y matrículas cambiadas
Apenas unas horas después de la deflagración, los portavoces de la Guardia Civil ofrecieron a los medios una hipótesis que, en aquel año de intensa actividad terrorista (ETA asesinó a 19 personas en 1989), encajaba con el clima de alarma social. Según la Benemérita, el coche siniestrado —un Renault 5— portaba placas de matrícula falsas y había sido cargado con entre diez y quince kilos de amonal, el explosivo característico de la banda. Incluso se aseguró que antes de la explosión se habían recibido llamadas anónimas alertando de la colocación de un coche bomba en la zona.
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El relato oficial caló inmediatamente. Las primeras crónicas periodísticas, recogidas por diarios como El País y ABC, hablaban abiertamente de atentado. El Gobierno central, con Felipe González al frente, no desmintió la especie. Durante varios días, ETA fue el enemigo público número uno de la tragedia, sin que casi nadie reparase en las incongruencias de la escena: ni la ubicación (un supermercado sin especial simbolismo), ni el tipo de víctimas (mayoritariamente familias que hacían la compra), ni la falta de reivindicación por parte de la organización armada.
La realidad silenciada: una boda, cohetes y un taller clandestino
Lo que realmente estalló aquella mañana fue un turismo particular repleto de material pirotécnico que dos jóvenes, Francisco García Sánchez y un amigo, transportaban para celebrar una boda en Jijona. Ambos fallecieron en el acto, calcinados dentro del coche. Francisco era hijo del comisionista de la empresa Pirotecnia La Levantina, radicada en Rafal, una firma que apenas quince días antes —el 5 de agosto de 1989— había sufrido un grave accidente en sus instalaciones con un trabajador fallecido. Teóricamente, tras aquel siniestro, la fábrica había sido clausurada por orden gubernativa. En la práctica, nadie se molestó en precintar los locales, y la producción y distribución de artificios pirotécnicos continuaron como si nada hubiese ocurrido. El Estado cerró un expediente, pero no cerró las puertas.
Para mayor escarnio, el padre del conductor, que actuaba como intermediario o «comisionista», se suicidó tres días después del suceso, abrumado por la culpa y el dolor. Su muerte añadió otra víctima a una lista de damnificados que nunca recibiría reparación.
«A ojo de buen cubero»: la confesión del sargento Romero
La investigación judicial posterior puso nombres y apellidos a la cadena de negligencias. Ante el juez compareció Saturnino Romero Romero, sargento de la Guardia Civil destinado en el cuartel de la localidad y responsable del control e inspección de los explosivos y la pirotecnia en la comarca. Su declaración fue de una sinceridad tan apabullante como demoledora para la institución. El sargento admitió que realizaba las supervisiones «a ojo»: no pesaba la mercancía, no comprobaba las condiciones del transporte, no verificaba si los vehículos estaban autorizados. Reconoció que conocía la orden de cierre de La Levantina, pero que nunca la hizo cumplir, y que había consentido repetidamente que el material se trasladase en turismos particulares, sin ninguna medida de seguridad, porque «siempre se había hecho así».
Junto a Romero se sentaron en el banquillo el apoderado de la pirotecnia, Manuel García García, y su hijo, José Manuel García García, gerente de la firma, acusados de homicidio y lesiones por imprudencia temeraria. El sargento, además, sumaba el presunto delito de prevaricación.
Cuando el cuerpo del delito se evapora
Para cuando se celebró el juicio, casi cinco años después de la tragedia —en la primavera de 1994, en la Audiencia Provincial de Alicante—, el principal escollo para los acusadores fue que la Guardia Civil había extraviado las pruebas materiales recogidas en el lugar del suceso. Las muestras de los restos de explosivo, las piezas del vehículo, los fragmentos de los recipientes que contenían los cohetes… Todo había desaparecido de los depósitos judiciales sin dejar rastro. ¿Negligencia, desidia o conveniencia? Nunca se supo. Lo cierto es que los peritos químicos no pudieron determinar de forma fehaciente qué sustancia explotó ni en qué condiciones, y los jueces carecieron de elementos para deslindar responsabilidades penales con la certeza que exige el derecho penal.
Así, el tribunal absolvió a los tres acusados. La sentencia, aunque reconocía un cúmulo de irregularidades administrativas y un «deficiente funcionamiento de la Administración», concluyó que la muerte de los principales implicados —el transportista y su acompañante— y la falta de pruebas directas impedían individualizar culpas con la precisión necesaria para condenar. El sargento Romero volvió a su puesto. La pirotecnia, rebautizada o absorbida por otras razones sociales, siguió operando.
Víctimas sin indemnización: la doble condena
Las diez familias destrozadas por la explosión jamás recibieron un euro. La Administración no asumió responsabilidad patrimonial alguna, escudándose en que la actividad pirotécnica era privada y en que la sentencia absolutoria no obligaba a resarcir. Las aseguradoras tampoco respondieron, alegando que el transporte incumplía todas las normas de seguridad. Organizaciones de consumidores y algunos partidos políticos, como Izquierda Unida, intentaron reabrir el caso en el Parlamento. La Mesa del Congreso rechazó las propuestas de creación de una comisión de investigación o de concesión de ayudas extraordinarias con el argumento de que el asunto estaba judicializado (aunque ya estuviera resuelto) y de que no podían entrometerse en la cosa juzgada.
Las víctimas vivieron una pesadilla añadida. Dolores García, madre de una de las niñas fallecidas, declaró a la prensa en 1994: «A mi hija la destrozó una explosión, y a mí me están destrozando la Justicia y el Estado». Aquellas palabras resumen la desolación de quienes vieron cómo primero se les ofrecía el relato falso de un atentado terrorista y después se les negaba todo tipo de amparo.
Las enseñanzas de una cicatriz mal cerrada
La explosión del Pryca de San Juan no fue solo una desgracia. Fue el espejo de varios vicios estructurales que los españoles llevaban décadas soportando. Primero, la urgencia de los aparatos de seguridad del Estado por anudar cualquier hecho violento a ETA, moldeando la realidad —llegando incluso a mentir con las matrículas y el tipo de explosivo— para engordar un relato de guerra sucia que justificara sus presupuestos, sus métodos y, en última instancia, sus abusos. Segundo, la dejación de funciones de un servidor público que, lejos de aplicar la ley, se había habituado a una cultura del «vale todo» en el control de industrias peligrosas, un sargento que encarnaba como pocos el rostro del funcionario negligente protegido por el uniforme. Tercero, la falta de garantías para que los ciudadanos, incluso los más humildes, encuentren reparación efectiva frente a la desidia administrativa y la pérdida deliberada de pruebas.
Casualmente o no, el 19 de agosto de 1989 es una fecha apagada en los archivos de la hemeroteca. No suele figurar en los anuarios de atentados, porque nunca lo fue, ni en las efemérides de la lucha antiterrorista, aunque la propaganda oficial lo situara allí durante unas angustiosas horas. Queda la memoria de diez muertos sin justicia, diez nombres que el Estado primero embarró con la mentira de ETA y luego abandonó en el olvido de una absolución cimentada sobre pruebas evaporadas.
Treinta y cinco años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién responde cuando el Estado, lejos de proteger, primero manipula y después desampara? La explosión del parking de San Juan todavía espera una contestación que, por dignidad democrática, debería llegar sin necesidad de más petardos ni más excusas.
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