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La reciente decisión de la jueza instructora de citar como investigado al segundo agente de la Policía Nacional implicado en la inmovilización que acabó con la vida de Abderrahim Akkouh en Torrejón de Ardoz ha sido recibida por su familia como un paso más hacia la verdad. Sin embargo, este avance procesal, lejos de ser un motivo de alivio, destapa una realidad mucho más sombría: la lentitud, la opacidad y la resistencia sistémica a calificar lo ocurrido como lo que verdaderamente fue: un asesinato racista cometido bajo el amparo de la placa. La imputación, aunque necesaria, no borra el hecho de que durante demasiado tiempo la versión policial, una narrativa tejida a la medida para exculpar a los agentes, fue tratada con una credibilidad inmerecida, mientras que el cuerpo sin vida de un hombre negro era tratado como un incidente estadístico más.
La muerte de Abderrahim Akkouh, de origen marroquí, no fue un suceso aislado ni un fatal desenlace accidental. Se produjo en la madrugada del 11 de junio de 2023, en el marco de una intervención policial que, desde el primer momento, estuvo marcada por el sesgo racial y un uso de la fuerza absolutamente desproporcionado. La secuencia de los hechos, reconstruida a través de testimonios de vecinos, videos y contradicciones en los atestados, apunta a una cacería humana. Los agentes, lejos de actuar como servidores públicos, respondieron a una llamada por un supuesto altercado en un bar desatando una persecución brutal, que culminó con una maniobra de inmovilización letal sobre el asfalto. La técnica aplicada, lejos de ser un protocolo estándar, fue una sentencia de muerte ejecutada con rodillas sobre el cuerpo de un hombre que, según múltiples indicios, no representaba una amenaza inminente que justificara tal nivel de violencia.
El hecho de que el segundo agente tarde meses en ser formalmente investigado es la constatación de un patrón profundamente enquistado en el sistema judicial español: la presunción de veracidad que se otorga a la palabra policial. Durante las primeras semanas cruciales para la investigación, el foco se puso en la supuesta “resistencia violenta” de Akkouh, dibujando un perfil de delincuente peligroso que legitimaba la respuesta de los agentes. Se habló de forcejeo, de agresiones a los policías y de un “accidente” médico, la llamada “muerte súbita”, un comodín argumental que ha servido para encubrir incontables casos de brutalidad policial en todo el mundo. La versión de la policía, reproducida acríticamente por algunos medios, construyó un relato donde la víctima era el verdugo y los verdugos, los héroes que se vieron obligados a emplear la fuerza.
No obstante, la perseverancia de la familia Akkouh, su representante legal y las organizaciones antirracistas logró resquebrajar ese muro de impunidad. La inclusión del segundo agente como investigado refuerza de manera incontestable la tesis de que la inmovilización no fue un gesto técnico malogrado por un único policía nervioso o especialmente violento; fue una acción conjunta, coordinada y, por tanto, intencional. Hablar de intencionalidad es abrir la puerta a la figura del asesinato o, como mínimo, del homicidio doloso, dejando atrás la cómoda calificación de homicidio imprudente. Si dos agentes participaron activamente en la maniobra que segó la vida de Abderrahim, se desmorona la idea de un error individual. Se solidifica, en cambio, la imagen de una práctica de grupo, una forma de operar asumida y tolerada donde la vida de una persona racializada vale menos que el sometimiento instantáneo a la autoridad.
Esta imputación es crítica porque pone nombre y apellidos a la responsabilidad compartida, pero la pregunta que sobrevuela el caso sigue sin respuesta: ¿dónde estaba la cadena de mando? ¿Qué formación reciben estos agentes para que su primera reacción ante un ciudadano negro sea una dosis letal de violencia? La jueza ha imputado a los autores materiales, pero la responsabilidad política y estructural permanece en una zona de penumbra judicialmente conveniente. No se investiga el ambiente de racismo institucional que empapa ciertas actuaciones del cuerpo, no se depuran responsabilidades de los mandos que dirigieron el operativo, y el Ministerio del Interior, bajo cuyo paraguas actúa la Policía Nacional, se parapeta tras el secreto de sumario y las fórmulas de condolencia hueca.
El retraso en la imputación también tiene una consecuencia devastadora: la prolongación del sufrimiento de la familia y la sensación de que el Estado protege a los suyos. Durante meses, los agentes involucrados han permanecido en sus puestos, con sueldos pagados por todos los ciudadanos, incluidos aquellos que podrían ser sus próximas víctimas. Esta falta de medidas cautelares contundentes transmite un mensaje peligroso: que matar a un migrante no tiene un costo profesional inmediato. Que el proceso interno de asuntos internos es un trámite lento y, a menudo, exculpatorio. La imputación tardía es, en sí misma, una forma de violencia institucional; es la confirmación de que para que un cuerpo sea creído, debe ser blanco, y para que un testimonio policial sea cuestionado, debe haber una montaña de pruebas irrefutables y una movilización social inquebrantable.
El caso de Abderrahim Akkouh no puede analizarse en el vacío. Se inscribe en un continuum de muertes de personas migrantes y racializadas en contextos policiales en España, desde el caso de Mame Mbaye en Madrid en 2018 hasta la muerte de Ilias Tahiri en Almería en 2019, pasando por los malos tratos a temporeros o las devoluciones sumarias en caliente en las fronteras. Existe un hilo conductor que une estos episodios: una doctrina del enemigo interior que se ceba con los cuerpos no blancos. La gordofobia, la aporofobia y el racismo se alían en una tormenta perfecta que convierte una comisaría, una calle de Torrejón o un barrio periférico en un espacio de excepción donde los derechos humanos quedan suspendidos.
La instrucción judicial se encuentra ahora en un punto de inflexión. Al imputar al segundo agente, la jueza da a entender que la tesis del “accidente” es insostenible. Pero la verdadera prueba de fuego para el sistema judicial será la calificación final de los hechos y, eventualmente, la sentencia. Si la muerte de Abderrahim Akkouh termina saldándose con penas irrisorias o con una condena por un delito menor que permita a los agentes conservar su profesión, se habrá enviado el peor de los mensajes: que el racismo es un atenuante, y que quien porta uniforme carga con una licencia profesional para matar con un considerable descuento penal.
La sociedad civil no puede permitirse normalizar esta violencia. La imputación del segundo agente no es un éxito, es la enésima muestra de una grieta en el muro de la impunidad que la lucha antirracista ha logrado abrir a martillazos. Mientras la Justicia mide sus pasos en centímetros, la vida de Abderrahim, sus sueños, su familia y su dignidad nos exigen un avance en kilómetros. Basta ya de muertes silenciadas. Basta ya de medidas judiciales que llegan tarde, incompletas y sin voluntad real de escarbar en la raíz podrida del racismo policial. El caso de Abderrahim Akkouh debe ser un precedente, no una ficha más en el siniestro archivo de la violencia de Estado en España.
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