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Tras más de dos años de trabajo, la comisión nombrada por el Gobierno para investigar violaciones de derechos humanos cometidas entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983 ha cerrado ya su informe. Sus conclusiones son políticamente incómodas y democráticamente necesarias: identifica a 63 víctimas mortales causadas por actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por grupos de extrema derecha, en un contexto de violencia política heredera directa del franquismo durante la llamada Transición.
El dato no es menor. Durante décadas, el relato oficial presentó la Transición como un proceso ejemplar, pacífico, casi modélico, donde las instituciones franquistas se habrían transformado de manera natural en estructuras democráticas. Pero los nombres de esas 63 víctimas obligan a mirar debajo de la alfombra. Lo que aparece no es una democracia recién nacida protegida por un Estado neutral, sino un país donde amplios sectores policiales, judiciales, militares y políticos conservaron prácticas, inercias y complicidades procedentes de la dictadura.
La importancia del informe reside precisamente en eso: en romper la idea de que la violencia política de aquellos años fue únicamente obra de ETA u otras organizaciones armadas. Por supuesto, el terrorismo de ETA causó un daño profundo y dejó centenares de víctimas. Pero reconocer eso no puede servir para borrar otras violencias. Hubo también muertos por disparos policiales en manifestaciones, por torturas, por operaciones de cuerpos de seguridad y por comandos ultraderechistas que actuaban con una impunidad escandalosa. La democracia no puede construirse sobre una memoria selectiva.
Entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, la calle fue escenario de una tensión permanente. Huelgas obreras, protestas estudiantiles, reivindicaciones nacionales en Euskadi, Catalunya o Galicia, movilizaciones feministas y vecinales chocaron con aparatos policiales formados durante el franquismo. Muchos agentes que habían reprimido bajo la dictadura siguieron vistiendo uniforme bajo la Constitución. Cambió el marco legal, pero no necesariamente la cultura institucional. La porra, la bala de goma, el disparo real y la tortura siguieron siendo instrumentos de control político.
La derecha española ha tenido una enorme responsabilidad en el silenciamiento de esta parte de la historia. Durante años, sectores conservadores han defendido una versión edulcorada de la Transición, donde cuestionar el papel de las fuerzas de seguridad o de la extrema derecha equivalía a “reabrir heridas”. Pero las heridas no las abre quien investiga: las abre quien mata, quien encubre y quien impide durante décadas que las familias sepan la verdad. La exigencia de memoria no es revancha; es democracia.
El periodo estudiado por la comisión, desde la entrada en vigor de la Constitución hasta 1983, es especialmente significativo. Se supone que ese tramo marca el inicio pleno del Estado democrático. Sin embargo, las conclusiones muestran que la violencia de raíz franquista no desapareció por decreto. Grupos de extrema derecha como el Batallón Vasco Español, la Triple A, Guerrilleros de Cristo Rey u otros entornos violentos actuaron contra militantes de izquierda, independentistas, sindicalistas, estudiantes y ciudadanos que participaban en movilizaciones. En demasiadas ocasiones, esas acciones se produjeron en medio de una pasividad policial difícil de explicar como simple incompetencia.
La frontera entre extrema derecha y sectores del Estado fue, en algunos casos, porosa. No siempre hablamos de órdenes oficiales escritas ni de conspiraciones perfectamente documentadas; a menudo se trató de tolerancia, dejación, simpatía ideológica, falta de investigación o protección tácita. Pero el resultado fue el mismo: impunidad para los agresores y abandono para las víctimas. Que una comisión oficial reconozca ahora ese patrón supone un paso imprescindible para desmontar el mito de que las instituciones actuaron siempre como garantes neutrales de derechos.
Uno de los casos más recordados de aquellos años es el de Gladys del Estal, joven ecologista muerta en 1979 por un disparo de la Guardia Civil durante una protesta antinuclear en Tudela. Su muerte simboliza una época en la que manifestarse podía costar la vida. También permanecen en la memoria el caso Almería, en 1981, cuando tres jóvenes fueron detenidos por la Guardia Civil, torturados y asesinados tras ser confundidos con miembros de ETA. Aquel crimen reveló una brutalidad institucional que no podía justificarse por el contexto de violencia terrorista. El Estado de derecho se mide precisamente cuando se enfrenta a sus enemigos, no cuando actúa en la comodidad.
También resulta imposible hablar de este periodo sin mencionar las denuncias de torturas. Durante mucho tiempo, en España se trató la tortura como una acusación sospechosa, casi como propaganda enemiga. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, abogados, periodistas y familiares documentaron prácticas sistemáticas de malos tratos en dependencias policiales y cuarteles. En un país verdaderamente democrático, ninguna comisaría puede ser una zona sin derechos. Y si lo fue, hay que decirlo.
El informe llega en un momento en que la derecha política y mediática vuelve a disputar agresivamente el sentido de la memoria histórica. Cada avance en reconocimiento de víctimas del franquismo o de la violencia parapolicial es respondido con acusaciones de sectarismo. Se pretende instalar la idea de que investigar crímenes de Estado debilita a las instituciones. Es justo al revés: lo que debilita a las instituciones es negar sus abusos, proteger a los responsables y obligar a las víctimas a mendigar reconocimiento.
La policía democrática necesita memoria democrática. No se trata de criminalizar colectivamente a todos los agentes, sino de reconocer que los cuerpos policiales arrastraron una herencia autoritaria y que esa herencia tuvo consecuencias mortales. Una institución que se niega a revisar su pasado queda atrapada en él. Una policía al servicio de la ciudadanía debe asumir que hubo actuaciones ilegales, desproporcionadas y criminales cometidas en nombre del orden público.
Las 63 víctimas identificadas por la comisión no son una estadística fría. Son personas con familias, proyectos, militancias, trabajos y vidas truncadas. Durante demasiado tiempo fueron relegadas a notas a pie de página, cuando no directamente estigmatizadas. Algunas fueron presentadas como sospechosas antes que como víctimas. Otras quedaron enterradas bajo la lógica del “algo habrán hecho”, una frase profundamente franquista que sobrevivió demasiado bien en democracia.
El reconocimiento oficial debe ir acompañado de medidas concretas: reparación moral y económica, acceso a archivos, revisión de expedientes, señalización pública, inclusión en materiales educativos y garantías de no repetición. La apertura de archivos policiales y judiciales es fundamental. Sin documentos, la verdad queda incompleta. Y sin verdad, la reparación corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico insuficiente.
Este informe no cuestiona la democracia; cuestiona sus zonas de impunidad. No niega la Transición; la complejiza. España no pasó de la dictadura a la democracia mediante una ruptura limpia, sino mediante una negociación condicionada por poderes franquistas que conservaron capacidad de presión. Esa continuidad explica muchas cosas: desde la resistencia a depurar responsabilidades hasta la incomodidad que aún provoca hablar de violencia policial y ultraderechista.
Más de cuarenta años después, el país sigue decidiendo qué hacer con sus muertos incómodos. Puede integrarlos en la memoria democrática o puede seguir apartándolos para no molestar a los guardianes del relato oficial. La comisión ha puesto 63 nombres sobre la mesa. Ahora corresponde al Gobierno, al Parlamento y a la sociedad decidir si esos nombres servirán para construir justicia o si volverán a ser encerrados en el silencio.
Porque una democracia no se mide solo por las elecciones que celebra, sino por la verdad que es capaz de soportar. Y la verdad, en este caso, señala que durante la Transición hubo violencia de Estado, violencia policial y violencia ultraderechista. Negarlo ya no es ignorancia: es encubrimiento político.
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