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Cada 18 de junio se conmemora el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021 ante la creciente preocupación mundial por la propagación de mensajes discriminatorios, xenófobos y racistas. Lejos de tratarse de una efeméride simbólica, esta jornada se ha convertido en un recordatorio incómodo de una realidad que avanza a velocidad alarmante: los delitos de odio no dejan de crecer, y con ellos, afortunadamente, también lo hacen las denuncias.
Una tendencia al alza en España y en el mundo
Los últimos informes del Ministerio del Interior de España confirman lo que numerosas organizaciones sociales venían advirtiendo desde hace años. En 2023, los delitos e incidentes de odio registrados en España aumentaron un 21,4% respecto al año anterior, alcanzando cifras récord desde que existe este registro oficial. El racismo y la xenofobia se mantienen como las principales motivaciones, seguidos de los delitos por orientación sexual e identidad de género, ideología, creencias religiosas y aporofobia.
El contexto internacional no es más alentador. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha documentado un repunte sostenido de la discriminación racial, especialmente contra personas afrodescendientes, musulmanas, gitanas y migrantes. En su último informe sobre la situación de las personas negras en Europa, casi la mitad de las personas encuestadas afirmaba haber sufrido discriminación racial en los últimos cinco años. España, lamentablemente, aparece entre los países con peores indicadores en ámbitos como el acceso a la vivienda, el empleo y los servicios públicos.
Más allá de las cifras: la huella en las víctimas
Los datos, sin embargo, no logran reflejar la magnitud real del fenómeno. Organizaciones como SOS Racismo, Rights International Spain o Afroféminas llevan tiempo señalando que la mayoría de los delitos de odio nunca se denuncian. Las razones son múltiples: miedo a represalias, desconfianza en las instituciones, experiencias previas de discriminación dentro de los propios cuerpos policiales, falta de información sobre los derechos de las víctimas o, simplemente, la normalización del racismo en la vida cotidiana.
Para una mujer afrodescendiente, denunciar puede suponer revivir el episodio violento ante un funcionario que no comprende su realidad. Para una persona migrante en situación administrativa irregular, acudir a una comisaría puede implicar el riesgo de un expediente de expulsión. Para alguien del colectivo LGTBIQ+ que aún no ha hecho pública su identidad, presentar una denuncia equivale a exponerse. El llamado “cifra negra” —el porcentaje de delitos que jamás llegan a las estadísticas oficiales— se estima, según diferentes estudios europeos, en torno al 80% u 85% en el caso de los delitos de odio.
El papel de las redes sociales y el discurso político
Si algo ha caracterizado el crecimiento de los delitos de odio en la última década es su estrecha relación con el discurso de odio en redes sociales y con la normalización de la retórica racista, xenófoba y misógina en el debate político. Plataformas como X (antes Twitter), TikTok, Facebook o Telegram se han convertido en altavoces donde mensajes deshumanizantes circulan sin apenas filtros, alimentando una violencia que termina materializándose en las calles.
El secretario general de la ONU, António Guterres, lo ha advertido en numerosas ocasiones: “el discurso de odio es un peligro para todos y combatirlo es responsabilidad de todos”. Las palabras importan. Cuando desde tribunas institucionales se vincula a la población migrante con la delincuencia, cuando se cuestiona la existencia misma de las personas trans, cuando se ridiculiza al feminismo o se minimiza el antisemitismo, se está construyendo el caldo de cultivo perfecto para que el odio pase del tuit a la agresión física.
En España, diversos informes han constatado el aumento de los delitos de odio cometidos por menores de edad, muchos de ellos vinculados al consumo masivo de contenidos extremistas en redes. La radicalización digital es ya uno de los principales focos de preocupación de los expertos en convivencia.
El racismo que se vive en silencio
Desde medios como Afroféminas se viene insistiendo en una idea fundamental: el racismo en España no es un problema marginal ni protagonizado únicamente por grupos extremistas. Es un fenómeno estructural que atraviesa el sistema educativo, el mercado laboral, los medios de comunicación, la sanidad y la administración pública. Las agresiones explícitas son apenas la punta del iceberg de una discriminación cotidiana que va desde los controles policiales por perfil racial hasta la negativa a alquilar una vivienda, pasando por los comentarios “bienintencionados” que recuerdan a una persona racializada que nunca terminará de pertenecer.
Las mujeres negras, en particular, se enfrentan a una doble o triple discriminación —por género, por raza y, frecuentemente, por origen o clase social— que se manifiesta en formas específicas de violencia: hipersexualización, exotización, invisibilización profesional y agresiones tanto verbales como físicas. La interseccionalidad no es una moda académica, sino una herramienta imprescindible para entender cómo opera el odio en la realidad.
Denunciar también es resistir
A pesar de todos los obstáculos, el aumento de las denuncias es, paradójicamente, una buena noticia. Significa que cada vez más víctimas se atreven a romper el silencio, que las organizaciones de la sociedad civil están haciendo un trabajo eficaz de acompañamiento y que la conciencia social sobre estos delitos crece. Las Fiscalías de Delitos de Odio, creadas en España en 2013, han contribuido también a visibilizar y perseguir conductas que antes se diluían en el silencio institucional.
Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Es urgente reforzar la formación específica de policías, jueces, fiscales y personal sanitario; garantizar la protección efectiva de las víctimas; impulsar campañas de sensibilización dirigidas a la población general y, muy especialmente, a la juventud; regular con firmeza —y sin caer en la censura arbitraria— los discursos de odio en redes sociales; y, sobre todo, exigir responsabilidad política a quienes utilizan el odio como estrategia electoral.
Un compromiso colectivo
Contrarrestar el discurso de odio no es tarea exclusiva de las víctimas ni de las organizaciones que las acompañan. Es una responsabilidad compartida que implica a las instituciones, a los medios de comunicación, a las plataformas digitales, al sistema educativo y a cada ciudadano y ciudadana. Guardar silencio ante un comentario racista en la sobremesa, ante un meme islamófobo en un grupo de WhatsApp o ante una agresión homófoba en el transporte público es, también, una forma de complicidad.
El 18 de junio nos recuerda que el odio se combate con palabras, con leyes, con educación y, sobre todo, con la firme convicción de que ninguna sociedad democrática puede construirse sobre el desprecio al otro. Que las denuncias sigan creciendo es señal de que la sociedad despierta. Que los delitos de odio también lo hagan, es señal de que aún queda muchísimo por hacer.
Generado por Claude Opus 4.7
