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La Diputación de Sevilla impulsa la exhumación de la mayor fosa común de la provincia, pero se topa de nuevo con el bloqueo ideológico del Partido Popular, que sigue negando a miles de familias el derecho a recuperar a sus muertos.
España es, después de Camboya, el segundo país del mundo con más desaparecidos en fosas comunes. Esta cifra no es un dato abstracto ni una curiosidad histórica: es la herida abierta de cientos de miles de familias que, casi noventa años después del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista, todavía buscan a sus padres, abuelos, bisabuelos, asesinados y arrojados a cunetas, tapias de cementerios y fosas clandestinas. Y Sevilla, paradójicamente, es una de las ciudades donde esa herida sangra con más fuerza. Porque en la capital andaluza y en su provincia reposan los restos de miles de personas ejecutadas por el franquismo en los primeros meses de la guerra, cuando Queipo de Llano desató un régimen de terror que sembró de cadáveres la geografía sevillana.
Ahora, la Diputación Provincial de Sevilla ha planteado una iniciativa ambiciosa: exhumar lo que se considera la mayor fosa común de la provincia, un proyecto que podría devolver la identidad a centenares de víctimas. Una propuesta que, en cualquier democracia consolidada, se recibiría como un acto de justicia elemental. Pero no en España. Aquí, esta iniciativa choca de nuevo contra el muro que el Partido Popular ha levantado sistemáticamente contra la memoria democrática.
Un bloqueo que tiene nombre y apellidos
El PP no se opone a las exhumaciones con argumentos técnicos, científicos o jurídicos. No cuestiona la viabilidad de los proyectos, ni los protocolos arqueológicos, ni los informes forenses. Su oposición es, sin ambages, ideológica. La derecha española ha convertido la memoria histórica en un campo de batalla político donde cualquier avance en justicia transicional es presentado como una «reapertura de heridas», un «enfrentamiento entre españoles» o, en la versión más cínica, un ejercicio de «revanchismo».
Este discurso no es nuevo. Es la herencia directa del Pacto del Olvido, ese acuerdo tácito que, con la Transición como telón de fondo, decidió que la mejor manera de construir una democracia era ignorar a los muertos de una de las partes: la que perdió la guerra. Y el PP ha sido, durante décadas, el guardián más celoso de ese pacto. Lo fue cuando Mariano Rajoy eliminó la partida presupuestaria para memoria histórica en 2012, dejando sin financiación decenas de proyectos de exhumación. Lo fue cuando el partido bloqueó sistemáticamente la tramitación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, vaciándola de contenido y recursos. Y lo es ahora, cuando la Ley de Memoria Democrática de 2022 —aprobada bajo el gobierno de Pedro Sánchez— trata de dar pasos concretos para que las familias recuperen a sus desaparecidos.
En la Diputación de Sevilla, el PP ha puesto trabas a la exhumación de la mayor fosa de la provincia con una estrategia que ya resulta reconocible: no decir «no» directamente, sino ahogar los proyectos en procedimientos burocráticos, recortar presupuestos, cuestionar la prioridad de estas actuaciones y apelar a una supuesta «convivencia» que, en la práctica, significa que las familias republicanas sigan sin saber dónde están los restos de sus seres queridos.
Sevilla: un laboratorio del terror franquista
Para entender la magnitud de lo que está en juego, hay que recordar lo que ocurrió en Sevilla y su provincia entre 1936 y 1939. El general Queipo de Llano, desde su micrófono en Radio Sevilla, no solo arengó a las tropas sublevadas: anunció, con una frialdad escalofriante, las ejecuciones que se iban a producir. Miles de personas —alcaldes, sindicalistas, maestros, jornaleros, intelectuales— fueron fusiladas sin juicio o tras farsas judiciales. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes en el cementerio de San Fernando, en La Rinconada, en el municipio de Gerena, en Carmona y en decenas de puntos más.
Se calcula que en la provincia de Sevilla pueden descansar más de 12.000 víctimas en fosas comunes. La que ahora se pretende exhumar es la mayor de ellas, y su excavación podría aportar información crucial no solo para las familias, sino para la reconstrucción de la verdad histórica sobre lo que fue el golpe de Estado y la represión franquista en Andalucía.
Arqueólogos, forenses e historiadores han trabajado durante años para localizar y documentar estas fosas. Asociaciones como la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en la Fosa Común de Sevilla, o la plataforma Todas las Sevilla —entre otras—, han liderado un esfuerzo titánico, muchas veces sin apoyo institucional, para que la memoria no se pierda. Y cada vez que un proyecto de exhumación parece avanzar, el bloqueo político aparece como un obstáculo infranqueable.
La Ley de Memoria Democrática: una herramienta insuficiente sin voluntad política
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, establece por primera vez que el Estado tiene la obligación activa de buscar, identificar y devolver los restos de las víctimas a sus familias. Reconoce a las víctimas del franquismo como víctimas de violaciones de derechos humanos y declara ilegales los tribunales franquistas. Es, sin duda, un avance significativo respecto a la legislación anterior.
Sin embargo, una ley sin presupuesto, sin mecanismos de ejecución efectivos y con gobiernos autonómicos y provinciales del PP que se niegan a colaborar, corre el riesgo de convertirse en papel mojado. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. El PP, donde gobierna —y la Junta de Andalucía bajo Juanma Moreno es un ejemplo claro—, no solo no aplica la ley con diligencia, sino que activamente dificulta su cumplimiento. No se convocan las comisiones que la ley prevé, no se asignan recursos para exhumaciones, no se coopera con el Gobierno central cuando este trata de impulsar proyectos de búsqueda.
El caso de la Diputación de Sevilla es particularmente sangrante porque estamos hablando de una provincia donde la magnitud de la represión franquista fue enorme, donde las familias llevan décadas pidiendo justicia y donde la evidencia arqueológica es abundante y accesible. El bloqueo no es técnico: es político. Es una decisión deliberada de priorizar la comodidad ideológica de una parte del electorado sobre el derecho fundamental de las familias a la verdad, la justicia y la reparación.
El argumento de la «reapertura de heridas»: una falacia moral
El PP repite hasta la saciedad que exhumar fosas es «reabrir heridas». Este argumento, además de moralmente repugnante, es factualmente falso. Las heridas nunca se cerraron. No se cierran cuando una niña de siete años pregunta por su abuelo y le dicen que no puede saberlo. No se cierran cuando una familia pasa toda su vida sin poder hacer un duelo digno. No se cierran cuando los restos de tu padre están bajo un parking, una cuneta o una fosa común sin identificar.
Lo que el PP llama «reapertura de heridas» es, en realidad, el proceso de curación que nunca se permitió. Y su negativa a colaborar no es neutralidad: es complicidad con el olvido impuesto, con el crimen del silencio, con una injusticia que se perpetúa generación tras generación.
Justicia, no revancha
La exhumación de la mayor fosa de Sevilla no es un acto de revancha. Es un acto de humanidad. Es el cumplimiento de una obligación que España contrajo hace décadas y que ha eludido vergonzosamente. Es mirar a los ojos de los nietos y bisnietos de los fusilados y decirles: «Vuestro abuelo tenía nombre, tenía dignidad, y merece descansar donde su familia pueda visitarlo».
El PP puede seguir apostando por el bloqueo. Puede seguir escondiéndose detrás de palabras como «convivencia» y «mirar al futuro». Pero el futuro no se construye sobre los huesos de los olvidados. Y cada día que pasa sin que estas fosas se abran, sin que estos cuerpos se identifiquien, sin que estas familias reciban respuestas, es un día más que España sigue siendo una democracia incompleta.
La Diputación de Sevilla tiene la oportunidad —y la obligación— de avanzar. El PP tiene la obligación de no ponerse en el camino. Porque detrás de cada fosa hay un nombre. Y detrás de cada nombre, una familia que lleva demasiado tiempo esperando.Generado por Mimo 2.5 Pro
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