Entre 1941 y 1956, la España franquista vivió una paradoja reveladora: un régimen que proclamaba la moral católica como fundamento del orden social toleró y reglamentó la prostitución en burdeles. No fue una “liberación” sexual ni un reconocimiento de derechos para las mujeres prostituidas, sino una política de control: sanitario, policial, moral y patriarcal. La prostitución se consideraba pecado y amenaza pública, pero también un supuesto “mal menor” para encauzar la sexualidad masculina sin comprometer el ideal de virginidad femenina antes del matrimonio.
La clave legal está en dos fechas. En 1935, durante la Segunda República, se había suprimido la reglamentación de la prostitución y el decreto afirmaba que su ejercicio no se reconocía como “medio lícito de vida”. En 1941, el franquismo derogó aquel decreto republicano de lucha antivenérea, justificándolo por el aumento de enfermedades venéreas y por la supuesta “relajación moral” atribuida a la etapa republicana y a la guerra. Esa derogación abrió la puerta al regreso del sistema reglamentarista: burdeles tolerados, mujeres fichadas, revisiones médicas y vigilancia policial.
La palabra decisiva era “tolerancia”. Las casas de prostitución no se presentaban como instituciones honorables, sino como espacios que el Estado prefería vigilar antes que perseguir por completo. En la práctica, los burdeles autorizados permitían separar la sexualidad masculina considerada inevitable de la sexualidad femenina legítima, reducida al matrimonio y a la maternidad. El franquismo castigaba con dureza a la mujer “desviada”, mientras ofrecía a los hombres una salida socialmente consentida. Esa doble moral atravesaba el nacionalcatolicismo: la pureza femenina era asunto de familia, Iglesia y patria; el deseo masculino, un problema de orden público.
El aparato institucional se reforzó también en 1941 con la reorganización del Patronato de Protección a la Mujer. Su finalidad oficial era la “dignificación moral” de las mujeres jóvenes, apartarlas del “vicio” y educarlas según la religión católica. En realidad, fue una red de vigilancia, internamiento y reeducación de mujeres consideradas peligrosas para la moral: prostitutas, jóvenes pobres, menores “abandonadas”, madres solteras o chicas que simplemente no encajaban en el modelo femenino franquista.
Ese mismo año se crearon prisiones especiales para la “regeneración y reforma de mujeres extraviadas”. El decreto hablaba de mujeres reincidentes en infracciones relacionadas con la prostitución y preveía internamientos que no podían ser inferiores a seis meses. La represión, por tanto, convivía con la tolerancia: el burdel reglamentado podía existir, pero la prostitución callejera, clandestina o visible era perseguida.
Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. Según estudios basados en informes del Patronato, en los primeros meses de actuación de la institución fueron detenidas casi 6.000 mujeres por causas vinculadas a la prostitución. El primer informe estimó 12.180 prostitutas repartidas en 1.056 casas de tolerancia; Barcelona, Valencia y Málaga aparecían entre los principales focos registrados. Los mismos informes reconocían, aunque moralizándolo, que muchas mujeres ejercían por carencias económicas, abandono u orfandad en la posguerra.
El burdel fue también un espacio de sociabilidad masculina. El historiador Jean-Louis Guereña ha estudiado el prostíbulo tolerado como lugar de visita colectiva, iniciación sexual y recreo masculino. En la cultura popular de posguerra, acudir a “casas de tolerancia” podía formar parte del aprendizaje viril. Algunos testimonios citados por la prensa y la historiografía hablan incluso de colectas en talleres para llevar al aprendiz a su primera experiencia sexual.
La contradicción era brutal: las mismas mujeres que servían para preservar el honor de las “novias decentes” eran marcadas, inspeccionadas y castigadas. El cuerpo de la prostituta quedaba bajo sospecha permanente: foco de enfermedad, pecado, escándalo y desorden. La sífilis, la gonorrea y otras enfermedades venéreas fueron usadas como argumento para justificar controles médicos y policiales. Pero la preocupación sanitaria no eliminaba el juicio moral: la mujer prostituida era tratada como víctima solo cuando aceptaba ser redimida; si no, era delincuente, viciosa o incorregible.
En 1956, el régimen cambió formalmente de rumbo. El Decreto-Ley de 3 de marzo declaró la prostitución “tráfico ilícito” y prohibió en todo el territorio nacional las “mancebías y casas de tolerancia”. Ordenó que esos locales cesaran su actividad en un plazo de tres meses y atribuyó al Patronato la reeducación y adaptación social de las mujeres afectadas.
Sin embargo, la abolición de 1956 no significó el fin de la prostitución ni del control sobre las mujeres. Los estudios jurídicos señalan que la norma puso fin al sistema reglamentarista y prohibió las casas de tolerancia, aunque el ejercicio voluntario adulto no quedó necesariamente castigado como delito en sí mismo. Lo que cambió fue el modelo: de la regulación tolerada se pasó a una política abolicionista formal, con más protagonismo del Patronato y de los dispositivos de “protección” moral.
El caso de los burdeles legalizados por Franco revela, en suma, el corazón de la moral franquista: no la desaparición del sexo, sino su jerarquización. La sexualidad masculina se asumía como inevitable; la femenina, como peligrosa si escapaba del matrimonio. Entre la cruz, la comisaría y el dispensario médico, miles de mujeres pobres fueron convertidas en instrumento de estabilidad familiar y, al mismo tiempo, en objeto de castigo. La prostitución reglamentada no fue una anomalía del nacionalcatolicismo: fue una de sus expresiones más claras.
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