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Un grupo de parlamentarios africanos se reunió en Acra, Ghana, para diseñar una carta de «valores familiares» que consolide la negación de derechos a las personas LGBTQ+ y restrinja los derechos reproductivos en todo el continente.
Introducción
En un movimiento que ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, legisladores de varios países africanos se reunieron en Acra, capital de Ghana, con el objetivo de redactar una denominada «Carta de Valores Familiares Africanos». Este documento, según las investigaciones publicadas por el medio digital openDemocracy, busca institucionalizar la negación de derechos a las personas del colectivo LGBTQ+ y restringir los derechos reproductivos en el continente africano. La iniciativa refleja una tendencia creciente de políticas conservadoras en África, alimentada tanto por convicciones religiosas locales como por el respaldo financiero e ideológico de organizaciones internacionales con agendas similares.
El encuentro en Ghana
La reunión, celebrada a puerta cerrada en Acra, congregó a representantes parlamentarios de naciones como Uganda, Kenia, Ghana, Nigeria, Tanzania y otros estados del continente. El objetivo declarado era crear un marco normativo común que defina la familia exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer, rechace cualquier reconocimiento legal de las orientaciones sexuales no heterosexuales y limite el acceso a los derechos reproductivos, incluyendo la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos.
Los organizadores del encuentro argumentaron que su propósito era «proteger los valores tradicionales africanos» frente a lo que calificaron como «influencias occidentales» que buscan imponer agendas progresistas en el continente. Sin embargo, críticos y analistas señalan que esta narrativa ignora la diversidad histórica de las culturas africanas y que, en realidad, muchas de las leyes que criminalizan la homosexualidad en África fueron heredadas directamente de los códigos penales coloniales británicos y franceses.
El papel de actores externos
Una de las revelaciones más inquietantes de la investigación de openDemocracy es el papel que desempeñan organizaciones conservadoras internacionales, particularmente provenientes de Estados Unidos y Europa, en la financiación y promoción de este tipo de iniciativas. Grupos religiosos y políticos ultraconservadores occidentales han canalizado recursos significativos hacia legisladores y organizaciones africanas para impulsar leyes anti-LGBTQ+ y contrarias a los derechos reproductivos.
Este fenómeno no es nuevo. Ya en la década de 2010, organizaciones como The Fellowship Foundation (también conocida como The Family) y diversas iglesias evangélicas estadounidenses fueron señaladas por su influencia en la aprobación de la controvertida ley ugandesa contra la homosexualidad, conocida inicialmente como la «Ley de la Muerte» (Kill the Bill), que en su versión original contemplaba la pena capital para las relaciones entre personas del mismo sexo. Aunque la pena máxima fue reducida posteriormente, el caso ilustró cómo intereses externos pueden moldear políticas internas en el continente.
La Carta que se gesta en Ghana busca ir un paso más allá: no se trata de una ley nacional, sino de un instrumento regional que aspira a servir como modelo legislativo para todo el continente, creando un marco supranacional de rechazo a los derechos LGBTQ+.
Contenido y alcance del documento propuesto
Según los borradores y documentos a los que tuvo acceso openDemocracy, la carta propuesta incluye los siguientes elementos fundamentales:
- Definición restrictiva de la familia: Se establece la familia únicamente como la unión entre un hombre y una mujer, excluyendo explícitamente cualquier otro tipo de unión o estructura familiar.
- Criminalización reforzada: El documento propone endurecer las penas existentes contra las relaciones entre personas del mismo sexo en los países donde ya son ilegales, y promover la criminalización en aquellos estados donde la homosexualidad no está penada actualmente.
- Restricción de derechos reproductivos: Se busca limitar el acceso a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos y a cualquier programa de salud reproductiva que no se alinee con la enseñanza religiosa y tradicional.
- Prohibición de «promoción»: Inspirándose en leyes ya existentes como la ugandesa o la rusa, el documento contempla prohibir la «promoción» de la homosexualidad, un concepto vago que históricamente ha servido para perseguir a activistas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Reacciones y críticas
Las organizaciones de derechos humanos han respondido con contundencia. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado la iniciativa como «un retroceso peligroso para los derechos humanos en África» y han instado a los gobiernos africanos a rechazar el documento.
Por su parte, activistas LGBTQ+ africanos han expresado su profunda preocupación. Frank Mugisha, reconocido activista ugandés, señaló que este tipo de iniciativas «ponen en peligro las vidas de millones de personas en el continente» y que «ningún valor cultural justifica la persecución y la violencia».
Organizaciones panafricanas de derechos humanos también han advertido sobre las consecuencias sanitarias de restringir los derechos reproductivos, especialmente en un continente que enfrenta desafíos significativos en materia de salud pública, incluyendo la lucha contra el VIH/SIDA. Restringir la educación sexual y el acceso a métodos de prevención, advierten, podría tener consecuencias devastadoras.
El contexto más amplio
Es importante situar esta iniciativa en un contexto más amplio. Actualmente, más de 30 países africanos criminalizan la homosexualidad en algún grado. Países como Uganda, con su Ley Anti-Homosexualidad de 2023, que contempla la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en ciertos casos, representan el extremo de esta tendencia.
Sin embargo, también existen voces en contrario. Sudáfrica, pionera al incluir la orientación sexual en su Constitución de 1996, sigue siendo un referente de inclusión. Botsuana despenalizó la homosexualidad en 2019, y en Angola se aprobaron leyes anti-discriminación similares. Estos ejemplos demuestran que el continente no es monolítico en su aproximación a los derechos LGBTQ+.
Conclusión
La Carta de Valores Familiares Africanos que se gesta en Ghana representa un desafío serio para los derechos humanos en el continente. Más allá de su contenido, resulta preocupante la articulación transnacional de legisladores conservadores y el respaldo financiero externo que impulsa estas iniciativas. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil africana deben estar alertas ante estos movimientos, que bajo el manto de la «defensa de los valores africanos» buscan consolidar la discriminación y la exclusión de millones de personas.
El debate de fondo no es solo sobre orientación sexual o derechos reproductivos: es sobre qué tipo de sociedad quieren construir los pueblos de África. Una sociedad basada en la dignidad, la igualdad y el respeto a la diversidad, o una que use la legislación como herramienta de persecución. La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de millones de personas.
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