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De abogado defensor de la legalidad internacional a artífice de políticas autoritarias, el historial del primer ministro británico revela una desconcertante contradicción entre su retórica pasada y su acción de gobierno.
Cuando Keir Starmer ocupó el cargo de Director de la Fiscalía Pública (DPP) del Reino Unido, su nombre estaba indisolublemente unido a la defensa de los derechos humanos. Como abogado, lideró casos emblemáticos que desafiaron la impunidad de Estados y corporaciones. Su ascenso a líder del Partido Laborista y, posteriormente, a primer ministro en julio de 2024, se vendió bajo la premisa de un «cambio moral» tras el caos conservador. Sin embargo, a pocos meses de su llegada al 10 de Downing Street, el contraste entre el Starmer abogado y el Starmer estadista es tan dramático que ha generado una crisis de credibilidad profunda, marcada por un desprecio palpable hacia la legalidad internacional y una deriva autoritaria que ha dejado un historial vergonzoso en materia de derechos fundamentales.
El mito del abogado de los «de abajo»
La narrativa política de Starmer se construyó sobre su biografía profesional. Durante su etapa como DPP y como abogado de los Queen’s Counsel (QC), se le recordaba por su trabajo en casos contra la pena de muerte y por exigir responsabilidades a gobiernos extranjeros. Esta imagen de jurista progresista fue su carta de presentación para liderar un Partido Laborista que, bajo Jeremy Corbyn, había apostado por una política exterior claramente antiimperialista y de respeto inquebrantable al derecho internacional.
Sin embargo, como señalan análisis críticos publicados en medios como Jacobin y The Guardian, la transformación de Starmer ha sido total. El hombre que una vez defendió la importancia de la Corte Penal Internacional (CPI) y el derecho humanitario, hoy se erige como uno de sus principales obstáculos. La disonancia cognitiva entre el abogado que exigía pruebas forenses y el político que ignora informes de la ONU sobre hambrunas inducidas es el centro de la crítica actual.
La indefensión de Gaza: El punto de inflexión
El episodio más devastador para la reputación de Starmer como defensor de los derechos humanos ha sido, sin duda, su postura ante la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. Durante su campaña y los primeros meses de gobierno, Starmer se negó repetidamente a pedir un alto el fuego inmediato, alineándose ciegamente con la postura del gobierno israelí y la administración estadounidense.
El punto más bajo de esta postura se produjo cuando el gobierno de Starmer anunció que no seguiría las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenaba detener la ofensiva militar en Rafah. Para los observadores legales, esto no fue simplemente una decisión política; fue una violación directa del derecho internacional consuetudinario. El Reino Unido, que se enorgullece de ser uno de los pilares del sistema legal occidental, eligió ignorar a la corte más alta de las Naciones Unidas.
Esta posición tuvo consecuencias directas y letales. El gobierno laborista continuó autorizando la venta de componentes militares a Israel, a pesar de las montañas de evidencia que sugerían que estas armas se utilizaban para cometer violaciones del derecho internacional humanitario. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron ataques indiscriminados contra civiles, hospitales y escuelas, pero la respuesta de Downing Street fue un silencio cómplice o una justificación retórica que exasperó a la comunidad jurídica.
El desprecio por la legalidad internacional se manifestó también en el trato a la población civil. La decisión del gobierno de suspender la financiación a la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos) basándose en acusaciones de Israel, que luego fueron desmentidas o no sustanciadas, fue vista como una medida colectiva de castigo. Starmer, el abogado que en el pasado luchó contra las detenciones arbitrarias, ahora administraba una política que impedía el acceso a alimentos y medicinas a millones de personas, violando la Convención de Ginebra.
La represión doméstica: El autoritarismo en casa
La deriva autoritaria de Starmer no se limita a la política exterior; ha dejado una huella profunda en el debate político interno del Reino Unido. Su liderazgo del Partido Laborista se caracterizó por una «purga» sistemática de la izquierda del partido. Bajo su mandato, miembros judíos y musulmanes fueron expulsados en masa bajo acusaciones de antisemitismo a menudo infundadas o politizadas, mientras se silenciaban las críticas al sionismo, confundiendo deliberadamente la oposición a las políticas de un Estado con el odio racial.
Esta táctica de control interno se ha traducido en una cultura política donde la disidencia no es tolerada. El caso más emblemático fue la suspensión de siete parlamentarios laboristas, incluido el ex líder de la oposición John McDonnell, por votar a favor de una enmienda que buscaba acabar con la venta de armas a Israel. En un giro orwelliano, el líder que se presenta como defensor de la democracia parlamentaria, castigó a sus propios diputados por intentar que el Reino Unido cumpliera con la ley internacional.
Esta postura ha generado un ambiente de miedo y autocensura. Los abogados de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que en el pasado podrían haber encontrado un aliado en el Partido Laborista, ahora se enfrentan a un gobierno que prefiere la «seguridad nacional» y la «realpolitik» a la justicia.
Migración, pobreza y el desmantelamiento social
En el frente doméstico, las políticas de Starmer también han sido objeto de una feroz crítica desde la perspectiva de los derechos sociales y económicos. Aunque heredó una crisis migratoria compleja de los conservadores, su gobierno ha optado por retóricas y medidas que criminalizan a los migrantes, en lugar de abordar las causas estructurales o respetar el derecho de asilo. La continuación de políticas duras contra la llegada de pequeñas embarcaciones, sin ofrecer vías seguras y legales, ha sido calificada por activistas como una violación del deber de cuidado del Estado.
Más allá de la migración, la decisión política más controversial de su corto mandato ha sido la retirada del subsidio de invierno para millones de pensionistas, en un momento en que la pobreza energética azota al país. Mientras se mantiene la financiación para proyectos de armamento y se defienden presupuestos militares multimillonarios, el gobierno ha recortado ayudas vitales para los más vulnerables. Para muchos analistas de izquierda, esto no es solo una mala política económica, sino una violación de los derechos económicos y sociales básicos que el Partido Laborista fue fundado para proteger.
Un legado de cinismo
El análisis de las acciones de Keir Starmer revela un patrón claro: el uso del lenguaje de los derechos humanos como una herramienta de marketing político, vaciada de su contenido sustantivo. Al igual que los neoconservadores que hablaban de democracia mientras invadían países, Starmer habla de legalidad mientras la socava.
El abogado de derechos humanos que una vez existió parece haber sido sepultado por el político que aspira al poder a cualquier costo. Su negativa a reconocer el genocidio en Gaza, su persecución de la disidencia interna y su desmantelamiento de redes de apoyo social construyen un legado que, para muchos británicos, es difícil de digerir.
Hoy, el historial de Keir Starmer no es el de un defensor de los oprimidos, sino el de un tecnócrata autoritario. Ha demostrado que, para él, la legalidad internacional es algo a lo que apelan los débiles, mientras que los fuertes pueden permitirse ignorarla. Al pisotear los derechos humanos con la misma mano que una vez juró protegerlos, Starmer no solo ha traicionado a su base electoral, sino que ha contribuido activamente al desmoronamiento del orden basado en normas que el Reino Unido ayudó a construir. Su mandato se perfila, así, como un capítulo oscuro en la historia del laborismo británico, una advertencia sobre cómo el vacío moral puede habitar cómodamente en el traje de un abogado.
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