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El debate sobre la regularización extraordinaria de cientos de miles de personas migrantes en España ha alcanzado un nuevo punto de inflexión que transciende las fronteras nacionales para resonar en los pasillos de Bruselas. Sin embargo, la respuesta desde el corazón de la Unión Europea ha sido una mezcla de claridad competencial y extrema prudencia diplomática. La Comisión Europea ha reiterado su postura doctrinal: las regularizaciones extraordinarias son una competencia exclusiva de los Estados miembros. Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario ha optado por un hermético silencio respecto a las recientes providencias del Tribunal Supremo español, argumentando un estricto respeto a los procesos judiciales internos en curso.
Esta dualidad en la respuesta europea, reportada por medios como elDiario.es, refleja el delicado equilibrio que mantiene Bruselas entre la supervisión del marco general de migración del bloque y el respeto a la soberanía nacional y la separación de poderes de los Veintisiete.
La frontera entre la competencia europea y la nacional
Para comprender la posición de la Comisión Europea es necesario acudir a los tratados fundacionales de la Unión y a las declaraciones previas de sus máximos responsables en materia migratoria. Hace meses, ante las interrogantes planteadas en el Parlamento Europeo sobre la viabilidad y legalidad de una regularización masiva en un Estado miembro, el entonces comisario o portavoces responsables del área de Migraciones e Interior fueron categóricos: la regularización de extranjeros que ya se encuentran en territorio nacional «es una competencia de los Estados miembros».
El Derecho de la Unión Europea regula aspectos comunes relativos al control de las fronteras exteriores, los visados de corta duración, y el Sistema Europeo de Asilo. No obstante, cuando se trata de otorgar permisos de residencia o de trabajo por circunstancias excepcionales, arraigo o razones humanitarias a personas procedentes de terceros países que ya residen dentro de un país de la UE, la soberanía recae fundamentalmente en los gobiernos y parlamentos nacionales. Bruselas no prohíbe ni promueve activamente estas medidas; simplemente exige que no socaven la seguridad general ni contravengan directivas específicas, dejando la decisión política y legal en manos de cada capital.
Por tanto, desde el punto de vista del derecho comunitario, la iniciativa española —impulsada originalmente a través de una histórica Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y un amplio consenso social y parlamentario— nace con plena legitimidad europea.
El muro del silencio ante el Tribunal Supremo
A pesar de este aval conceptual, el camino de la regularización en España no está exento de obstáculos jurídicos y contenciosos en el ámbito doméstico. Recientes movimientos y providencias del Tribunal Supremo, relacionados con recursos presentados contra decretos o reformas del Reglamento de Extranjería por parte de diversos actores políticos y sociales, han puesto el foco sobre el control judicial del proceso.
Cuestionado directamente sobre la intervención del Alto Tribunal español y las implicaciones legales de sus providencias en el desarrollo de esta medida, un portavoz de la Comisión Europea ha optado por la cautela institucional más estricta. «Están todavía en los tribunales españoles. No hay más comentarios al respecto», señaló la voz oficial de la institución europea.
Este rechazo a valorar las decisiones del Supremo no representa un cambio de postura respecto a la legalidad de la regularización, sino la aplicación de una máxima sagrada en la administración comunitaria: el principio de no interferencia en los asuntos sub judice de los tribunales nacionales. Bruselas evita sistemáticamente pronunciarse sobre litigios abiertos en los Estados miembros para no perturbar la independencia judicial ni interferir en un proceso constitucional interno, especialmente cuando el fondo del asunto atañe al derecho administrativo español.
El contexto social y económico en España
El escrutinio europeo y judicial coincide con un momento crucial en el Congreso de los Diputados, donde se tramita el encaje legal para regularizar a entre 400.000 y 500.000 personas que viven y trabajan en España en situación irregular. La medida ha sido defendida por una coalición inédita que abarca desde Cáritas y la Conferencia Episcopal Española hasta sindicatos, patronales y la gran mayoría de los grupos parlamentarios.
Los defensores de la regularización argumentan razones de justicia social, pero también imperativos económicos y demográficos imperiosos. En un mercado laboral con escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura, los cuidados, la hostelería y la construcción, sacar de la economía sumergida a medio millón de trabajadores significaría un incremento multimillonario en las arcas de la Seguridad Social y en la recaudación fiscal, algo vital para el sostenimiento del sistema de pensiones.
Precedentes en Europa y el Nuevo Pacto Migratorio
La iniciativa española no es un unicum en el contexto europeo, aunque sí se produce en un momento de endurecimiento general del discurso migratorio en el continente, marcado por la reciente aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Históricamente, países como Italia, Portugal, Grecia y la propia España (en el año 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) han llevado a cabo regularizaciones extraordinarias para gestionar realidades demográficas que las leyes ordinarias no lograban absorber.
Incluso en la actualidad, mientras la Unión Europea refuerza sus fronteras exteriores y busca agilizar las deportaciones de quienes no cumplen los requisitos de asilo, los Estados miembros siguen utilizando herramientas nacionales para flexibilizar la contratación de extranjeros y regularizar situaciones de hecho. Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, amplió significativamente los cupos para trabajadores extracomunitarios debido a las presiones empresariales, demostrando que el pragmatismo económico suele imponerse a la retórica política.
Conclusión: La pelota está en el tejado español
La postura de la Comisión Europea queda, por tanto, nítidamente delineada. Por un lado, da luz verde teórica al Gobierno y al Parlamento españoles para diseñar y ejecutar una regularización extraordinaria, reiterando que la legislación comunitaria no es un impedimento para dotar de papeles a quienes ya residen y trabajan en el país. Por otro lado, Bruselas se lava las manos ante las disputas procedimentales y constitucionales que se dirimen en el Tribunal Supremo, recordando que la legalidad del método elegido por España debe someterse únicamente al arbitrio de los jueces españoles.
Así, el destino de medio millón de personas migrantes en España no se decidirá en los despachos de la Comisión Europea, sino en el frágil equilibrio entre la voluntad legislativa de las Cortes Generales y el riguroso escrutinio judicial del Tribunal Supremo.
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