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La fachada de la Catedral de Murcia cambiará en los próximos meses. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha ordenado la retirada de la inscripción dedicada a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, tras incluirla en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. El requerimiento ya ha sido comunicado al Obispado de Cartagena, propietario del templo, que dispone de tres meses para eliminar el texto. Si no lo hace, la Administración del Estado podrá ejecutar la retirada y abrir el correspondiente expediente sancionador.
La decisión no es menor. No se trata únicamente de borrar unas letras de una pared, sino de cuestionar por qué, durante décadas de democracia, un edificio religioso de enorme valor histórico y simbólico ha seguido conservando una inscripción vinculada a la exaltación de uno de los referentes ideológicos del fascismo español. José Antonio Primo de Rivera no fue una figura neutral de la historia contemporánea: fue el fundador de Falange, partido que aportó doctrina, estética, lenguaje y violencia política al bloque que acabaría sosteniendo la dictadura franquista. Su nombre fue convertido por el régimen en mito, consigna y bandera. Mantenerlo en un lugar de honor en una catedral no era un simple recuerdo histórico: era una forma de permanencia.
El informe técnico que sustenta la decisión ministerial concluye que la inscripción no posee justificación artística ni arquitectónica suficiente para conservarse en la fachada del templo. Es decir, su retirada no afecta al valor patrimonial de la Catedral de Murcia. Este punto resulta fundamental, porque durante años se ha usado el argumento del patrimonio como coartada para mantener símbolos franquistas en espacios públicos o de uso público. Pero no todo lo viejo es patrimonio digno de protección, ni todo lo que forma parte del pasado merece seguir ocupando un lugar de homenaje en el presente.
La diferencia entre conservar la historia y glorificarla es evidente. Nadie propone borrar a José Antonio Primo de Rivera de los libros, de los archivos o de los estudios sobre el siglo XX español. Lo que se discute es si su nombre debe permanecer inscrito en la fachada de una catedral, sin contextualización crítica y en un espacio de respeto institucional y religioso. Una democracia madura no destruye la memoria: la ordena, la explica y deja de rendir honores a quienes sirvieron de soporte ideológico a una dictadura.
La medida llega al amparo de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar símbolos, menciones y elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura. Esta ley no nace de un capricho político reciente, sino de una anomalía prolongada: España ha tardado demasiado en retirar de sus calles, iglesias, plazas y edificios públicos los restos visibles de un régimen que persiguió, encarceló, fusiló y silenció a miles de personas. Mientras otros países europeos construyeron después del fascismo consensos claros contra sus símbolos, en España la transición dejó demasiados espacios de impunidad estética y moral.
En el caso de la Iglesia católica, la cuestión es especialmente delicada. Durante la dictadura, buena parte de la jerarquía eclesiástica española no solo convivió con el franquismo, sino que lo legitimó como “cruzada”. El nacionalcatolicismo fue mucho más que una alianza de conveniencia: fue una estructura de poder. La Iglesia bendijo al régimen y el régimen concedió a la Iglesia influencia educativa, social, económica y moral. Esa relación explica que muchos templos incorporasen placas, inscripciones y listados de “caídos” del bando vencedor, mientras las víctimas republicanas quedaban fuera del duelo público, de los cementerios dignos y, muchas veces, incluso de sus propias familias.
Por eso, la retirada de la inscripción de la Catedral de Murcia tiene una carga simbólica que va más allá de la piedra. Interpela al Obispado de Cartagena y, por extensión, a una Iglesia que todavía tiene pendiente una revisión profunda de su papel durante el franquismo. No basta con alegar que esos elementos “estaban ahí” o que forman parte de la historia del edificio. También formaban parte de la historia los privilegios legales, la censura moral, la depuración de maestros, la persecución de disidentes y el silencio impuesto sobre los vencidos. La pregunta no es si existieron, sino si deben seguir siendo honrados.
Quienes defienden la permanencia de estos símbolos suelen recurrir a un argumento aparentemente razonable: “no hay que borrar la historia”. Pero esa frase suele ocultar una trampa. Retirar una inscripción honorífica no borra la historia; borra un homenaje. La historia se borra cuando se impide investigar fosas comunes, cuando se niega la represión franquista, cuando se equipara a verdugos y víctimas o cuando se llama “reconciliación” al silencio impuesto. Precisamente la memoria democrática busca lo contrario: hacer visible lo que fue ocultado y retirar del espacio público los privilegios simbólicos de los vencedores.
El caso de José Antonio Primo de Rivera es paradigmático. Durante el franquismo fue elevado a la categoría de mártir político del régimen. Su figura fue utilizada para dar un barniz ideológico y épico a una dictadura militar nacida de un golpe de Estado contra la legalidad republicana. El “¡Presente!” asociado a su nombre no era una fórmula inocente: era parte del ritual falangista, una liturgia política que pretendía mantener vivo el mito del fundador. Que ese lenguaje haya sobrevivido en fachadas de iglesias durante décadas muestra hasta qué punto el franquismo no terminó del todo en el espacio simbólico.
La Catedral de Murcia es un monumento de primer orden, un espacio religioso, artístico y ciudadano. Precisamente por eso no debería contener mensajes de exaltación política vinculados a una tradición autoritaria. La belleza barroca de su fachada, su valor histórico y su centralidad urbana no necesitan de inscripciones franquistas para ser comprendidas. Al contrario: la presencia de ese tipo de elementos contamina el significado de un lugar que debería estar abierto a toda la ciudadanía, no marcado por la memoria selectiva de los vencedores.
El Obispado tiene ahora tres meses para actuar. Sería deseable que lo hiciera sin resistencia, sin victimismo y sin escudarse en una falsa defensa del patrimonio. La retirada debería asumirse como un gesto mínimo de responsabilidad democrática. No se le pide a la Iglesia que renuncie a su historia, sino que deje de proteger símbolos asociados a una dictadura. Y, si de verdad quiere contribuir a la reconciliación, debería ir más allá: revisar sus espacios, contextualizar su pasado y reconocer con claridad el sufrimiento de quienes fueron perseguidos con la complicidad o el silencio de instituciones eclesiásticas.
La polémica, previsiblemente, volverá a dividir a la opinión pública entre quienes hablan de “revanchismo” y quienes reclaman el cumplimiento de la ley. Pero llamar revanchismo a la retirada de un homenaje fascista es una forma de invertir la realidad. Revanchismo fue la represión de posguerra. Revanchismo fue negar sepultura digna a los vencidos. Revanchismo fue convertir los templos y las plazas en escenarios de memoria exclusiva de un solo bando. La democracia, aunque llegue tarde, no se venga: repara.
La inscripción de José Antonio Primo de Rivera desaparecerá de la Catedral de Murcia porque ya no puede justificarse ni legal, ni patrimonial, ni moralmente. Su retirada no empobrece el monumento; lo libera de una carga autoritaria. Y recuerda algo elemental: la historia debe estudiarse, no venerarse en piedra cuando esa veneración sirve para blanquear a quienes combatieron la libertad. En una sociedad democrática, ninguna fachada —y menos la de una catedral— debería seguir actuando como altar civil del franquismo.
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