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El proceso de regularización extraordinaria de migrantes puesto en marcha por el Gobierno de España ha concluido con una cifra que multiplica por más del doble las previsiones oficiales. Según el balance presentado el pasado 2 de julio por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, el proceso se cerró con 1.174.978 solicitudes registradas, muy lejos de las estimaciones iniciales del Ejecutivo, que manejaba escenarios de 500.000, 750.000 o más de un millón de peticiones. La radiografía completa del procedimiento, el primero de este tipo en dos décadas, dibuja un perfil muy definido de quién ha pedido regularizar su situación, dónde vive y en qué sectores ha empezado a incorporarse al mercado laboral formal.
Colombia, muy por delante del resto
El dato más llamativo del reparto por nacionalidades es la distancia que separa a Colombia del resto de países de origen. Colombia lidera de manera muy destacada el censo con el 25,9% de las peticiones, una cifra que consolida a este país como el principal origen de los solicitantes con notable diferencia sobre el segundo puesto. Le sigue Marruecos, que se sitúa como la única nacionalidad norteafricana cuyas solicitudes superan el 10%, con un 13,4%. En tercer lugar aparece Venezuela, de donde procede el 11,7% de las peticiones, seguida de Perú con un 8,8%.
El resto del ranking lo completan Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%) y Argelia (3,4%), mientras que Senegal, con un 2,9% de los expedientes, es el único país subsahariano entre las diez nacionalidades con mayor presencia en el proceso. Cierran la lista Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%), quedando aproximadamente una quinta parte de las solicitudes repartida entre otros países de origen.
El peso de América Latina en el conjunto del proceso es abrumador. El 67% de las solicitudes corresponde a ciudadanos latinoamericanos, una proporción que, según fuentes del Ministerio citadas por distintos medios, sitúa en torno al 75% a los solicitantes de origen hispanohablante si se suman otras nacionalidades del continente. A mucha distancia se sitúa el origen africano, que ronda el 23% del total, y el asiático, que no llega al 10%.
Un perfil joven y mayoritariamente masculino
Los datos oficiales también permiten trazar el retrato sociodemográfico del solicitante tipo. El 57% de los peticionarios son hombres frente al 43% de mujeres, y el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años. Por tramos de edad, el 31,3% se concentra entre los 25 y los 34 años, seguido de un 17% de jóvenes de entre 16 y 24 años, mientras que los menores de entre 0 y 15 años representan algo más del 11% del total.
En cuanto a la vía de tramitación elegida, cerca de un 80% de los solicitantes ha optado por la figura del arraigo sociolaboral, mientras que algo más de un 20% se ha acogido a la protección internacional. La mayoría de los expedientes, además, se ha gestionado por internet: el 83,2% se tramitó por vía telemática, frente al 16,8% que se registró de forma presencial.
Hostelería, el sector que más regulariza
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es su impacto inmediato en el mercado laboral. Aunque el balance definitivo de expedientes resueltos aún es parcial, los primeros datos de afiliación a la Seguridad Social muestran una tendencia muy clara. El permiso provisional vinculado a la regularización ya ha permitido sumar a 159.097 personas a la Seguridad Social, sacando de la economía informal a un número significativo de trabajadores que hasta ahora carecían de contrato.
Por sectores de actividad, la hostelería concentra con diferencia el mayor número de altas. Este sector reúne a 38.776 trabajadores, lo que equivale al 24,4% del total de solicitantes de la regularización que ya están afiliados a la Seguridad Social. A continuación se sitúa el comercio, con 20.195 altas, seguido de las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 19.327 altas, y la construcción, con 18.310 altas. Resulta llamativo, en cambio, el peso reducido del sector de cuidados y trabajo doméstico, que apenas representa un 4% del total de las altas registradas, pese a ser tradicionalmente uno de los nichos laborales más asociados a la población migrante en situación irregular.
En cuanto al tipo de contratación, el 83,4% de las personas regularizadas y dadas de alta se encuadra en el Régimen General de la Seguridad Social, donde predomina el contrato indefinido, frente a porcentajes menores en el régimen agrario y entre los autónomos.
Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana concentran las peticiones
La distribución territorial de las solicitudes también refleja los grandes polos de atracción migratoria del país. Cataluña encabeza el proceso con 257.602 peticiones registradas, seguida de la Comunidad de Madrid, con 202.424, y la Comunitat Valenciana, con 167.286. Muy cerca se sitúa Andalucía, con 161.557 solicitudes. Entre las cuatro comunidades autónomas concentran una parte muy significativa del total nacional, en línea con el patrón habitual de asentamiento de la población extranjera en España.
En el extremo opuesto, algunas comunidades y ciudades autónomas apenas han registrado peticiones. Ceuta y Melilla apenas reciben solicitudes, con 452 y 743 respectivamente, lo que suma apenas un 0,1% del total, seguidas de La Rioja, Cantabria y Extremadura, todas ellas con cifras muy inferiores a las cien mil solicitudes.
Un Plan de Integración de 500 millones de euros
Ante el volumen de expedientes, muy superior al previsto, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de Integración y Ciudadanía. Esta iniciativa está dotada con más de 500 millones de euros en su primer año, de los cuales 185 millones se destinan al fomento del empleo y la formación —incluyendo 150 millones para 100.000 plazas extraordinarias de Formación Profesional—, casi 30 millones a la integración comunitaria y el aprendizaje de lenguas cooficiales, y más de 200 millones al refuerzo de los servicios públicos territoriales. El plan contempla además la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana para centralizar la gestión del asilo, la acogida y la residencia, mientras el control de fronteras y la seguridad seguirán bajo competencia del Ministerio del Interior.
El Tribunal Supremo, por su parte, estudia en paralelo la compatibilidad legal del proceso con el Derecho comunitario, un frente jurídico que podría condicionar el desarrollo de los expedientes aún pendientes de resolución. Con más de medio millón de solicitudes todavía por tramitar, el impacto definitivo de esta regularización extraordinaria sobre el mercado laboral y la Seguridad Social española se conocerá con más precisión en los próximos meses.
Generado por Claude
