|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La reforma impulsada por el Gobierno de Ayuso provoca la huida de residencias privadas del sistema concertado y deja a ancianos y familias ante una situación desesperada
Un sistema que se desmorona
El 1 de julio entró en vigor en la Comunidad de Madrid el nuevo Acuerdo Marco de plazas concertadas en residencias de mayores, una reforma que el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso presentó como una modernización del sistema de atención a la dependencia. Sin embargo, apenas unas semanas después de su aplicación, los resultados están siendo demoledores: al menos seis residencias privadas han abandonado por completo el sistema de concierto y otras 39 han reducido drásticamente el número de plazas ofertadas. Como denuncia Público, el escenario que se abre para cientos de personas mayores es de una brutalidad sin matices: o pagas hasta 2.800 euros al mes o abandonas tu lugar de residencia, muchas veces el único hogar que conocen.
La cifra no es baladí. Se trata del coste medio de una plaza residencial privada en la Comunidad de Madrid, una cantidad que resulta inasumible para la inmensa mayoría de pensionistas, cuya pensión media ronda los 1.100 euros mensuales. El resultado es una suerte de desahucio silencioso, un expulsión encubierta de los más vulnerables del sistema de protección social, ejecutada no mediante un desahucio judicial, sino a través de una reforma administrativa que la Comunidad de Madrid ha vendido como una mejora de la calidad asistencial.
¿En qué consiste el nuevo acuerdo marco?
El nuevo acuerdo marco sustituye al anterior régimen de conciertos y modifica sustancialmente las condiciones económicas y organizativas con las que las residencias privadas operan dentro del sistema público. Según el Gobierno regional, el objetivo era homogeneizar estándares de calidad, mejorar la ratio de personal y actualizar los precios. En la práctica, sin embargo, el nuevo marco ha provocado que muchas empresas del sector residencial consideren inviable mantener sus plazas concertadas.
Las razones son diversas pero confluyen en un mismo punto: el precio que la Comunidad de Madrid paga por plaza concertada no cubre los costes reales de atención, y las nuevas exigencias —algunas legítimas en términos de calidad— no vienen acompañadas de un incremento presupuestario suficiente. De este modo, lo que se presenta como una mejora se convierte, en la práctica, en un mecanismo de externalización del gasto: o la residencia absorbe pérdidas, o traslada el coste a las familias, o abandona el sistema.
Para las grandes empresas del sector —algunas de ellas con beneficios millonarios y vinculadas a fondos de inversión—, la ecuación es sencilla: si el concierto público no es rentable, se retiran y optan por el mercado libre, donde los precios se disparan. Para los residentes y sus familias, la ecuación es infinitamente más cruel.
El drama humano detrás de las cifras
Detrás de los números hay historias concretas de angustia. Familias que durante años han visto cómo sus padres o abuelos residían en centros con plazas concertadas y que, de un día para otro, reciben la notificación de que deberán asumir un sobrecoste de entre 1.200 y 2.800 euros mensuales, o bien buscar otro centro. Y buscar otro centro en Madrid es, en la práctica, casi una quimera: las listas de espera para una plaza concertada superan en muchos casos los dos años.
Organizaciones como CEAPs (Confederación Española de Asociaciones de Profesionales de Servicios Sociales) y sindicatos como CCOO y UGT han alertado de que esta reforma supone una «privatización encubierta» del sistema de atención a la dependencia. Lo que ocurre, denuncian, es que la Comunidad de Madrid está vaciando progresivamente el sistema público para empujar a los usuarios hacia el mercado privado, donde la capacidad adquisitiva determina el acceso a un derecho fundamental.
No se trata de una hipótesis alarmista. Madrid es, junto con Cataluña, la comunidad autónoma con mayor peso de la iniciativa privada en el sector residencial. Según datos del IMSERSO y del propio Ministerio de Derechos Sociales, más del 70% de las plazas residenciales en Madrid son gestionadas por entidades privadas, muchas de ellas con ánimo de lucro. Este modelo, heredado de décadas de políticas de externalización, ha funcionado mientras el precio del concierto resultaba razonablemente competitivo. Pero cuando el Gobierno regional decide endurecer las condiciones sin compensar económicamente, el castillo de naipes se derrumba.
La responsabilidad política del Gobierno de Ayuso
Es imposible analizar esta situación sin señalar la responsabilidad directa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha construido su discurso político sobre la reducción de impuestos, la defensa de la libertad individual y la desconfianza hacia lo público. Sin embargo, cuando se trata de servicios esenciales como la atención a personas dependientes, esos principios ideológicos se traducen en abandono.
Madrid es, según los últimos datos disponibles, la comunidad autónoma que menos invierte en dependencia por habitante. El ratio de plazas residenciales públicas por cada 100 mayores de 65 años es uno de los más bajos de España. La lista de espera para acceder a una prestación de dependencia supera en muchos municipios los 18 meses. Y ahora, con el nuevo acuerdo marco, el Gobierno autonómico no solo no ha ampliado la red pública, sino que ha propiciado la contracción de la concertada.
Los críticos apuntan a una estrategia deliberada: reducir la oferta pública y concertada para que el sector privado libre absorba la demanda, generando un negocio redondo para las empresas del sector —algunas con estrechos vínculos con el Partido Popular— mientras los ciudadanos quedan desprotegidos. Es la misma lógica que ha aplicado Ayuso en sanidad, donde la privatización progresiva ha ido de la mano de un deterioro de la atención primaria pública.
El envejecimiento como problema, no como derecho
Lo que subyace a esta reforma es una concepción del envejecimiento como un problema económico y no como una etapa de la vida que merece protección y dignidad. Cuando un gobierno permite que una persona de 85 años deba abandonar su residencia porque su familia no puede pagar 2.800 euros al mes, está diciendo algo muy claro: en este modelo social, tu dignidad tiene un precio, y si no puedes pagártela, es tu problema.
España aprobó en 2006 la Ley de Dependencia precisamente para evitar que esto ocurriera. Casi dos décadas después, la Comunidad de Madrid, gobernada ininterrumpidamente por el PP, demuestra que esa ley puede vaciarse de contenido desde la gestión autonómica sin necesidad de derogarla.
¿Qué se puede hacer?
Organizaciones sociales, sindicatos y partidos de la oposición han exigido la paralización inmediata del nuevo acuerdo marco y la apertura de una negociación real con el sector y con las familias afectadas. Piden, además, un incremento sustancial de la inversión pública en residencias, la creación de plazas públicas de nueva construcción y una regulación estricta del sector privado que impida que las empresas con ánimo de lucro pongan el beneficio por encima de los derechos de las personas mayores.
Porque al final, la verdadera medida de una sociedad es cómo trata a sus mayores. Y lo que está ocurriendo en Madrid no es una reforma técnica: es un desahucio disfrazado de modernización, una vergüenza política que debería indignar a cualquier persona, independientemente de su ideología.
Generado por Mimo V2.5 pro
