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La propuesta de Feijóo de considerar al feto como miembro de la unidad familiar no es una medida de apoyo a la maternidad, sino un guiño ideológico a la extrema derecha que instrumentaliza el embarazo y deshumaniza a las mujeres.
Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que, si llega a la Moncloa tras las próximas elecciones generales, aprobará «una ley nacional de concebidos no nacidos». El anuncio, deslizado sin apenas concreción, merece ser examinado con lupa, porque detrás de su aparente inocuidad administrativa se esconde una operación política de largo recorrido: la reintroducción, por la puerta de atrás, del ideario antiabortista en la agenda del Partido Popular.
¿Qué significa exactamente esa ley? El propio Feijóo no ha dado muchos detalles, más allá de una frase reveladora: «Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público». Traducido: se trataría de reconocer al embrión como miembro de la unidad familiar a efectos de prestaciones o rebajas fiscales. Una familia con dos hijos y un tercer embarazo en curso podría, por ejemplo, acceder anticipadamente a la condición de familia numerosa. Si el embarazo no llega a término, la subvención decae, claro. Nada más, aparentemente. Y sin embargo, nada menos.
Un precedente gallego que fue puro gesto
Feijóo no improvisa: ensayó la fórmula en Galicia, donde su gobierno aprobó una medida similar que permitía inscribir al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. El resultado, tras casi una década de vigencia, es elocuente por su irrelevancia práctica: apenas unos 400 embriones registrados. Cuatrocientos. En una comunidad de 2,7 millones de habitantes. Si el objetivo fuera realmente apoyar a las familias, el fracaso sería estrepitoso. Pero el objetivo nunca fue ese.
Isabel Díaz Ayuso ha seguido el mismo camino en la Comunidad de Madrid, con medidas análogas que computan al feto en la unidad familiar para determinadas ayudas. En ambos casos, el impacto material es marginal y el impacto simbólico, enorme. Porque lo que estas normas hacen, en realidad, es introducir en el ordenamiento jurídico —aunque sea por la vía menor de una subvención— la idea de que el embrión es ya una persona, un sujeto, un miembro de la familia. Es decir, exactamente el punto de partida argumental de todo el movimiento antiabortista.
La lección de Gallardón que el PP no olvida
Para entender la sutileza de la maniobra hay que recordar el mayor fracaso político del PP en esta materia. En 2013, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó un anteproyecto que pretendía derogar la ley de plazos de 2010 y devolver a España a un régimen más restrictivo incluso que el de 1985: el aborto habría dejado de ser un derecho para convertirse en un supuesto despenalizado en casos tasados. La reacción social fue masiva —el «tren de la libertad» que llegó a Madrid desde Asturias se convirtió en símbolo de aquella movilización— y, lo más significativo, la contestación llegó también desde dentro del propio electorado popular. Porque las mujeres votantes del PP también quieren poder abortar si lo necesitan, y quieren que sus hijas puedan hacerlo. Rajoy retiró la reforma en 2014 y Gallardón dimitió, dejando tras de sí la evidencia de que el antiabortismo frontal es electoralmente tóxico en España, un país donde el apoyo social a la ley de plazos es amplísimo y transversal.
El PP aprendió la lección, pero no cambió de convicciones: cambió de táctica. Ya no se plantea derogar la ley del aborto —Feijóo lo evita cuidadosamente—, sino erosionar su legitimidad cultural. Y para eso importa el manual estadounidense.
La batalla cultural a la americana
Lo que Feijóo propone se inscribe en una estrategia perfectamente reconocible para quien haya seguido la deriva del movimiento «provida» en Estados Unidos: las leyes del «latido fetal» de Texas y otros estados, la personificación jurídica del feto, la obligación de mostrar ecografías o escuchar latidos a las mujeres que acuden a abortar. Son medidas cuyo propósito no es tanto prohibir —al menos al principio— como construir un clima moral en el que abortar sea cada vez más difícil, más culpabilizador, más estigmatizado. Es la táctica del salami: loncha a loncha, gesto a gesto, hasta que el derecho queda vaciado sin necesidad de derogarlo formalmente. En Estados Unidos culminó con la sentencia Dobbs de 2022, que enterró medio siglo de doctrina Roe contra Wade.
La «ley de concebidos no nacidos» es una de esas lonchas. Su eficacia no se mide en subvenciones concedidas —el caso gallego lo demuestra—, sino en su capacidad de instalar un marco mental: si el embrión es un miembro de la familia, si es un «concebido no nacido» con reflejo administrativo, entonces la mujer que interrumpe su embarazo está haciendo algo moralmente equivalente a eliminar a un familiar. El impacto psicológico de este discurso recae, precisamente, sobre las mujeres que atraviesan un embarazo no deseado, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad. A ellas va dirigido el mensaje, no a las familias que hipotéticamente cobrarían antes una ayuda.
Conviene recordar, además, que el Tribunal Constitucional zanjó el debate jurídico: ya en 1985 estableció que el nasciturus es un bien jurídico protegido, pero no un titular del derecho a la vida, y en 2023 avaló plenamente la ley de plazos de 2010. La propuesta de Feijóo no responde, pues, a ninguna necesidad jurídica ni social. Responde a una necesidad electoral: disputar a Vox el voto ultraconservador y confesional sin asustar al votante moderado, guiñar el ojo a los sectores que rezan ante las clínicas —cuyo acoso a las mujeres tuvo que ser tipificado como delito en 2022— mientras se jura respetar la legalidad vigente.
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Alguien podría preguntarse qué daño hace una medida simbólica. La respuesta es que los símbolos, en política, son munición. Cada norma que trata al embrión como persona es un ladrillo en el muro que el movimiento antiabortista construye pacientemente contra los derechos reproductivos. Y mientras tanto, el PP no habla de lo que de verdad ayudaría a quienes desean ser madres y padres: permisos ampliados, escuelas infantiles públicas, vivienda asequible, salarios dignos, reproducción asistida sin listas de espera interminables.
Feijóo ofrece, en cambio, un registro de embriones que en Galicia interesó a 400 familias en diez años. No es política familiar: es teología electoral. Y las mujeres españolas, que ya frenaron a Gallardón, harían bien en reconocer la misma mercancía aunque venga envuelta en papel de subvención.
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