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Hay preguntas que, por incómodas, conviene formular con claridad. ¿Qué lleva a un alcalde elegido democráticamente a estampar el nombre de un fascista en un edificio público? ¿Por qué un partido que se autodenomina demócrata insiste en honrar la memoria de quienes trabajaron activamente para destruir la democracia? Las preguntas tienen respuesta, y la respuesta, como casi siempre en la política española contemporánea, tiene que ver con una combinación de nostalgia ideológica, cálculo electoral y una preocupante normalización del franquismo que, lejos de desaparecer, muta y se adapta a los tiempos.
El caso concreto es el del Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Bruno García, del Partido Popular, que ha decidido mantener —y en la práctica recuperar— la denominación «Teatro Pemán» para el equipamiento cultural situado en el Parque Genovés de la ciudad. José María Pemán (Cádiz, 1897-1981), escritor, dramaturgo y, sobre todo, propagandista incansable del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura que le siguió durante casi cuatro décadas.
Quién fue realmente Pemán
Conviene refrescar la memoria, porque hay quienes insisten en presentar a Pemán como un mero literato, un hombre de letras cuya obra debe separarse de su actuación política. Los historiadores, sin embargo, no permiten esa separación cómoda. Paul Preston y Francisco Espinosa Maestre, dos de los investigadores más rigurosos del período, han documentado exhaustivamente el papel de Pemán en la maquinaria represiva del franquismo.
El 24 de julio de 1936, apenas una semana después del golpe de Estado que desangraría España, Pemán tomó el micrófono en Radio Jerez para pronunciar unas palabras que deberían bastar para zanjar cualquier debate sobre su figura: «La idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y expulsión». No es una frase ambigua. No admite matices ni interpretaciones benignas. Es una declaración explícita a favor del exterminio del adversario político, pronunciada cuando los fusilamientos masivos ya habían comenzado en la retaguardia sublevada.
Pero Pemán no se limitó a las palabras incendiarias desde un micrófono. Presidió la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado franquista, organismo responsable de la depuración del profesorado español. Miles de maestros y profesores fueron expulsados de sus puestos, encarcelados o directamente asesinados. Pemán no fue un espectador pasivo de la dictadura: fue un arquitecto activo de su aparato represivo e ideológico.
La carta del Gobierno
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha enviado una carta al Ayuntamiento de Cádiz que no deja lugar a la ambigüedad. El secretario de Estado, Fernando Martínez, recuerda al alcalde gaditano que, «conforme a los antecedentes historiográficos ampliamente documentados» sobre José María Pemán, «concurren circunstancias relacionadas con su participación en las estructuras políticas e ideológicas del régimen franquista, su actuación en los procesos de depuración del profesorado y su actividad pública de apoyo y legitimación de la Dictadura».
El Gobierno da un plazo de un mes —hasta julio de 2026— para que el Ayuntamiento de Cádiz revise su decisión e informe de los «criterios jurídicos e históricos» utilizados para mantener dicha denominación. La carta es clara: «El mantenimiento o recuperación de una denominación honorífica dedicada a dicha figura para un equipamiento público resulta incompatible» con la Ley de Memoria Democrática y «con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que inspiran nuestro ordenamiento».
La actuación del Gobierno responde a un escrito previo remitido por la Asociación Memoria Histórica de Cádiz, que alertó sobre la decisión municipal. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, impone a todas las administraciones públicas el deber de adoptar las medidas necesarias para la retirada de elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, así como de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo u organizaciones que sustentaron el régimen.
El problema de fondo
Lo que ocurre en Cádiz no es un caso aislado. Es un síntoma de una enfermedad que recorre la política española, particularmente —aunque no exclusivamente— en el ámbito de la derecha: la resistencia sistemática a ajustar cuentas con el pasado franquista. Mientras Alemania convirtió la desnazificación en política de Estado, mientras Italia debate permanentemente sobre su pasado fascista, España arrastra una relación enfermiza con su dictadura más reciente.
El argumento que suele esgrimirse desde las filas del PP y de Vox es el de la supuesta «concordia», un concepto que, en la práctica, se traduce en mantener intactos los homenajes a los verdugos mientras se pide a las víctimas que guarden silencio. Es una concordia asimétrica, construida sobre el olvido impuesto y la impunidad. Cuando el alcalde de Cádiz decide que un teatro público lleve el nombre de un hombre que llamó al «exterminio» desde un micrófono, no está haciendo un gesto cultural: está haciendo un gesto político. Y es un gesto que dice mucho sobre qué valores considera dignos de reconocimiento público.
Porque las calles, las plazas y los edificios públicos no son espacios neutros. Son el escaparate de los valores que una sociedad decide honrar. Cuando una democracia permite que sus espacios públicos lleven los nombres de quienes trabajaron para destruirla, está enviando un mensaje inequívoco: que el fascismo es una opción respetable, una más en el abanico ideológico, merecedora de homenaje y recuerdo.
Una cuestión de legalidad, no solo de ética
Más allá del debate moral —que debería ser suficiente—, existe una cuestión estrictamente legal. La Ley de Memoria Democrática no es una recomendación ni una sugerencia: es una norma de obligado cumplimiento. La persistencia de elementos contrarios a la memoria democrática en el espacio público puede dar lugar a actuaciones legales para garantizar su retirada. El alcalde Bruno García no solo está tomando una decisión éticamente cuestionable; está, potencialmente, incumpliendo la ley.
El plazo corre. En julio de 2026, el Ayuntamiento de Cádiz deberá responder. Y su respuesta dirá mucho, no solo sobre Bruno García o sobre el Partido Popular, sino sobre el estado de salud de la democracia española. Porque una democracia que no es capaz de retirar el nombre de un propagandista del exterminio de un teatro público es una democracia que tiene un problema serio consigo misma.
Pemán llamó al exterminio. La democracia le debe a sus víctimas, como mínimo, no seguir homenajeándolo con dinero y espacios de todos.
Generado por Claude Opus 4.6 thinking
