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La conocida como “ley mordaza” se ha consolidado en España como uno de los instrumentos más controvertidos y regresivos en materia de derechos fundamentales de las últimas décadas. Lejos de garantizar la seguridad ciudadana, su aplicación ha generado un clima de autocensura, miedo y desprotección que afecta de manera directa a la calidad democrática del país. Desde que el Gobierno del Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, impulsara la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (cuya gestación y posterior aprobación en 2015 marcan estos 11 años de sombra autoritaria), el Estado español ha operado bajo un marco jurídico diseñado no para proteger al ciudadano del delito, sino para blindar las actuaciones policiales frente al escrutinio público y sofocar la disidencia social.
A lo largo de más de una década, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y colectivos estatales como Defender a Quien Defiende o la plataforma No a la Ley Mordaza, han documentado de forma exhaustiva los efectos devastadores de esta norma. Sin embargo, el análisis de la Ley Mordaza quedaría incompleto si se abordara únicamente desde la técnica legislativa: su verdadero peligro radica en el uso cotidiano, discrecional y en ocasiones abusivo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen de ella.
El policía como juez y parte: la tiranía de la «falta de respeto»
El núcleo de la perversión jurídica de la Ley Mordaza reside en el traspaso de competencias del ámbito penal al administrativo. Al despenalizar las antiguas faltas para convertirlas en infracciones administrativas, el legislador eliminó la figura del juez como árbitro neutral. Desde entonces, el agente de policía ejerce virtualmente como juez y parte en las calles.
El arma predilecta de este intervencionismo policial se concentra en dos artículos de la ley: el 36.6 (desobediencia o resistencia a la autoridad) y el 37.4 (faltas de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). Estos preceptos, redactados con una ambigüedad calculada, han otorgado un cheque en blanco a los agentes. ¿Qué constituye exactamente una «falta de respeto»? En la práctica policiaca de estos 11 años, ha significado cualquier manifestación verbal que cuestione una orden, una mirada desafiante, pedir a un agente que se identifique con su número de placa (el preceptivo TIP) o simplemente expresarse en un tono que el funcionario considere inadecuado para su ego profesional.
La presunción de veracidad administrativa, combinada con este marco de discrecionalidad, ha pervertido el principio de presunción de inocencia. Cuando la palabra del ciudadano se enfrenta al acta policial, la maquinaria burocrática del Ministerio del Interior da por sentada la versión del agente. Para el ciudadano de a pie, recurrir una multa por «falta de respeto» implica embarcarse en un costoso e incierto proceso contencioso-administrativo, lo que convierte la sanción en un castigo inapelable y disuasorio. La policía ha aprendido a utilizar estas multas —que oscilan entre los 100 y los 30.000 euros según la gravedad asignada— como un mecanismo de castigo inmediato, sin juicio ni garantías procesales.
Asfixia económica de la protesta y del activismo
La Ley Mordaza nació con un objetivo sociopolítico claro: desactivar el ciclo de movilización social que surgió tras el 15-M y las mareas ciudadanas frente a los recortes en los servicios públicos. Si antes las cargas policiales eran el rostro visible de la represión, la Ley Mordaza profesionalizó la represión burocrática.
Las actuaciones policiales en manifestaciones, desahucios y huelgas han mutado hacia una estrategia de desgaste financiero. Los agentes, en lugar de disolver las protestas por la fuerza en todos los casos, optan cada vez más por encapsular a los manifestantes, identificarlos masivamente y enviarles multas a sus domicilios semanas después. Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), activistas ecologistas de Futuro Vegetal o militantes sindicales han visto cómo las comisarías emitían cascadas de sanciones administrativas por el mero hecho de concentrarse pacíficamente frente a un banco o impedir un desahucio.
Esta práctica policial persigue un claro «efecto desaliento» (chilling effect): que el ciudadano común, por temor a enfrentarse a una ruina económica o a ver embargada su cuenta bancaria, renuncie a su derecho constitucional a la protesta y a la libertad de reunión. La policía no solo vigila el orden público; gestiona y filtra, mediante la amenaza económica, qué reivindicaciones sociales pueden ocupar la calle y cuáles son económicamente inviables para sus promotores.
Cámaras apagadas: la impunidad policial y el hostigamiento a la prensa
Otro de los frentes donde las actuaciones policiales han mostrado su faz más oscurantista es en el control de la información. El artículo 36.23, que sancionaba el uso no autorizado de imágenes de los policías, fue diseñado para evitar que se repitieran las grabaciones virales de brutalidad policial que indignaron a la opinión pública en años anteriores.
Aunque el Tribunal Constitucional acotó en 2020 la aplicación de este artículo —señalando que solo podía sancionarse si generaba un peligro real para los agentes—, la realidad en la calle apenas ha cambiado. Los policías siguen utilizando la mención a la Ley Mordaza para intimidar a periodistas, fotoperiodistas y ciudadanos que intentan documentar abusos, identificaciones racistas o desalojos violentos. Las exigencias ilegales de borrar vídeos de los teléfonos móviles, la incautación del material de trabajo de los reporteros bajo coacciones o las retenciones injustificadas en los perímetros de seguridad continúan siendo una práctica policial habitual para garantizar el secreto y la impunidad de sus intervenciones más polémicas, incluidas las devoluciones en caliente en la frontera sur (Melilla y Ceuta), legalizadas de facto al amparo de esta misma normativa.
Perfilamiento racial y control discriminatorio del espacio público
Más allá de las manifestaciones y los medios de comunicación, el día a día de la Ley Mordaza en los barrios obreros y empobrecidos es de un acoso policial sistemático a las minorías. La ley amplió los supuestos para realizar identificaciones preventivas y registros corporales en la vía pública sin que exista indicio de delito, supeditándolos a la vaga premisa de «prevenir el delito» o «mantener la seguridad».
Esto ha legitimado y exacerbado las prácticas de perfilamiento racial por parte de los cuerpos policiales. Personas migrantes, racializadas y jóvenes en situación de vulnerabilidad son sometidas a cacheos humillantes e identificaciones reiteradas por el simple hecho de encajar en el estereotipo de sospechoso del agente de turno. La ley ampara que la policía utilice el espacio público como una aduana discriminatoria, donde la dignidad humana queda subordinada al capricho o al prejuicio racial de quien viste el uniforme.
Una década de complicidad institucional
El mantenimiento de esta ley durante 11 años no puede explicarse únicamente por el empeño de quien la promulgó. La mayor responsabilidad política recae hoy en las coaliciones progresistas que han gobernado España desde 2018 (PSOE con Unidas Podemos primero, y con Sumar después). A pesar de haber prometido su derogación inmediata en todos sus programas electorales, el Gobierno ha claudicado de manera sistemática ante las presiones corporativistas de los principales sindicatos policiales (como JUPOL o SUP), los cuales defienden la Ley Mordaza como un escudo de privilegio intocable.
Los acuerdos de reforma parcial anunciados recientemente —incluso tras pactos de última hora entre PSOE, Sumar y EH Bildu— siguen siendo vistos con escepticismo por los movimientos sociales. Modificar aspectos estéticos sin eliminar la raíz de la discrecionalidad policial, la presunción de veracidad incondicional o la penalización de la protesta es perpetuar la misma lógica represiva con un rostro amable.
En definitiva, 11 años después de que comenzara a tejerse este entramado legal, la Ley Mordaza sigue siendo el símbolo de un modelo policial de corte autoritario que desconfía profundamente del ciudadano activo. La verdadera seguridad democrática no se construye otorgando un poder ilimitado y exento de control a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino garantizando que quienes tienen el monopolio de la fuerza respondan estrictamente ante la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Mientras la policía siga actuando como juez, fiscal y verdugo económico en el asfalto, la democracia española seguirá llevando una mordaza bien apretada.
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