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En los últimos meses, los telediarios y las redes sociales han repetido hasta la saciedad las imágenes de pateras cruzando el Atlántico para llegar a las costas canarias. Los testimonios de los migrantes subsaharianos, las operaciones de rescate de Salvamento Marítimo y las denuncias de las ONG han centrado la atención mediática y política sobre una crisis humanitaria que, sin duda, merece cobertura y respuesta. Sin embargo, al mismo tiempo, una realidad paralela pasa casi desapercibida: la compra masiva de viviendas, locales comerciales y hoteles por parte de inversores extranjeros, en particular rusos e italianos, en las zonas turísticas del archipiélago. Muchos de estos inmuebles, según informes de la Unión Europea y de organizaciones especializadas en transparencia, podrían estar sirviendo de tapadera para actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o la infiltración de redes criminales. La desproporción en la cobertura informativa no solo oculta un problema de seguridad pública, sino que perpetúa una narrativa incompleta sobre la inmigración y la economía canaria.
Una visión sesgada del fenómeno migratorio
Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, han dedicado amplios espacios a las rutas migratorias del África subsahariana hacia Canarias. Esta cobertura, aunque necesaria para sensibilizarnos sobre la tragedia humana que representa el cruce del Sahara y del Atlántico, ha generado en la opinión pública una percepción reduccionista: la migración irregular se asocia casi exclusivamente con la llegada de pateras. Lejos de negar la gravedad de esas travesía, es imprescindible entender que la migración es un fenómeno multidimensional que incluye también flujos legales, inversores, estudiantes y trabajadores que contribuyen de forma significativa a la economía local.
Al mismo tiempo, la compra de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros ha experimentado un incremento notable en los últimos cinco años, según datos del Registro de la Propiedad y del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2022, las transacciones inmobiliarias en las islas superaron los 4.000 millones de euros, de los cuales alrededor del 12 % correspondieron a compradores no residentes, con un peso destacado de nacionales de Rusia e Italia. Estos números, que por sí solos no son alarmantes, cobran otro cariz cuando se analizan a la luz de los informes de la Oficina Europea de Policía (Europol) y del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que alertan sobre el uso del sector inmobiliario como vehículo para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
El riesgo del blanqueo en el mercado turístico
España, y en particular las islas Canarias, se han convertido en un destino atractivo para inversores que buscan diversificar sus activos fuera de sus países de origen. Las ventajas fiscales, la estabilidad jurídica y la demanda turística constante hacen que la adquisición de propiedades sea una opción segura para capitales legítimos. No obstante, la misma facilidad de transacción también facilita la introducción de fondos de origen sospechoso. Los llamados “golden visas” y los programas de residencia por inversión, aunque ahora en proceso de revisión, han sido señalados como puntos de entrada para capital opaco.
Los informes de la agencia europea de lucha contra el blanqueo de dinero, así como los estudios de Transparencia Internacional, han documentado casos en los que empresas ficticias, con sede en paraísos fiscales, adquieren hoteles y apartamentos de lujo en la costa tinerfeña y grancanaria. Estas sociedades, a menudo controladas por individuos con vínculos a grupos delictivos, utilizan los inmuebles para justificar la procedencia de fondos, mientras que los beneficios reales se derivan de actividades como el tráfico de drogas, la corrupción o la evasión de sanciones internacionales. En el caso de inversores rusos, las restricciones impuestas por la Unión Europea tras la anexión de Crimea han añadido una capa de complejidad, ya que algunos compradores intentan ocultar su identidad mediante testaferros o estructuras societarias complicadas.
Impacto social: más allá de los números
La presencia de capital extranjero en el mercado inmobiliario tiene consecuencias directas para la población local. La subida de precios de la vivienda, impulsada por la demanda de pisos vacacionales y de segunda residencia, ha dificultado el acceso a una vivienda asequible para los residentes canarios. Según un informe del Observatori de la Vulnerabilitat Urbana de Canarias, el precio medio del metro cuadrado en zonas costeras ha aumentado un 35 % en la última década, muy por encima del IPC general. Este fenómeno, conocido como gentrificación turística, desplaza a familias enteras hacia barrios más alejados o, en el peor de los casos, las deja sin techo.
Además, la concentración de propiedades en manos de inversionistas foráneos limita la diversificación económica. Los pequeños empresarios locales, que dependen del turismo de base, se ven obligados a competir con grandes cadenas hoteleras y plataformas de alquiler vacacional gestionadas desde el extranjero. La pérdida de tejido comercial tradicional no solo erosiona la identidad cultural de los pueblos canarios, sino que también reduce las oportunidades de empleo estable, ya que los puestos de trabajo generados suelen ser temporales y de baja remuneración.
Un llamado a la transparencia y al equilibrio mediático
La situación exige una respuesta integral que combine la regulación del mercado inmobiliario, la cooperación internacional y una cobertura mediática más equilibrada. Por un lado, las autoridades españolas deben fortalecer los mecanismos de control del Sepblac y del Registro de la Propiedad para detectar operaciones sospechosas antes de que se consuman. La implementación plena de la Directiva (UE) 2018/843 sobre prevención del blanqueo de capitales, que exige una mayor diligencia debida en las operaciones inmobiliarias, es un paso crucial. Asimismo, la creación de un registro público de beneficiarios reales de las sociedades que compran inmuebles en Canarias contribuiría a desenmascarar a los testaferros.
Por otro lado, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ofrecer una visión completa del fenómeno migratorio. Si bien las historias de quienes cruzan el Atlántico en pateras son fundamentales para generar empatía y movilizar recursos humanitarios, también es necesario informar sobre los riesgos asociados al flujo de capital extranjero y sus efectos en la vida cotidiana de los canarios. Solo así se podrá construir un debate público que no se quede en la superficie de los titulares, sino que aborde las causas estructurales y las consecuencias a largo plazo de ambos fenómenos.
Conclusión
Canarias se encuentra en un crossroads: por un lado, la imperativa necesidad de atender a quienes arriesgan su vida en busca de un futuro mejor; por otro, la urgencia de controlar un mercado inmobiliario que, en ocasiones, sirve de pantalla para actividades ilícitas y agrava la crisis de vivienda local. La falta de cobertura mediática sobre la segunda cuestión no la hace menos real ni menos grave. Es hora de que la sociedad, las instituciones y los medios de comunicación miren más allá de la imagen de la patera y observen también el apartamento de lujo que, en silencio, puede estar financiando un entramado criminal. Solo mediante una mirada amplia y rigurosa se podrá garantizar que las islas sigan siendo un hogar para todos sus habitantes, tanto los que llegan en barco como los que compran desde el otro lado del continente.
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