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Nada nuevo bajo el sol de Murcia. Otra vez corrupción. Otra vez dinero público. Otra vez pacientes. Y, otra vez, el Partido Popular mirando hacia otro lado.
Las últimas informaciones publicadas por La Verdad son demoledoras: la trama de las prótesis no se circunscribe ya a un hospital, ni a un contrato, ni a una empresa. La investigación se extiende a más hospitales de la Región de Murcia. Lo que en un principio parecía un presunto caso aislado de adjudicaciones irregulares en la compra de prótesis y material ortopédico, amenaza ahora con salpicar a varios centros sanitarios públicos.
Estamos ante unos hechos extremadamente graves.
No hablamos de una mala gestión menor. Hablamos, presuntamente, de un entramado para obtener beneficios a costa del erario público. A costa, en última instancia, de los recursos de un sistema sanitario autonómico que arrastra años de recortes, precariedad y listas de espera. Mientras miles de murcianos esperan una intervención quirúrgica, alguien, presuntamente, medraba con la compra de las prótesis que necesitaban.
Y ahí está el presidente de la Región, Fernando López Miras. Mirando hacia otro lado. Como si esto no fuera con él. Como si la Sanidad murciana, gestionada por su partido durante tres décadas consecutivas, no fuera responsabilidad suya.
31 años sin rendir cuentas
No es casualidad. No es un error. Es el resultado de 31 años de gobiernos del Partido Popular en la Región de Murcia.
Treinta y uno. Desde 1995, el PP ha gobernado ininterrumpidamente esta Comunidad Autónoma. Ha nombrado a consejeros, directores generales, gerentes de hospitales, responsables de compras, jefes de servicio. Ha diseñado los sistemas de contratación. Ha controlado -o ha dejado de controlar- los mecanismos de vigilancia y transparencia.
En esos 31 años hemos asistido, uno tras otro, a casos de corrupción que han salpicado al PP murciano: el caso Auditorio, el caso Umbra, la operación Púnica en sus ramificaciones, los EREs (aunque de ámbito nacional, con responsables políticos vinculados), las irregularidades en universidades públicas, las contrataciones opacas con empresas afines, los casos de enchufismo… La lista es larga y, demasiado a menudo, impune.
La trama de las prótesis no nace en el vacío. Brota precisamente de ese caldo de cultivo: una excesiva concentración de poder, una cultura de la opacidad en las adjudicaciones públicas, la debilidad de los mecanismos de control interno y, sobre todo, la certeza casi absoluta de que, pase lo que pase, nadie asume responsabilidades políticas.
Silencio, mutis y “no sabía”
La reacción de López Miras ha sido, como no podía ser de otra manera, el mutis. Silencio institucional. Unas declaraciones tibias reclamando “máxima celeridad” a la Justicia, pero ni una sola medida de depuración política, ni una auditoría urgente ordenada por su Gobierno, ni la asunción de ninguna responsabilidad.
La fórmula es conocida: cuando estalla el escándalo, el presidente mira al tendido, señala a los tribunales y utiliza la muletilla favorita del PP: “que actúe la Justicia”.
Esa estrategia ha funcionado durante décadas. Ante cada caso, separar lo político de lo penal, evitar el control parlamentario, esperar a que prescriban los delitos o a que el ruido mediático desaparezca. Y, mientras tanto, seguir gobernando.
Pero esta vez no podemos permitirlo. Porque no estamos hablando de una irregularidad administrativa. Estamos ante unos hechos extremadamente graves: presuntas maniobras para amañar contratos, posible reparto de adjudicaciones y, en definitiva, un uso fraudulento del dinero de todos los murcianos.
La salud no puede ser un negocio opaco
Resulta especialmente repugnante que esta trama afecte directamente a la Sanidad pública. La compra de prótesis no es un suministro cualquiera: son elementos imprescindibles para miles de pacientes. Prótesis para caderas, rodillas, implantes, material quirúrgico. Artículos cuya calidad afecta directamente a la salud de las personas, pero cuyo precio -si se hincha- afecta directamente a la sostenibilidad de nuestros hospitales.
Que, presuntamente, haya empresas y responsables que hayan visto en el dolor y en las necesidades médicas una oportunidad de negocio, es indignante. Que el Gobierno regional, tras 31 años al frente de la Sanidad, no haya puesto todos los controles necesarios para evitarlo, es inaceptable.
Llegaremos hasta el final
Por eso resulta imprescindible decirlo alto y claro: no nos conformaremos con que “investigue la Justicia”. La sociedad murciana tiene derecho a saber qué ha ocurrido, quiénes son los responsables, cuánto dinero público se ha desviado y, sobre todo, por qué ha vuelto a pasar.
Exigimos una auditoría externa e inmediata de todos los contratos de prótesis en los hospitales implicados. Exigimos transparencia absoluta: nombres, cantidades, empresas y criterios de adjudicación. Exigimos explicaciones políticas, no excusas. Y, llegado el caso, exigimos responsabilidades políticas.
López Miras no puede seguir haciéndose el sorprendido. No puede mirar hacia otro lado. Gobernar durante 31 años significa asumir lo bueno, pero también lo malo. Y esta trama es, sin duda, lo malo.
Tras décadas de impunidad, el mensaje del PP murciano ha quedado claro: aquí no pasa nada. Pues bien, esta vez sí pasa. Y llegaremos hasta el final.
Porque no se trata solo de prótesis. Se trata de confianza. Se trata de decencia. Se trata de saber si en la Región de Murcia la corrupción sigue siendo el precio inevitable de 31 años de gobierno popular, o si, por fin, alguien va a pagar por ello.
Generado por comet
