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La verdad es que no sé yo qué tiene el PP contra las alertas, cuando ellos mismos son una alerta permanente, estruendosa, ensordecedora. Cotidianamente nos alertan de la invasión morisca, de que nos acechan los okupas, de que Pedro Sánchez es un ladrón y un felón, del peligro de violación que suponen los niños-sí-natos (esos menores no acompañados a los que deshumanizan sin pestañear), de la ruptura inminente de España —que se rompe siempre los martes y los jueves— y del advenimiento de una dictadura bolivariana-comunista-etarra a la vuelta de la esquina.
Vivimos, según el relato de Génova 13, en un estado de excepción apocalíptico constante. Sin embargo, cuando la naturaleza ruge, cuando la ciencia avisa y cuando los técnicos de emergencias activan los protocolos reales, los de verdad, a la derecha española le entra una repentina sordera. Una modorra burocrática que, como hemos visto de forma trágica y reciente, cuesta vidas.
La paradoja es tan flagrante que produce escalofríos. El Partido Popular ha perfeccionado la política del miedo como herramienta de movilización electoral. Su maquinaria de propaganda funciona como un sismógrafo hipersensible que detecta terremotos inexistentes para mantener a la ciudadanía en un estado de ansiedad perpetuo. Nos quieren asustados, desconfiados de nuestro vecino y convencidos de que el Estado de derecho está a punto de colapsar bajo el yugo del «Sanchismo».
Para el PP, la alerta es un negocio político rentable. Si uno sintoniza sus canales de difusión predilectos, parecería que España es un páramo sin ley donde los propietarios no pueden ir a comprar el pan por temor a que una horda de okupas se instale en su salón. Alertan con el rostro compungido sobre el «peligro» que corren las esencias patrias por culpa de la inmigración, agitando fantasmas xenófobos que recuerdan a las páginas más oscuras de nuestra historia. Nos alertan del peligro de los «niños-sí-natos», esos menores migrantes que presentan como amenazas públicas en lugar de tratarlos como lo que son: niños desamparados.
En este teatro del terror cotidiano, la hipérbole es la norma. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso ejercen de profetas del desastre. Un día nos alertan de que la amnistía es el fin de la democracia; al siguiente, de que los fondos europeos se están perdiendo en una ciénaga de corrupción gubernamental; y al otro, de que España se encamina hacia una cartilla de racionamiento. Es el cuento del pastor y el lobo elevado a la categoría de doctrina de Estado.
Pero, ¿qué ocurre cuando el lobo real asoma la cabeza? ¿Qué pasa cuando la alerta no la emite un tertuliano a sueldo de la derecha mediática, sino la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o la Confederación Hidrográfica del Júcar?
Ahí es donde la maquinaria de alarma del PP se gripa por completo. Cuando la realidad física del cambio climático y la meteorología extrema llaman a la puerta, la derecha pasa del histerismo a la parálisis. Lo vimos de manera dramática con la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana dirigida por Carlos Mazón. Mientras los meteorólogos y los científicos lanzaban alertas rojas desde primera hora de la mañana, el gobierno autonómico del PP prefirió mirar para otro lado, mantener la agenda política habitual, ningunear las advertencias de la ciencia —a la que desprecian sistemáticamente por «ideológica»— y retrasar el envío de los mensajes de emergencia a los teléfonos móviles de los ciudadanos hasta que el agua ya les llegaba al cuello.
La explicación a esta desconexión es ideológica y profunda. El PP rechaza las alertas públicas reales porque estas exigen la intervención de lo público, de la planificación estatal, de la regulación y del freno a la actividad económica desbocada en pos de la seguridad colectiva. Alertar a la población de una catástrofe climática implica admitir que el cambio climático existe y que la desregulación urbanística que ellos mismos han promovido durante décadas tiene consecuencias letales. Significa reconocer la importancia de un Estado fuerte, bien financiado y con capacidad de respuesta. Y eso choca frontalmente con su dogma de bajar impuestos, privatizar servicios y desmantelar los «chiringuitos» de emergencias, como hizo el propio Mazón al suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias nada más llegar al poder.
Por eso resulta tan obsceno su comportamiento. El mismo partido que es capaz de convocar manifestaciones multitudinarias alertando de que España «se rompe» por un acuerdo parlamentario, es incapaz de reaccionar a tiempo cuando lo que se rompe son las presas, las carreteras y las vidas de miles de compatriotas bajo el barro. El mismo partido que grita «¡dictadura!» ante las leyes aprobadas en el Congreso, enmudece y se esconde en el laberinto de las competencias autonómicas cuando tiene que asumir la responsabilidad de proteger a la ciudadanía.
La estrategia del ruido permanente tiene un objetivo claro: inmunizar a la población ante la verdad. Cuando todo es una alerta, nada lo es. Al gritar «¡lobo!» ante cualquier medida del Gobierno de coalición, consiguen que la ciudadanía se agote psicológicamente y desconecte de la conversación pública. El problema es que, en ese ruido ensordecedor que ellos mismos provocan, las alarmas de verdad, las que salvan vidas, quedan sepultadas bajo el fango de la polarización.
Es hora de exigir responsabilidades. No podemos permitir que quienes se pasan el día alertando sobre peligros imaginarios se muestren tan incompetentes, negligentes e indolentes ante las amenazas reales. El PP debe entender que gobernar no consiste en mantener un plató de televisión en constante estado de histeria colectiva para arañar un puñado de votos. Gobernar es, sobre todo, escuchar cuando la ciencia habla, proteger cuando la realidad golpea y saber que, a veces, la alerta más importante no es la que se lanza contra el adversario político, sino la que se activa para salvar la vida de la gente común.
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