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Hay un momento en la degradación de toda democracia en el que la brutalidad deja de esconderse. Ya no necesita coartadas elaboradas ni discreción. Se muestra a plena luz, confiada en que la repetición terminará por normalizar lo intolerable. Estados Unidos parece haber cruzado ese umbral. La reciente muerte de un migrante colombiano de 26 años en Maine —la undécima víctima mortal de las operaciones migratorias de la administración Trump, la segunda en menos de una semana— no es un accidente aislado, sino el síntoma de un sistema que ha decidido que ciertas vidas son prescindibles.
La coartada de siempre
La respuesta de la Casa Blanca fue tan predecible como cínica: el agente disparó en legítima defensa. Es el guion recurrente, la fórmula que se repite mecánicamente tras cada muerte, como si bastara pronunciarla para clausurar cualquier investigación. El problema es que los vídeos que han circulado no respaldan esa versión. No muestran la amenaza que justificaría un disparo mortal. Muestran, una vez más, la distancia abismal entre el relato oficial y lo que las cámaras registran.
Esta discrepancia importa porque no es nueva. Hemos visto durante años cómo la «defensa propia» se ha convertido en el comodín que blinda a los agentes ante cualquier exceso. Cuando la coartada se invoca automáticamente, deja de ser una explicación para convertirse en una licencia. Y una licencia para matar, ejercida contra los más vulnerables, es precisamente el rasgo que define a los aparatos represivos de los regímenes autoritarios.
De la política migratoria a la cacería
Lo que preocupa no es solo la cifra —once muertos son ya una cifra que debería sacudir cualquier conciencia—, sino la naturaleza de las estructuras que producen esas muertes. Hablar de «brigada paramilitar» no es hipérbole retórica. Es una descripción precisa de un cuerpo que actúa con la lógica de la fuerza desmedida, con escasa rendición de cuentas y bajo una narrativa política que deshumaniza sistemáticamente a sus objetivos.
Trump construyó buena parte de su capital político sobre la criminalización del migrante. Los inmigrantes fueron presentados como una invasión, como portadores de crimen y enfermedad, como enemigos internos. Ese lenguaje no es inocuo: prepara el terreno emocional y moral para que la violencia contra esas personas se perciba como legítima, incluso necesaria. Cuando un gobierno describe a seres humanos como una plaga, la muerte de esos seres humanos deja de escandalizar. Ese es exactamente el mecanismo que la palabra «fascismo» pretende nombrar: la conversión de un grupo humano en enemigo absoluto al que se puede eliminar sin culpa.
La pérdida de la vergüenza
Existe una diferencia crucial entre un Estado que comete abusos y trata de ocultarlos, y un Estado que comete abusos y ya no siente la necesidad de disimularlos. El primero todavía reconoce, aunque sea hipócritamente, que existe una norma moral que está violando. El segundo ha abolido esa norma. Ha perdido la vergüenza.
Estados Unidos se acerca peligrosamente a esa segunda categoría. La reacción ante cada nueva muerte no es de conmoción institucional, ni de suspensión de operaciones, ni de rendición de cuentas. Es la repetición mecánica de la coartada y la continuación imperturbable de las operaciones. El mensaje implícito es demoledor: estas muertes son aceptables, forman parte del precio, y quien proteste será tildado de enemigo de la seguridad nacional.
Esta impunidad se retroalimenta. Cada muerte no castigada envía una señal a los agentes: pueden actuar sin consecuencias. Y cada coartada aceptada por buena parte de la opinión pública erosiona un poco más la capacidad colectiva de indignarse. La normalización de la violencia estatal es un proceso gradual, y precisamente por ello resulta tan peligroso: cuando nos damos cuenta, ya la hemos aceptado.
El espejo para el resto del mundo
Estados Unidos se ha presentado durante décadas como el faro de la democracia y los derechos humanos, arrogándose el derecho de juzgar a otras naciones. Esa autoridad moral, siempre discutible, se vuelve grotesca cuando en su propio territorio se acumulan los cadáveres de migrantes abatidos por agentes que después son protegidos por el poder. La hipocresía de exigir a otros lo que no se cumple en casa nunca había sido tan flagrante.
Para América Latina, esta realidad tiene una dimensión particularmente dolorosa. Las víctimas son, en muchos casos, ciudadanos de nuestros países, personas que emigraron buscando una vida mejor y encontraron la muerte. El colombiano de Maine tenía 26 años. Era un ser humano con familia, con historia, con futuro. Reducirlo a una estadística de «defensa propia» es precisamente el gesto que hay que resistir.
No mirar hacia otro lado
La responsabilidad de nombrar lo que ocurre corresponde tanto a la prensa como a la ciudadanía. Llamar fascismo al fascismo no es un exceso verbal: es un acto de precisión. La deshumanización del otro, la violencia estatal impune, el desprecio por la verdad de los hechos frente a las imágenes, la construcción de un enemigo interno… todos estos elementos configuran un patrón reconocible.
Once muertos exigen una respuesta que no sea el silencio ni la costumbre. Exigen investigaciones independientes, transparencia sobre las imágenes, responsabilidades penales y políticas. Exigen, sobre todo, que no aceptemos como normal lo que es una atrocidad. Porque el día en que dejemos de escandalizarnos ante estas muertes será el día en que el fascismo habrá ganado no solo las calles, sino también nuestras conciencias.
Generado por Claude opus 4.8
