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La noticia de que la jueza de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha citado a declarar como investigado —lo que antes se llamaba imputado— al alcalde del municipio por una denuncia de acoso sexual y laboral debería haber provocado, como mínimo, una reacción institucional seria, prudente y ejemplar. Sin embargo, la respuesta del Partido Popular ha sido la de siempre cuando el problema afecta a los suyos: cerrar filas, minimizar el asunto y convertir la presunción de inocencia en un escudo político para no asumir ninguna responsabilidad.
Conviene empezar por lo básico: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. También un alcalde del PP. Nadie debe ser condenado públicamente antes de que un tribunal determine si los hechos denunciados son ciertos o no. Pero la presunción de inocencia no obliga a un partido político a actuar como si nada hubiera ocurrido. No impide tomar medidas cautelares. No impide apartar temporalmente a un cargo público mientras se esclarecen hechos de especial gravedad. Y, sobre todo, no impide mostrar respeto hacia la denunciante y hacia cualquier trabajadora que pueda sentirse intimidada en un entorno laboral dependiente del poder político.
El problema no es únicamente judicial. Es político, ético e institucional. Un alcalde no es un ciudadano cualquiera en el ejercicio de sus funciones: concentra poder, dirige una administración, toma decisiones sobre personal, contratos, nombramientos y condiciones laborales. Si pesa sobre él una investigación por presunto acoso sexual y laboral, el asunto afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en el Ayuntamiento. También afecta a la seguridad de quienes trabajan en esa institución. La pregunta, por tanto, no es solo si el alcalde será finalmente condenado o absuelto. La pregunta es si el PP considera aceptable que una persona bajo investigación por estos hechos continúe al frente de un municipio de más de 200000 habitantes sin que se adopte ninguna medida de protección institucional.
La respuesta, por ahora, parece ser sí.
El Partido Popular suele presentarse como el partido del orden, la responsabilidad y la buena gestión. Sus dirigentes repiten con frecuencia que las instituciones deben ser respetadas, que la política exige ejemplaridad y que la ley debe cumplirse. Pero esa exigencia se vuelve sorprendentemente elástica cuando la sombra cae sobre un cargo propio. Entonces aparecen los matices, los silencios, las declaraciones medidas al milímetro y la vieja estrategia de aguantar hasta que escampe.
Lo hemos visto demasiadas veces. Cuando la investigación afecta a un adversario, el PP exige dimisiones inmediatas, comparecencias urgentes y explicaciones exhaustivas. Cuando afecta a alguien de su partido, la consigna cambia: “hay que dejar trabajar a la justicia”, “no se pueden hacer juicios paralelos”, “confiamos en su inocencia”. Son frases razonables si se aplicaran siempre, pero se convierten en puro cinismo cuando solo funcionan en una dirección.
En el caso de Móstoles, además, hay un elemento especialmente delicado: la denuncia se tramita en un órgano especializado en violencia sobre la mujer. Eso no convierte automáticamente los hechos en probados, pero sí señala la naturaleza de la investigación y la necesidad de actuar con una sensibilidad que el PP no está demostrando. Defender al alcalde sin una sola señal clara de preocupación por la persona denunciante transmite un mensaje devastador: el aparato del partido está antes que la protección de las mujeres y antes que la limpieza institucional.
El acoso laboral y el acoso sexual no son conflictos menores ni “malentendidos” administrativos. Son formas de abuso de poder. En el ámbito laboral, especialmente cuando existe una relación jerárquica, el miedo a denunciar suele ser enorme. La persona denunciante puede temer represalias, aislamiento, descrédito o destrucción profesional. Por eso las instituciones públicas deberían ser las primeras en garantizar entornos seguros y protocolos eficaces. Si el máximo responsable de una institución está siendo investigado por hechos de esa naturaleza, mantenerlo sin más al frente de todo el engranaje municipal no parece precisamente la mejor manera de garantizar confianza.
El PP podría haber optado por una salida responsable: apoyo jurídico al alcalde como ciudadano, respeto escrupuloso al procedimiento y, al mismo tiempo, apartamiento temporal de sus funciones hasta que declare y se aclaren los hechos. No sería una condena anticipada. Sería una medida de prudencia democrática. Pero esa cultura política parece ajena a un partido que a menudo confunde la defensa de sus cargos con la defensa de las instituciones.
Porque las instituciones no se protegen blindando a quienes las ocupan. Se protegen garantizando que ninguna sospecha grave contamine su funcionamiento. Se protegen escuchando a quienes denuncian. Se protegen evitando que el poder pueda interferir, siquiera indirectamente, en el clima laboral de un ayuntamiento. Se protegen demostrando que un cargo público está sometido a estándares más exigentes que los de la mera supervivencia penal.
Hay otro aspecto preocupante: el mensaje que se envía a la ciudadanía de Móstoles. Muchas personas observan cómo se suceden los escándalos políticos y concluyen que los partidos solo se preocupan por mantenerse en el poder. Cuando un alcalde investigado por presunto acoso sexual y laboral recibe respaldo automático de su partido, esa desafección aumenta. La política aparece como una casta cerrada que protege a los suyos antes que dar explicaciones. Y eso erosiona la democracia mucho más que cualquier crítica periodística.
El PP debería entender que la ejemplaridad no se proclama en campaña: se demuestra en los momentos incómodos. Es fácil hablar de regeneración cuando el problema está en la bancada contraria. Lo difícil es aplicar los mismos criterios cuando el investigado gobierna bajo tus siglas. En Móstoles, el partido ha elegido la comodidad del cierre de filas frente a la responsabilidad institucional.
La justicia determinará lo que corresponda. Pero la política ya está hablando. Y lo que dice, de momento, es que para el PP la presunción de inocencia se ha convertido en coartada para no hacer nada. Frente a una investigación por presunto acoso sexual y laboral, no basta con esperar. Hace falta altura democrática, transparencia y medidas cautelares. Móstoles merece algo más que un partido atrincherado protegiendo a su alcalde. Merece un gobierno que ponga la dignidad de la institución por encima de los intereses de sus siglas.
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