|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En la era de la hiperconectividad, la extrema derecha ha encontrado en las redes sociales su trinchera más efectiva. No necesita tanques ni uniformes para avanzar; le bastan algoritmos, cuentas coordinadas y una narrativa de victimismo que transforma cada derrota electoral en un supuesto fraude. Colombia, con su historia de polarización y su frágil tejido institucional, se ha convertido en un laboratorio donde figuras como Iván Duque y Abelardo de la Espriella replican, con precisión quirúrgica, el manual de Donald Trump. Lejos de ser un fenómeno aislado, este “fascismo de plataformas” representa una estrategia calculada para erosionar la confianza democrática desde dentro, mientras se vende a sí misma como defensora de la libertad y el orden constitucional.
El concepto de “fascismo de plataformas” no es una metáfora retórica, sino una descripción precisa de cómo la derecha contemporánea ha adaptado sus métodos al ecosistema digital. A diferencia del fascismo clásico, que dependía de la movilización masiva en las calles y del control estatal directo, esta nueva variante opera mediante la saturación informativa, la microsegmentación de audiencias y la creación de realidades paralelas. En Colombia, esta dinámica se ha intensificado tras cada ciclo electoral. Lejos de aceptar los veredictos de las urnas, sectores de la derecha han construido un relato permanente de “robo”, alimentado por influencers, medios afines y redes de bots que amplifican dudas infundadas. El objetivo no es demostrar irregularidades, sino sembrar la desconfianza estructural en el sistema electoral, preparando el terreno para futuras movilizaciones de desobediencia civil o incluso para justificar intervenciones antidemocráticas bajo el disfraz de la “defensa de la patria”.
Figuras como Iván Duque, expresidente y hoy referente de la oposición de derecha, y Abelardo de la Espriella, abogado y articulador de narrativas conspirativas, han abrazado sin reparos la estrategia trumpista. Duque, que durante su mandato ya mostró una marcada tendencia a descalificar a la oposición y a instrumentalizar el discurso de la seguridad y la moralidad, ha encontrado en las plataformas digitales un megáfono para mantenerse relevante y polarizar. De la Espriella, por su parte, ha profesionalizado la difusión de teorías de fraude, presentándose como un “defensor de la transparencia” mientras financia y coordina campañas de desinformación que carecen de sustento probatorio ante cualquier instancia judicial seria. Ambos comparten un rasgo esencial con el expresidente estadounidense: la convicción de que la verdad es negociable y que el poder se sostiene mediante la repetición incansable de una mentira convenientemente empaquetada. No se trata de un error táctico, sino de una doctrina política que prioriza la lealtad partidista sobre la integridad institucional.
La acusación de fraude electoral se ha convertido en el comodín perfecto para la derecha colombiana. Cada vez que los resultados no les favorecen, activan un protocolo de deslegitimación que incluye demandas judiciales sin fundamento, llamados a la “auditoría ciudadana” y la movilización de bases a través de mensajes apocalípticos. Este patrón, calcado del “Stop the Steal” estadounidense, no busca corregir el sistema, sino paralizarlo. Al presentar cada elección como un campo de batalla existencial, la derecha justifica la radicalización de sus métodos y normaliza la violencia retórica contra funcionarios electorales, jueces y periodistas. Lo más preocupante es que esta estrategia ha calado en sectores de la clase media y alta, que ven en el discurso de la “defensa de la democracia” una cobertura moral para lo que, en realidad, es un intento de conservar privilegios mediante la desestabilización institucional.
La ironía histórica es palpable: la misma derecha que se presenta como baluarte de la legalidad y el orden republicano es la que más activamente socava sus pilares. Al negar la legitimidad de los procesos electorales, al financiar redes de desinformación y al alentar la desobediencia civil selectiva, la derecha colombiana no defiende la democracia; la instrumentaliza. El “fascismo de plataformas” no necesita un golpe de Estado al viejo estilo; le basta con que la ciudadanía dude de sus propias instituciones, con que el escepticismo se convierta en apatía y con que la polarización reemplace al debate. En este escenario, las urnas pierden su función de árbitro pacífico y se transforman en un pretexto para la guerra política permanente. Y mientras tanto, los verdaderos problemas del país—desigualdad, violencia, corrupción, falta de oportunidades—quedan sepultados bajo el ruido de las pantallas.
Colombia se encuentra en una encrucijada. La derecha, lejos de aprender de sus derrotas electorales o de renovar su propuesta política, ha optado por la vía de la deslegitimación sistemática, importando un modelo que ya ha demostrado su capacidad para fracturar sociedades y debilitar repúblicas. El “fascismo de plataformas” no es un fenómeno marginal; es la expresión digital de una élite que prefiere el caos controlado a la alternancia democrática. Frente a esto, la defensa de las instituciones no puede ser un acto de fe, sino un compromiso activo con la verificación, la transparencia y la educación cívica. Las redes sociales no son neutrales; son campos de batalla donde se decide el futuro de la democracia. Ignorarlo o normalizarlo es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, complicidad. Colombia merece una derecha que compita con ideas, no con algoritmos de odio. Hasta entonces, la democracia seguirá siendo un proyecto en resistencia.
Fuente: CTXT
