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El anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, de una “campaña de gran envergadura” para desmantelar la “amenaza” que, según Washington, supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense, no es una simple discrepancia jurídica. Es una declaración política de enorme gravedad. En el fondo, Estados Unidos no está defendiendo la soberanía como principio democrático ni como garantía de autodeterminación de los pueblos. Está defendiendo una vieja prerrogativa imperial: la pretensión de actuar en cualquier parte del mundo sin rendir cuentas ante nadie.
La Corte Penal Internacional no fue creada para perseguir opiniones, ni para invadir países, ni para sustituir caprichosamente a los tribunales nacionales. Su mandato es mucho más limitado y, precisamente por eso, más importante: investigar y juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Además, funciona bajo el principio de complementariedad: solo interviene cuando los Estados no pueden o no quieren investigar seriamente esos crímenes. Dicho de otro modo, un país que juzga de verdad a sus propios criminales de guerra no debería temer a la Corte. Quien la teme, quizá, teme otra cosa: que se rompa el pacto de impunidad.
Estados Unidos nunca ha aceptado plenamente esa lógica. Firmó el Estatuto de Roma al final del gobierno de Bill Clinton, pero no lo ratificó, y después la administración Bush retiró la firma. Desde entonces, Washington ha oscilado entre la hostilidad abierta y el uso oportunista de la Corte cuando le conviene. Si la CPI investiga a dirigentes rusos, africanos o enemigos geopolíticos de Estados Unidos, entonces puede ser presentada como una herramienta útil contra la barbarie. Pero si la misma institución se aproxima a crímenes cometidos por militares estadounidenses, agentes de inteligencia o aliados protegidos por Washington, de pronto se convierte en una amenaza intolerable.
Esa doble vara de medir es el núcleo del problema. Estados Unidos habla constantemente de un “orden internacional basado en reglas”, pero se reserva el derecho de decidir qué reglas se aplican, cuándo y contra quién. Invoca los derechos humanos para sancionar adversarios, justificar presiones diplomáticas o incluso intervenciones militares; pero cuando las víctimas señalan abusos cometidos por su propio aparato de guerra, el discurso cambia. Entonces ya no se habla de justicia universal, sino de “soberanía nacional”, de “seguridad”, de “intereses estratégicos” o de “ataques políticos”.
La historia reciente ofrece demasiados ejemplos incómodos: la invasión de Irak basada en falsedades, las torturas en Abu Ghraib, el sistema de detenciones indefinidas en Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, los asesinatos selectivos con drones, las víctimas civiles en Afganistán, Siria, Yemen o Pakistán. No todos esos hechos han sido investigados con la profundidad y la independencia que merecen. Y cuando las responsabilidades apuntan hacia arriba, hacia quienes diseñaron, autorizaron o encubrieron políticas criminales, la rendición de cuentas suele evaporarse.
Por eso la ofensiva contra la CPI no puede leerse como un tecnicismo legal. Es un mensaje dirigido al mundo: Estados Unidos quiere conservar libertad de movimiento para ejercer poder militar, político y económico sin el riesgo de que una instancia internacional examine sus actos. No hace falta atribuir intenciones secretas; basta observar el efecto práctico de la campaña anunciada. Desmantelar o debilitar la Corte Penal Internacional significa reducir las posibilidades de que víctimas de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad encuentren una vía de justicia cuando sus propios Estados no quieren o no pueden protegerlas.
El argumento de la soberanía, utilizado de esta forma, resulta cínico. La soberanía no debería ser un escudo para los poderosos, sino una responsabilidad ante la población y ante normas mínimas de humanidad. Si un Estado usa su soberanía para torturar, bombardear civiles, encubrir masacres o proteger a criminales, entonces no está defendiendo la libertad de su pueblo: está protegiendo a sus élites. La soberanía sin derechos se convierte en impunidad. Y la impunidad, cuando se combina con poder militar global, se convierte en amenaza para todos.
Además, atacar a la CPI desde el país más poderoso del planeta tiene consecuencias que van mucho más allá de Washington. Da argumentos a otros gobiernos autoritarios o militaristas que también desean escapar del escrutinio internacional. Si Estados Unidos puede despreciar a la Corte cuando le incomoda, ¿por qué no habrían de hacerlo Rusia, Israel, China, Arabia Saudí, Sudán o cualquier otro Estado acusado de atrocidades? La demolición selectiva del derecho internacional no produce más justicia; produce un mundo más brutal, donde cada potencia protege a los suyos y las víctimas quedan abandonadas.
Por supuesto, la Corte Penal Internacional no es perfecta. Ha sido criticada por su lentitud, por desequilibrios en sus investigaciones, por presiones políticas y por limitaciones materiales. Pero la respuesta a esas deficiencias debería ser fortalecerla, democratizarla, dotarla de más recursos y exigir coherencia universal, no destruirla. El remedio frente a una justicia incompleta no puede ser la ausencia total de justicia.
La campaña anunciada por Rubio revela una verdad incómoda: el problema de Estados Unidos con la CPI no es que la Corte sea demasiado poderosa, sino que podría llegar a ser lo suficientemente independiente. Washington no teme un tribunal injusto; teme un tribunal que no pueda controlar. Y esa es precisamente la razón por la que la comunidad internacional debería defenderlo.
Si Estados Unidos está seguro de la legalidad de sus acciones, debería cooperar con las investigaciones, abrir archivos, juzgar a los responsables y demostrar con hechos su compromiso con los derechos humanos. Pero intentar desmantelar el tribunal que juzga los peores crímenes internacionales transmite el mensaje contrario: el de una potencia que exige obediencia a las normas mientras se coloca por encima de ellas.
El mundo no necesita un imperio con inmunidad moral. Necesita reglas comunes, tribunales independientes y justicia para las víctimas, incluso cuando los acusados llevan uniforme estadounidense o cuentan con la protección de Washington. Porque si los crímenes más graves solo son crímenes cuando los cometen los enemigos, entonces ya no hablamos de justicia internacional. Hablamos de propaganda.
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