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Las relaciones entre el Estado español y la Iglesia Católica han entrado en una nueva fase de tensión dialéctica y política. Tras las recientes y polémicas declaraciones de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en las que calificó al actual Gobierno de coalición como una «amenaza para la democracia» y criticó duramente las leyes sociales de corte progresista, la respuesta del movimiento civil no se ha hecho esperar. Europa Laica, la principal organización en defensa del laicismo en España, ha elevado el tono para exigir al Ejecutivo una postura de firmeza democrática: el fin de la financiación pública a la Iglesia y la derogación definitiva de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.
El órdago de la CEE: ¿Religión o política partidista?
El detonante de esta nueva crisis han sido las palabras de monseñor Argüello, quien ha asumido un perfil marcadamente político. Para Europa Laica, estas declaraciones no son un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada de la jerarquía eclesiástica para intervenir en la agenda legislativa de un Estado que, según la Constitución de 1978, es aconfesional.
Argüello ha tildado de «deriva autoritaria» medidas relacionadas con los derechos reproductivos, la eutanasia o la diversidad sexual, alineándose con las posturas más reaccionarias del espectro político. Ante esto, la plataforma laicista denuncia que la Iglesia utiliza su posición de privilegio para actuar como un «lobby» de presión que intenta imponer su moral privada al conjunto de la ciudadanía, vulnerando el principio de soberanía popular.
La financiación: el «agujero negro» de las arcas públicas
Uno de los puntos centrales de la denuncia de Europa Laica (visibilizada a través de su portal laicismo.org) es el sistema de financiación. A pesar de que la Iglesia se comprometió hace décadas a alcanzar la autofinanciación, la realidad es diametralmente opuesta.
Según los datos analizados por la organización, el Estado español transfiere anualmente más de 11.000 millones de euros a la Iglesia Católica a través de diversos mecanismos: la casilla del IRPF, las exenciones de impuestos (como el IBI), las subvenciones a la educación concertada de ideario religioso, el mantenimiento del patrimonio y el pago de salarios a los profesores de religión en centros públicos.
Europa Laica sostiene que es «democráticamente inaceptable» que un Estado financie con dinero de todos —creyentes y no creyentes— a una institución que utiliza esos mismos recursos para atacar las leyes aprobadas en el Parlamento. La organización exige la eliminación inmediata de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, argumentando que ningún otro colectivo privado goza de tal privilegio de recaudación estatal.
Los Acuerdos de 1979: un anacronismo jurídico
El núcleo del problema, según el movimiento laicista, reside en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Estos tratados, firmados apenas unos días después de la aprobación de la Constitución, son considerados por Europa Laica como una continuación encubierta del Concordato franquista de 1953.
«No se puede construir una democracia plena sobre la base de unos privilegios diplomáticos que sitúan a la Iglesia por encima de la ley común», afirman desde la plataforma. La derogación del Concordato no es solo una cuestión de formas, sino de fondo: es el paraguas jurídico que permite que la Iglesia mantenga el control sobre gran parte del sistema educativo, que se apropie de bienes públicos mediante las inmatriculaciones y que goce de una opacidad fiscal que sería impensable para cualquier otra entidad.
Europa Laica insta al Gobierno a que pase de las palabras a los hechos. Consideran que la «tibieza» del Ejecutivo ha envalentonado a la Conferencia Episcopal. La exigencia es clara: la denuncia de estos tratados internacionales para que la Iglesia pase a regirse por el derecho común, como cualquier otra asociación civil.
Educación y Libertad de Conciencia
Otro caballo de batalla es la presencia de la religión en las aulas. Para Europa Laica, las críticas de Argüello a la educación pública son el reflejo de un intento de mantener el «monopolio doctrinal» sobre la infancia. La organización exige que la religión salga del currículo escolar y que se ponga fin a la financiación de centros concertados que segregan por sexo o que imponen dogmas religiosos por encima de los valores democráticos y científicos.
La laicidad, recuerda la organización, no es un ataque contra los creyentes, sino la garantía de que el Estado es neutral y protege la libertad de conciencia de todos. «La libertad religiosa es un derecho individual, no un privilegio corporativo para recibir fondos públicos», sentencian.
El silencio del Gobierno: una complicidad peligrosa
Desde laicismo.org se critica también la actitud de «perfil bajo» del Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de las promesas de campaña sobre la recuperación de los bienes inmatriculados o la revisión de la fiscalidad eclesiástica, los avances han sido tímidos o inexistentes.
Europa Laica advierte que ceder ante el chantaje dialéctico de la CEE solo debilita las instituciones democráticas. Por ello, hacen un llamamiento a la movilización social y parlamentaria para exigir una Ley de Libertad de Conciencia que sustituya a la actual y obsoleta Ley de Libertad Religiosa de 1980. Esta nueva ley debería sentar las bases de una separación efectiva entre Iglesia y Estado, garantizando que ninguna confesión tenga preeminencia ni financiación pública.
Conclusión: hacia una democracia laica
El conflicto desatado por las declaraciones de Luis Argüello ha puesto de manifiesto que el modelo de transición en materia religiosa está agotado. España es hoy una sociedad plural, diversa y mayoritariamente secularizada que ya no se reconoce en los privilegios de una jerarquía católica que se resiste a perder su influencia política.
La exigencia de Europa Laica es un recordatorio de que la democracia no está completa mientras existan estamentos exentos del control democrático y financiados por el erario público. El fin de la financiación y la derogación del Concordato no son propuestas radicales, sino requisitos básicos para alcanzar la plena igualdad ciudadana.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno. Ante los ataques frontales de la Iglesia, la respuesta solo puede ser más democracia y más laicismo. Como señalan desde Europa Laica: «Es hora de que la Iglesia Católica aprenda a vivir en libertad, pero sin el dinero y los privilegios de todos los españoles». El mantenimiento del statu quo ya no es una opción si se pretende defender la soberanía del Parlamento frente a las injerencias de la mitra.
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