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Se cumple un año. Un año desde que las calles de Torre Pacheco se convirtieron en un escenario de vergüenza colectiva, un año desde que las cacerías racistas organizadas por grupos de ultraderecha mancharon el nombre de la Región de Murcia y recordaron a toda España que el fascismo no es una reliquia del pasado, sino una amenaza palpable que se organiza en grupos de Telegram y actúa al amparo de la noche. Doce meses después, la cicatriz social sigue abierta, pero lo que es aún más grave, los responsables gozan de una impunidad tan absoluta como obscena. En cualquier democracia europea que se precie, los promotores de batidas contra seres humanos por el color de su piel estarían apartados, juzgados y condenados. Aquí, en la Región gobernada por Fernando López Miras, se sientan a la mesa con el Partido Popular para negociar los próximos presupuestos autonómicos.
Conviene no olvidar lo sucedido para entender la magnitud del escarnio actual. No fueron disturbios espontáneos ni estallidos de ira sin dirección. Fueron cacerías planificadas. Individuos armados con palos, navajas e incluso barras de hierro, organizados en patrullas, salieron a «dar caza» a migrantes, principalmente magrebíes, al grito de «a por los moros». Se distribuyeron puntos de vigilancia, se bloquearon accesos a las casas de familias migrantes y se creó un clima de terror étnico en el municipio. Aquello no fue un mero altercado de orden público: fue orquestado por militantes de extrema derecha, entre los que, según evidencias periodísticas y de investigaciones abiertas, se encontraban cargos públicos y orgánicos de Vox.
La respuesta institucional, entonces y ahora, ha sido una combinación tóxica de silencio, dilación y complicidad estructural. La Delegación del Gobierno, en manos del PSOE, tardó en reaccionar, pero el verdadero núcleo de la impunidad se encuentra en el gobierno autonómico de López Miras. El presidente murciano, que no ha tenido empacho en utilizar la inmigración como arma arrojadiza cuando le ha convenido, ha construido un cordón sanitario… pero al revés. En lugar de aislar a los racistas, los ha abrazado como socios prioritarios. El PP de Murcia ha decidido que prefiere gobernar con aquellos que justifican la violencia racial antes que ceder un ápice de su poder. Es la enésima línea roja traspasada sin consecuencias.
La pregunta que resuena con fuerza un año después es devastadora: ¿cómo es posible que los instigadores de estas cacerías no estén en prisión preventiva? ¿Cómo es que no se han producido detenciones masivas por delitos de odio agravados y asociación ilícita? La respuesta es tan simple como aterradora: porque el sistema judicial y político ha decidido mirar hacia otro lado, tratando la violencia racista con una condescendencia que jamás se aplicaría al terrorismo de signo contrario. Se ha normalizado que la extrema derecha actúe como un brazo paramilitar tolerado, siempre que el objetivo sean los de siempre: los pobres, los racializados, los migrantes. La maquinaria del odio funciona con el lubricante de la impunidad que le proporciona un gobierno que, lejos de combatirla, la blanquea.
Y vamos a la actualidad más indecente. Ese mismo Vox, cuyo aparato local en Torre Pacheco y en otras localidades murcianas está íntimamente ligado a los promotores de la violencia racista, es el socio indispensable para que López Miras saque adelante los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Mientras escribo estas líneas, delegados del partido ultra se sientan en la mesa del Palacio de San Esteban. No van a rendir cuentas por el terror sembrado, no van a pedir disculpas a las víctimas que aún viven con miedo. Van a negociar más racismo. Van a exigir, y lo harán, más recortes en programas de integración, más trabas a las ayudas sociales para migrantes, y más partidas para blindar la «seguridad» entendida como represión selectiva contra los barrios periféricos y las personas de origen extranjero. Están negociando el precio de su apoyo, y la moneda de cambio es el sufrimiento de los más vulnerables.
La connivencia de López Miras con Vox es ya una mancha indeleble en su biografía política. Cada beso institucional, cada apretón de manos, cada foto de familia después de un Consejo de Gobierno, es una bofetada a las decenas de familias que aquella noche de hace un año escondieron a sus hijos debajo de las camas, temiendo ser linchados. El presidente puede repetir hasta la saciedad que él no comparte el ideario de Abascal, pero sus actos lo desmienten categóricamente. Gobernar con los ultras no es un accidente ni una necesidad impuesta: es una elección. Una elección que implica asumir su agenda y, lo que es más grave, dar impunidad política a sus milicias. Cuando Vox pide la deportación masiva de menores no acompañados y el PP lo aplaude o lo transige en silencio, no hay diferencias sustanciales. El PP de Murcia ha decidido competir con la ultraderecha en su terreno, y en esa competición, la democracia y los derechos humanos son los primeros en ser sacrificados.
La impunidad es un monstruo insaciable. La absoluta impunidad de la que gozan estos individuos no es un fallo del sistema; es una característica deseada del mismo. Es un mensaje clarísimo dirigido a la sociedad murciana y al resto del país: aquí se puede aterrorizar a los migrantes, se puede deshumanizarlos públicamente y después sentarse a decidir sus vidas en un despacho público, sin que pase absolutamente nada. Tanta impunidad solo puede desembocar en más violencia. Ya lo advertimos hace un año: si no se actúa con la contundencia de la ley, estas acciones se repetirán. Y se están repitiendo en formas más sutiles pero igual de corrosivas: en la discriminación institucional, en los discursos de odio vertidos desde las tribunas públicas, y en la consolidación de un clima social donde es aceptable discutir si ciertas personas merecen tener derechos o no.
La Región de Murcia se desangra simbólicamente mientras sus gobernantes blanquean a los herederos de aquellos que ya hicieron sufrir a este país. No es una exageración: estamos ante un retroceso civilizatorio de proporciones históricas. La Mesa de la Asamblea Regional y los despachos del ejecutivo se han convertido en el confesionario donde se absuelven los pecados del fascismo callejero. Resulta francamente vomitivo escuchar al consejero de turno hablar de «convivencia» mientras su propio partido sostiene en el poder a quienes organizan contingentes para dar palizas al diferente.
Un año después, las víctimas de Torre Pacheco no han recibido justicia. No la han recibido en los juzgados, que avanzan con una exasperante lentitud mientras los agresores campan a sus anchas. Y no la han recibido, desde luego, en las instituciones, donde sus verdugos políticos son tratados con la alfombra roja que se le tiende a un socio estratégico. Esta es la foto fija de la Murcia de López Miras: la del racista como interlocutor válido y el migrante como moneda de cambio presupuestario. Por mucho que intenten embellecerlo con relatos de «buena gestión», el hedor de esta impunidad lo impregna todo. Que nadie olvide, dentro de un año y dentro de veinte, que aquí se permitió que el odio se organizara, golpeara y luego se sentara a negociar el presupuesto de todos. Porque tanta impunidad, inevitablemente, solo puede engendrar más infamia.
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