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Nueve décadas después del alzamiento militar que desencadenó la Guerra Civil y la posterior dictadura, un entramado de organizaciones políticas y culturales mantiene viva la apologética del franquismo. Pese a la Ley de Memoria Democrática de 2022, que prohíbe la exaltación del régimen y establece sanciones económicas, estas entidades continúan operando con registro legal y una influencia que inquieta a los sectores defensores de los derechos humanos.
Un legado persistente en el siglo XXI
Desde la muerte de Franco en 1975 España ha vivido una transición que, aunque exitoso en términos de consolidación democrática, no logró borrar por completo las raíces del franquismo. En los últimos años, la ultraderecha ha encontrado en internet y en determinadas fundaciones un altavoz para reivindicar la figura del dictador y glorificar el golpe de Estado de julio de 1936. Un estudio del Observatorio de la Memoria Histórica señala que, en 2023, más de 60 entidades –entre partidos políticos, asociaciones y fundaciones– mantenían actividades regulares orientadas a la defensa del legado franquista.
Estas organizaciones se articulan en torno a tres grandes ejes: la reivindicación histórica, la formación ideológica y la acción política. Algunas han conseguido personarse como partidos, otras operan bajo la figura de asociaciones culturales o fundaciones, lo que les permite acceder a financiación pública y privada, así como a espacios de visibilidad institucional.
El mapa de la ultraderecha: partidos, asociaciones y fundaciones
1. Partidos políticos con raíz franquista
Entre los partidos registrados destacan Falange Española de las JONS, Falange Auténtica y Renovación Nacional. Aunque sus resultados electorales son marginales, obtienen miles de votos en las elecciones regionales, lo que les da voz en cabildos y juntas municipales. Estos partidos organizan concentraciones, publican manifiestos y participan en actos commemorating the “alzamiento nacional”, rituales que, según la Ley de Memoria Democrática, pueden ser considerados apologética del franquismo.
2. Asociaciones culturales y de “memoria” revisionista
Organizaciones como Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Asociación de la Memoria Histórica “Viva la Guerra” (sic) y Instituto de Estudios Históricos de la España Contemporánea se presentan como académicas, pero su producción editorial y sus conferencias están plagadas de glorificación del régimen. La FNFF, por ejemplo, ha publicado biografías del dictador y organizado ciclos de cine que retratan la dictadura como una “época de orden y prosperidad”.
3. Fundaciones y think?tanks ultraconservadores
A ellos se suman fundaciones como Fundación Humanismo y Democracia y Fundación Culturalista, que aunque no llevan el nombre de Franco, editaron informes que minimizan las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Estos think?tanks cuentan con asesores jurídicos que desafían las interpretaciones de la Ley de Memoria Democrática, argumentando que la norma vulnera la libertad de expresión.
Marco legal y sanciones: la Ley de Memoria Democrática en acción
La Ley 2/2022 de Memoria Democrática, conocida como “Ley de Memoria Histórica” actualizada, prohíbe “la exaltación del franquismo” y establece un régimen sancionador que incluye multas de entre 10.000 y 150.000 euros para personas jurídicas que incurran en apologética. Además, permite la disolución administrativa de asociaciones cuyo fin sea la apología del régimen dictatorial.
En la práctica, la aplicación de la ley ha sido desigual. La Fiscalía de Sala de Derechos Humanos ha abierto expedientes contra varias de estas organizaciones, pero la lentitud judicial y la complejidad de definir qué constituye “exaltación” han frenado la ejecución de sanciones. Un informe de Público.es revela que, hasta la fecha, solo se han impuesto tres multas –dos a fundaciones y una a un partido–, por un total de 220.000 euros.
No obstante, la presión social ha obligado a algunas instituciones a revocar convenios de financiación. En 2023, la Comunidad de Madrid rescindió un contrato de patrocinio con la FNFF tras una campaña de organizaciones de memoria histórica. Sin embargo, muchas de estas entidades siguen recibiendo dinero a través de donations privadas, lo que complica la labor de control.
Respuesta institucional y activismo social
La Dirección General de Memoria Democrática ha puesto en marcha una unidad de seguimiento que monitoriza redes sociales y páginas web de estos grupos. En lo que va de año, la unidad ha solicitado el cierre de 15 dominios web por contener contenido claramente apologético, aunque la mayoría han sido migrados a servidores en el extranjero, eludiendo la jurisdicción española.
Paralelamente, movimientos ciudadanos como Plataforma por la Memoria y Coordinadora de Víctimas del Franquismo han intensificado sus campañas de denuncia. Sus portavocías exigen al Gobierno que se aplique de forma integral la ley y que se investiguen las conexiones financieras de estas organizaciones con empresas del IBEX 35. Según sus datos, al menos 12 grandes corporaciones habrían financiado, directa o indirectamente, eventos organizados por fundaciones revisionistas.
El papel de la educación y la cultura
Una de las estrategias más efectivas para desmontar la apología franquista es la educación. Varios colegios e institutos han incorporado en sus currículos unidades didáticas sobre la Guerra Civil y la dictadura, pero la falta de recursos y la resistencia de algunos sectores han frenado su implementación. Organizaciones como Memoria y Libertad promueven talleres en los que supervivientes del franquismo cuentan sus experiencias, un ejercicio de memoria que contrasta con la narrativa glorificadora de las fundaciones de ultraderecha.
En el ámbito cultural, festivales de cine y teatro han programado obras que abordan la represión franquista, mientras que exposiciones itinerantes como Memoria rota recorren museos de toda España, atrayendo a miles de visitantes. Estos actos culturales no solo ofrecen una visión crítica del franquismo, sino que también generan espacios de diálogo donde la sociedad civil puede confrontar los mitos que aún perviven.
Reflexión final: entre la ley y la memoria viva
A noventa años del golpe de Estado, España se encuentra en un punto de confluencia entre la legislación que busca proteger la democracia y un entramado ultraderechista que, a través de vías legales, sigue defendiendo un pasado dictatorial. La Ley de Memoria Democrática proporciona herramientas para perseguir la apología, pero su efectividad depende de la voluntad política, la agilidad judicial y, sobre todo, de una sociedad civil activa que exija verdad y justicia.
Mientras las fundaciones y partidos revisionistas continúe operando bajo el manto de la legalidad, la memoria democrática de España seguirá amenazada por quienes reescriben la historia. La tarea, por tanto, no es solo sancionar, sino construir un relato colectivo basado en los Derechos Humanos, en el que el franquismo sea recordado como lo que fue: un régimen de terror y opresión, y no un modelo a reivindicar. Solo así se podrá cerrar la herida abierta hace casi un siglo y avanzar hacia una convivencia verdaderamente democrática.
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