Noventa años después del golpe de Estado de 1936, España vuelve a discutir lo que parecía asentado por décadas de investigación histórica: que la dictadura franquista nació de una sublevación militar contra un gobierno legítimo, que desencadenó una guerra civil y que después construyó un régimen basado en la represión, el exilio, la censura y el miedo. Sin embargo, el viejo relato justificativo del franquismo, lejos de desaparecer, ha encontrado nuevas vías de difusión. Ya no se presenta siempre con camisa azul ni con himnos marciales: ahora circula en vídeos cortos, tertulias, canciones, hilos virales y propuestas legislativas bautizadas con palabras amables como “concordia”.
La paradoja es evidente. Mientras los archivos, los estudios universitarios y las exhumaciones han aportado cada vez más pruebas sobre la violencia franquista, una parte del debate público se ha desplazado hacia la sospecha permanente: “no fue para tanto”, “los dos bandos hicieron lo mismo”, “la República era el caos”, “Franco salvó a España”. Son frases simples, repetidas hasta la saciedad, que funcionan bien en redes sociales porque reducen procesos históricos complejos a consignas emocionales. No buscan comprender el pasado, sino convertirlo en munición política para el presente.
En ese terreno han ganado protagonismo los pseudohistoriadores: autores que se presentan como voces silenciadas por la “historia oficial”, aunque llevan años ocupando editoriales, platós y canales digitales. Su método suele ser reconocible: seleccionan datos aislados, exageran errores de la Segunda República, minimizan la represión franquista y construyen una falsa equivalencia entre democracia y dictadura. No debaten con la historiografía académica; la deslegitiman. No aportan una interpretación alternativa rigurosa; ofrecen una coartada moral para quienes desean rehabilitar el franquismo sin admitirlo abiertamente.
Las llamadas leyes de concordia son otro frente de esta batalla. Presentadas como intentos de superar la “división” o evitar el “sectarismo”, en la práctica tienden a diluir la especificidad de la dictadura y a rebajar las políticas de memoria democrática. El problema no está en promover la convivencia, sino en hacerlo a costa de borrar responsabilidades históricas. Concordia no significa amnesia. Una sociedad democrática puede aspirar a la reconciliación, pero no debería exigir a las víctimas que acepten el silencio como precio de la paz civil.
La memoria democrática no consiste en imponer una versión partidista del pasado, sino en reconocer hechos básicos: hubo un golpe militar, hubo una dictadura, hubo miles de represaliados, desaparecidos, encarcelados, depurados y exiliados. Hubo también un aparato estatal dedicado a perseguir al adversario político durante décadas. Equiparar esa maquinaria represiva con los desórdenes, violencias y conflictos previos a la guerra supone distorsionar la historia. No se trata de negar la violencia en la retaguardia republicana, estudiada y documentada, sino de impedir que se utilice como excusa para legitimar cuarenta años de dictadura.
Las redes sociales han acelerado el proceso. Lo que antes circulaba en círculos nostálgicos o publicaciones marginales ahora llega a adolescentes que nunca han leído un libro de historia sobre el periodo, pero consumen a diario fragmentos de vídeos, memes y canciones. La extrema derecha ha entendido que la batalla cultural no se gana solo en parlamentos, sino también en TikTok, YouTube, Instagram o X. Allí el revisionismo se presenta con estética juvenil, lenguaje provocador y una mezcla de victimismo y burla. El objetivo no siempre es convencer de forma inmediata, sino sembrar duda, ironizar sobre las víctimas y convertir el antifranquismo en algo “anticuado” o ridículo.
En ese ecosistema aparecen también raperos y creadores de contenido de extrema derecha que utilizan códigos de rebeldía para defender ideas profundamente reaccionarias. Se apropian de una estética nacida en culturas de resistencia y la ponen al servicio de mensajes autoritarios, nacionalistas o xenófobos. La operación es eficaz porque rompe expectativas: el discurso ultra ya no se presenta solo con solemnidad nostálgica, sino con ritmo, humor agresivo y provocación. Bajo la apariencia de transgresión, se normalizan consignas que hasta hace poco quedaban fuera del consenso democrático.
La normalización es, precisamente, el mayor éxito del revisionismo. No necesita que una mayoría se declare franquista. Le basta con desplazar los límites de lo aceptable: que se pueda llamar “régimen autoritario” a una dictadura sin mencionar sus crímenes; que se hable de “excesos” en lugar de represión planificada; que retirar placas franquistas sea presentado como sectarismo; que buscar fosas comunes parezca reabrir heridas y no cerrarlas con dignidad. Así, el neofranquismo avanza no solo cuando se reivindica a Franco, sino cuando se consigue que condenarlo sin matices parezca una posición partidista.
Este avance no se explica únicamente por la habilidad comunicativa de la derecha radical. También influye la fragilidad de la educación histórica, la precariedad del periodismo, la polarización política y el cansancio de una ciudadanía expuesta a demasiados conflictos simbólicos. Cuando la historia se enseña de forma superficial, el vacío lo llenan los relatos más simples. Cuando los medios buscan polémica constante, el pseudohistoriador obtiene el mismo espacio que el especialista. Cuando los partidos convierten la memoria en arma electoral, las víctimas vuelven a quedar atrapadas entre estrategias ajenas.
Frente a ello, la respuesta democrática no puede limitarse a la indignación. Hace falta pedagogía, rigor y presencia pública. Los historiadores deben estar en las aulas, pero también en los formatos donde hoy se forma opinión. Las instituciones deben proteger los archivos, apoyar las exhumaciones y garantizar que las leyes de memoria no dependan del vaivén electoral. Los medios deben distinguir entre pluralismo y falsificación: no todas las opiniones pesan lo mismo cuando unas se apoyan en pruebas y otras en propaganda.
La guerra de 1936 terminó oficialmente en 1939, pero la disputa por su significado continúa. No porque España esté condenada a vivir en el pasado, sino porque ese pasado sigue siendo utilizado para definir qué democracia queremos ser. Si la concordia se construye sobre el olvido impuesto, será una concordia débil. Si se construye sobre verdad, justicia y reconocimiento, puede ser duradera. Noventa años después, la pregunta no es si hay que recordar, sino quién escribe el recuerdo: quienes investigan los hechos o quienes buscan absolver a los verdugos.
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