|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En 2026, la empresa de inteligencia privada israelí Black Cube quedó en el centro de dos tormentas políticas separadas por miles de kilómetros: las elecciones presidenciales en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro denunció una supuesta injerencia para favorecer a Abelardo de la Espriella, y los comicios parlamentarios en Eslovenia, donde el primer ministro Robert Golob pidió a la Comisión Europea que investigara su posible participación en una campaña de desprestigio contra su Gobierno.
¿Qué es Black Cube?
Black Cube (B.C. STRATEGY LTD) es una compañía privada de inteligencia corporativa fundada en 2010 por antiguos miembros de los servicios de inteligencia de Israel, incluidos el Mossad y la inteligencia militar. Según su propia presentación, se especializa en “soluciones personalizadas para desafíos complejos”, ofreciendo servicios de recopilación de información, vigilancia encubierta y apoyo en litigios de alto nivel.
La empresa tiene sedes en Tel Aviv, Londres, Nueva York y Madrid, siendo esta última su única oficina en la Unión Europea. Documentación oficial reveló que su filial española, Black Cube Strategy Europe SL, operó de forma opaca entre 2016 y 2023, sin presentar cuentas anuales ni informes de gestión en el Registro Mercantil, lo que impide rastrear con claridad sus beneficiarios y actividades en la península ibérica y América Latina. En 2025, la matriz británica declaró ingresos de 33 millones de libras (unos 38 millones de euros), lo que refleja el gran volumen de capital que moviliza esta estructura de espionaje privado.
El caso colombiano: Petro, De la Espriella y las acusaciones de fraude
En Colombia, las elecciones presidenciales de 2026 culminaron con la victoria en segunda vuelta, el 21 de junio, del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien derrotó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. El presidente saliente, Gustavo Petro, se negó a reconocer la legitimidad del resultado y difundió una teoría sobre un fraude electoral orquestado por una trama internacional con Israel en el centro.
Petro acusó a Black Cube de estar en el núcleo de una red que habría amañado los resultados para darle la ventaja a De la Espriella, presentándolo como “el candidato ultraderechista del imperio” y vinculado políticamente a Álvaro Uribe Vélez. Según estas denuncias, la empresa israelí habría utilizado software y métodos de inteligencia para influir en la opinión pública y desacreditar al candidato de izquierda, en coordinación con intereses de Estados Unidos e Israel.
Hasta la fecha, el mandatario no ha presentado pruebas públicas que sustenten estas afirmaciones, y distintos medios han señalado que se trata de denuncias sin evidencia concreta. No obstante, el discurso de Petro alimentó un intenso debate sobre la posible injerencia extranjera en los procesos electorales latinoamericanos y reavivó críticas sobre el papel de firmas privadas de espionaje en la política regional.elpais+1
La tensión entre Petro y De la Espriella escaló rápidamente: el presidente electo acusó al mandatario saliente de intentar un “golpe de Estado” y rompió los puentes del empalme institucional, calificando a Petro de “tirano en ciernes” que busca perpetuarse en el poder. Petro, por su parte, reiteró en redes sociales que “Abelardo no ganó las elecciones”, consolidando un escenario de alta polarización y desconfianza mutua en la transición presidencial.
El caso esloveno: Golob, Jansa y la petición a Bruselas
Miles de kilómetros al norte, en Eslovenia, Black Cube apareció en otro escándalo de posible injerencia electoral. En marzo de 2026, pocos días antes de las elecciones parlamentarias del 22 de marzo, se filtraron en redes sociales grabaciones secretas de conversaciones con figuras políticas y empresariales eslovenas, en las que supuestamente se sugerían formas de influir en el Gobierno de centroizquierda de Robert Golob para acelerar trámites o conseguir contratos.
Algunas de las personas grabadas aseguraron que fueron engañadas en reuniones con supuestos inversores y que el material fue manipulado para comprometerlas y dar la impresión de actividades delictivas, con el objetivo de vincular al Gobierno con la corrupción. Investigadores y periodistas señalaron que la campaña de desprestigio estaba vinculada a Black Cube y al partido de derecha Slovenian Democratic Party (SDS), liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, quien admitió haberse reunido antes de las elecciones con un representante de la firma, aunque negó conocer a la empresa y rechazó las acusaciones.
Las autoridades eslovenas revelaron que cuatro operativos de Black Cube, fundada por exmiembros de las fuerzas de defensa israelíes, habían entrado en el país y realizado “vigilancia encubierta e interceptación telefónica” en Liubliana. Según informes, un jet privado transportó al director ejecutivo de Black Cube, Dan Zorella, al exjefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí, Giora Eiland, y a otros agentes, sospechosos de estar involucrados en las actividades vinculadas a las grabaciones filtradas.
El primer ministro Golob describió estas acciones como una “clara amenaza híbrida” contra la democracia eslovena y la Unión Europea. En una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió no solo una investigación, sino también el uso del caso para preparar una respuesta más eficaz y preventiva frente a futuras interferencias extranjeras. Golob subrayó que, “independientemente de quién sea el cliente y quién el contratista”, el caso representaba una “grave violación de los fundamentos de la democracia europea”.
Un patrón europeo y global
El expediente de Black Cube no se limita a Colombia y Eslovenia. La empresa ha sido señalada previamente por operaciones similares en otros países. En Rumanía, reconoció mediante un “acuerdo de culpabilidad” haber espiado e intimidado a Laura Kovesi, actual jefa de la Fiscalía General de la UE. En Hungría, se le vinculan campañas para atacar a activistas y periodistas críticos con el Gobierno de Viktor Orbán. También ha sido mencionada en contextos de desinformación contra candidatos de izquierda en Francia, Nueva York y Escocia.
Este historial ha llevado a varios Gobiernos y organismos a alertar sobre el riesgo de que firmas privadas de inteligencia, con vínculos en servicios de seguridad estatales, operen como actores no estatales capaces de influir en procesos electorales y debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. En Eslovenia, el secretario de Estado para la seguridad nacional e internacional, Vojko Volk, advirtió que Black Cube es conocida por publicar material fabricado en momentos “precisamente planificados”, justo antes de comicios, para desacreditar políticamente a ciertas personas.
Implicaciones para la democracia y la regulación
Los casos de Colombia y Eslovenia ponen de relieve un vacío regulatorio significativo: la actividad de empresas de inteligencia privada que operan transnacionalmente, con técnicas propias de servicios de Estado, pero sin la supervisión ni los controles aplicables a organismos públicos. En la UE, el escándalo esloveno fue presentado por Golob como un “test crucial” para el recién creado Centro Europeo de Resiliencia Democrática, cuya misión es proteger a los Estados miembros contra interferencias externas.
En América Latina, las acusaciones de Petro, aunque no probadas, reflejan una creciente preocupación por la posible combinación de operaciones de inteligencia, campañas de desinformación y financiación extranjera en procesos electorales. Más allá de la veracidad concreta de cada denuncia, el debate obliga a preguntarse hasta qué punto las democracias están preparadas para detectar y responder a este tipo de amenazas híbridas protagonizadas por actores privados con capacidades casi estatales.
La opacidad contable de Black Cube en España, sus reconocimientos judiciales de prácticas de coacción en Rumanía y su presencia en múltiples escándalos electorales sugieren que la comunidad internacional enfrenta un desafío nuevo: cómo regular, investigar y, en su caso, sancionar a empresas que convierten la información y la reputación en armas políticas, con efectos directos sobre la estabilidad de Gobiornos y la legitimidad de las urnas.gov+2
Mientras en Colombia la transición entre Petro y De la Espriella transcurre entre acusaciones mutuas y desconfianza, y en Eslovenia se aguardan los resultados de las investigaciones europeas, el nombre de Black Cube queda asociado a una pregunta incómoda: ¿quién vigila a quienes venden vigilancia?
Generado por PerplexityPRO
