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El último informe anual de SOS Racismo vuelve a poner sobre la mesa una realidad que muchos preferirían mantener en la sombra: el racismo institucional en España no solo persiste, sino que se dispara. No hablamos de incidentes aislados ni de actitudes individuales fácilmente condenables, sino de un problema estructural que atraviesa administraciones, cuerpos de seguridad, sistemas de atención y marcos legislativos. Es, en definitiva, el racismo que se ejerce desde el poder y con el respaldo —activo u omisivo— de las instituciones que deberían garantizar la igualdad.
Cuando el problema viene desde arriba
El racismo institucional es especialmente perverso porque se disfraza de normalidad burocrática. No necesita insultos ni agresiones explícitas para causar daño: le basta con procedimientos, controles selectivos, trabas administrativas y una indiferencia sistemática hacia quienes no encajan en el molde del ciudadano «de pleno derecho». Cuando una persona es parada por la policía únicamente por el color de su piel, cuando un trámite de extranjería se convierte en un laberinto kafkiano diseñado para agotar, o cuando el acceso a una vivienda o a un empleo se ve condicionado por el apellido o el acento, estamos ante manifestaciones concretas de este racismo estructural.
El informe de SOS Racismo documenta cómo estas prácticas no son excepciones, sino patrones. Los controles de identidad por perfil étnico siguen siendo una constante denunciada año tras año, pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Estas identificaciones selectivas no solo son ineficaces desde el punto de vista policial, sino que erosionan la confianza de comunidades enteras hacia las instituciones y refuerzan un mensaje devastador: hay ciudadanos de primera y ciudadanos sospechosos por defecto.
La ley de extranjería como fábrica de exclusión
Uno de los focos más preocupantes que señala el informe es el marco legal que regula la migración. La actual ley de extranjería, con su maraña de requisitos y su lógica de sospecha permanente, genera situaciones de irregularidad sobrevenida que empujan a miles de personas a la marginalidad. La burocracia no es neutral: cuando un sistema hace prácticamente imposible regularizar una situación administrativa, está fabricando exclusión de forma deliberada.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) siguen siendo, en este sentido, la expresión más brutal de este engranaje. Espacios donde se priva de libertad a personas que no han cometido delito alguno, únicamente por carecer de la documentación adecuada. Las denuncias sobre las condiciones en estos centros, la falta de garantías y los casos de maltrato constituyen una mancha democrática que España arrastra sin voluntad real de resolverla.
El coste humano de las cifras
Detrás de cada estadística del informe hay una vida truncada, una oportunidad negada, una dignidad pisoteada. Es fácil discutir sobre porcentajes y tendencias desde la comodidad del privilegio, pero conviene recordar que hablamos de personas que trabajan, pagan impuestos, crían a sus hijos y participan en la vida social de este país, y que sin embargo se ven tratadas como ciudadanas de segunda.
El racismo institucional tiene además un efecto multiplicador: legitima el racismo social. Cuando las propias instituciones tratan de manera diferenciada a las personas racializadas, envían un mensaje implícito que normaliza el prejuicio en la calle, en el trabajo, en la escuela. La discriminación institucional y la discriminación cotidiana se retroalimentan, creando un círculo vicioso difícil de romper.
El papel del discurso político
No puede analizarse el aumento del racismo institucional sin señalar el clima político que lo alimenta. La normalización de discursos xenófobos por parte de ciertas formaciones políticas, que vinculan migración con delincuencia o presentan a las personas migrantes como una amenaza, tiene consecuencias directas. Cuando estos mensajes se instalan en el debate público y son asumidos —o no suficientemente contestados— por partidos con responsabilidades de gobierno, se crea el caldo de cultivo perfecto para que las prácticas discriminatorias se recrudezcan.
El silencio o la tibieza ante estos discursos no es neutralidad: es complicidad. Las instituciones democráticas tienen la obligación no solo de no discriminar, sino de combatir activamente el racismo en todas sus formas.
Lo que está en juego
Frente a este panorama, resulta imprescindible una respuesta contundente. El informe de SOS Racismo no debería quedarse en un titular pasajero, sino convertirse en una hoja de ruta para la acción. Es urgente reformar la ley de extranjería, poner fin a los controles por perfil étnico, cerrar los CIE y establecer mecanismos independientes de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación institucional.
Pero más allá de las medidas concretas, lo que está en juego es el tipo de sociedad que queremos ser. Una democracia que se precie de serlo no puede permitirse tratar a parte de su población como ciudadanía de segunda. La igualdad no admite matices ni excepciones: o es para todos, o no es igualdad.
El racismo institucional nos interpela a todos. No basta con no ser racista en el plano individual mientras se toleran estructuras que discriminan sistemáticamente. La lucha antirracista exige un compromiso activo, tanto de las instituciones como de la ciudadanía. Ignorar el problema, minimizarlo o refugiarse en la comodidad de que «aquí no somos racistas» es precisamente lo que permite que el racismo siga creciendo.
El informe de SOS Racismo nos coloca ante un espejo incómodo. La pregunta es si tendremos el valor de mirarnos en él y actuar en consecuencia, o si preferiremos, una vez más, apartar la vista.
Generado por Claude opus 4.5 thinking
