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En una clínica improvisada de un suburbio de Nairobi o en la trastienda de una casa de pueblo en el interior de Uganda, el final es el mismo: una hemorragia imparable, una infección fulminante y una vida que se apaga entre sábanas empapadas en silencio. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, al menos 29 000 mujeres mueren en el mundo por complicaciones de abortos inseguros, la inmensa mayoría en países en desarrollo. Ocurre lejos de los focos de Washington, pero está íntimamente ligado a una decisión firmada en un despacho del Capitolio. La última víctima de la política exterior estadounidense no lleva uniforme ni habita una zona de guerra tradicional: es una mujer africana pobre, atrapada por la nueva y agresiva ofensiva de la administración de Donald Trump contra el derecho al aborto a escala planetaria.
Durante décadas, los grupos antiabortistas de Estados Unidos no se conformaron con ganar batallas domésticas. Organizaciones poderosas, respaldadas por iglesias evangélicas y grandes donantes conservadores, diseñaron una estrategia de presión tanto dentro como fuera del país para restringir el acceso al aborto. En casa, su mayor trofeo llegó con la revocación en 2022 de la sentencia Roe vs. Wade, que dinamitó medio siglo de protección constitucional a la interrupción del embarazo. Envalentonados por ese triunfo, los arquitectos de la restricción miraron con renovada ambición hacia el exterior. Ahora, el segundo mandato de Trump no solo aplaude ese legado; lo convierte en munición de una guerra cultural global que está costando vidas reales, sobre todo en África.
La herramienta más letal de esta ofensiva tiene un nombre tan aséptico como letal en la práctica: la Política de Protección de la Vida en Asistencia Sanitaria Global, heredera de la antigua “Ley Mordaza Global”. Restaurada y expandida por Trump en cuanto regresó al poder, prohíbe destinar un solo dólar de ayuda estadounidense en salud a cualquier organización extranjera que “realice, promueva, aconseje o remita activamente a pacientes para un aborto como método de planificación familiar”, incluso si esos servicios se financian con fondos no estadounidenses. No es una medida simbólica: Estados Unidos es el mayor donante mundial de ayuda en salud, y África, con sus frágiles sistemas sanitarios, es profundamente dependiente de esa asistencia para programas de planificación familiar, VIH/sida y salud materno-infantil.
La imposición de esta camisa de fuerza ideológica coloca a las ONG locales frente a un dilema imposible. Si quieren seguir recibiendo fondos —ya sea de manera directa o a través de cadenas de subvenciones— deben purgar cualquier actividad vinculada al aborto, incluso si la legislación de su país lo permite en ciertos supuestos. Muchas clínicas se ven forzadas a cerrar programas de asesoramiento integral, retirar información sobre métodos seguros o eliminar referencias a hospitales que practican interrupciones legales. Lo que Washington llama “protección de la vida” se traduce en una drástica reducción de servicios de salud sexual y reproductiva. El resultado no es un mundo sin abortos, sino un mundo con más abortos clandestinos, más hemorragias mal curadas y más muertes que no aparecen en los titulares.
El investigador principal del Instituto Guttmacher, experto en políticas transnacionales, lo resumió con crudeza en un informe reciente: “Por más que se intente impedir la discusión, el aborto es una realidad en todos los países. Cuando la ayuda estadounidense fuerza a las organizaciones a dejar de hablar de él, las mujeres no dejan de abortar; dejan de hacerlo en condiciones seguras”. El Centro para los Derechos Reproductivos documentó en su último mapa global cómo la Ley Mordaza ha provocado la desintegración de redes comunitarias en lugares como Uganda, donde los jóvenes dejaron de recibir educación sexual integral, o Mozambique, donde los suministros de anticonceptivos sufrieron interrupciones por la fragmentación de los canales logísticos. El efecto dominó avanza: menos anticonceptivos, más embarazos no deseados; más embarazos no deseados, más abortos de riesgo; más abortos de riesgo, más mortalidad materna evitable.
Los testimonios del terreno son demoledores. En una zona rural de Kenia, una trabajadora sanitaria describía, bajo anonimato, cómo su clínica solía derivar a víctimas de violación a un hospital de referencia, práctica que quedó prohibida tras la imposición de la nueva normativa. “Recibimos una circular del cooperante estadounidense con un lenguaje aterrador, amenazando con auditorías y cortes inmediatos de fondos si se detectaba que hablábamos de aborto. Ahora, cuando llega una niña violada, le limpiamos las heridas y callamos. No son abortos, son sus vidas lo que está en juego”, relató. No es retórica. La Organización Mundial de la Salud estima que en África oriental, donde la incidencia de abortos inseguros es mayor, la tasa de letalidad multiplica por 150 la de los países ricos donde la interrupción es legal y accesible.
El gobierno de Trump y sus aliados defienden la medida como una cuestión de principios: “Estados Unidos protege la vida desde la concepción y ningún contribuyente debe financiar indirectamente lo que considera un crimen”, repitió un portavoz del Departamento de Estado. Pero el argumento oculta una doble moral que indigna a activistas y gobiernos africanos. Mientras Washington prohíbe incluso la mención del aborto en consultas médicas financiadas por su ayuda, las mismas voces antiabortistas guardan silencio ante otras causas de mortalidad materna que requerirían intervenciones estructurales: la falta de agua potable, la ausencia de parteras capacitadas o la desnutrición crónica. Su batalla no es por la vida de las mujeres, sino por controlar lo que ocurre dentro del útero. Una vez nacida la criatura, la misma ideología que corta fondos para la planificación familiar suele oponerse a ampliar la cobertura sanitaria pública.
Además, la nueva ofensiva global de la administración Trump se despliega en un contexto de repliegue de otros donantes. La presiones inflacionistas y las crisis presupuestarias en Europa han debilitado la capacidad de respuesta de los sistemas multilaterales. La desconexión de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud —anunciada nuevamente por Trump en su regreso a la Casa Blanca— agrava el vacío. La combinación es explosiva: se retira financiamiento para funciones esenciales de coordinación sanitaria, se expulsan las voces científicas y se impone una mordaza a las organizaciones que quedan. En ese paisaje, las clínicas improvisadas siguen funcionando, solo que en condiciones más peligrosas, mientras los cementerios rurales se llenan de cruces anónimas con fechas recientes.
El movimiento antiabortista estadounidense ha encontrado en el gobierno de Trump el vehículo perfecto para exportar unos “valores” que, según ellos, constituyen un imperativo moral universal. Sin embargo, las mujeres africanas que mueren desangradas no conocen los entresijos ideológicos de Washington; simplemente se vieron abandonadas a mitad del camino. La historia no es nueva, pero adquiere ahora una virulencia inusitada: nunca antes un presidente estadounidense había convertido la restricción del aborto en un pilar tan explícito de su diplomacia pública, ni había utilizado con tal contundencia el arma de la ayuda humanitaria para imponer una doctrina religiosa a medio planeta.
La paradoja final está servida: la misma superpotencia que se atribuye la defensa de la vida está alimentando, meandro legislativo a meandro legislativo, una epidemia silenciosa de muertes evitables. Cada firma de decreto en el Despacho Oval significa menos anticonceptivos en manos de adolescentes ugandesas, menos médicos dispuestos a compartir información salvadora y más cuerpos de mujeres en las mesas de autopsias verbales que realizan los epidemiólogos locales. Exportar la revolución antiabortista no solo implica difundir un dogma; implica, literalmente, matar. Y el precio, como siempre, lo pagan quienes menos tienen, en el continente que Washington ha vuelto a convertir en campo de pruebas de su eterna guerra cultural.
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