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España deberá sentarse en el banquillo de Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decidido admitir a trámite, por primera vez en su historia, una demanda por presuntos malos tratos ocurridos en el interior de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) español. Los hechos se remontan a 2020, en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, una infraestructura que acumula un historial interminable de denuncias por opacidad y abusos. Que el tribunal europeo haya dado este paso no es solo un varapalo para la justicia española, sino la confirmación de lo que las organizaciones de derechos humanos llevan décadas denunciando: los CIE son agujeros negros donde el Estado opera con una impunidad casi absoluta, amparado por el silencio y la pasividad de las instituciones nacionales.
Para entender la gravedad de este caso, hay que remontarse a la naturaleza misma de estos centros. Los CIE no son prisiones, al menos no sobre el papel. Jurídicamente, son establecimientos de carácter no penitenciario donde se retiene a personas extranjeras con el único objetivo de garantizar su expulsión del territorio nacional. Sin embargo, la realidad es tozuda y cruda: quien pone un pie en un CIE experimenta un régimen de vida carcelario, o peor aún, pues carece de muchas de las garantías que el sistema penitenciario ordinario exige. En la Zona Franca de Barcelona, tras muros, vallas y un despliegue policial desproporcionado, se encierra a personas cuyo único «delito» ha sido no tener los papeles en regla. Se criminaliza la pobreza y se administra la exclusión.
La demanda admitida por el TEDH pone el foco directamente sobre la actuación de la Policía Nacional, cuerpo encargado de la custodia y gestión de estos centros. Los presuntos malos tratos de 2020 no son una anomalía en un sistema por lo demás impecable; son el síntoma de una enfermedad estructural. La policía opera en los CIE con una discrecionalidad alarmante. La falta de personal específicamente formado para el trato con poblaciones vulnerables —muchas de ellas víctimas de trata, refugiadas o con graves problemas de salud mental derivados del trauma migratorio— se suple con tácticas de control de masas y disuasión. Ante la menor alteración, la respuesta es casi siempre la fuerza física, el aislamiento en celdas de castigo y la privación de servicios básicos.
Pero el problema no reside únicamente en los agentes que supuestamente cometieron los malos tratos, sino en el aparato estatal que los protege. Cuando un interno se atreve a denunciar una agresión, se topa con un muro de goma. El mecanismo de quejas interno es gestionado por la propia policía, lo que genera una evidente falta de imparcialidad. Un interno denuncia a un policía ante otros policías. Las cámaras de videovigilancia, que teóricamente deberían garantizar la transparencia, suelen «fallar» en el momento clave, tener ángulos muertos convenientes o las grabaciones desaparecen por supuestos fallos técnicos. El corporativismo policial hace el resto: el silencio entre compañeros se impone sobre la verdad, y el interno es etiquetado como un mentiroso o un alborotador que busca beneficiarse del sistema.
A esto se suma la clamorosa inacción de la justicia española. Los jueces de instrucción que reciben las denuncias de los internos rara vez investigan a fondo. Se da por bueno el atestado policial, que suele invertir los roles: la víctima pasa a ser el agresor, acusado de atentado o desobediencia a la autoridad. El peso de la prueba recae sobre una persona encerrada, sin recursos, muchas veces sin conocimiento del idioma y en una situación de vulnerabilidad extrema, frente al testimonio uniformado de varios agentes. Esta asimetría procesal garantiza que la inmensa mayoría de las denuncias sean archivadas. El Estado, en definitiva, se investiga a sí mismo y, milagrosamente, casi siempre se absuelve.
Por eso, la decisión del TEDH es tan trascendental. Los demandantes agotaron la vía judicial en España, topándose con las puertas cerradas de unos tribunales que prefieren no ver lo que ocurre tras las vallas de la Zona Franca. Estrasburgo no solo examinará los presuntos malos tratos físicos de 2020, sino que juzgará la propia maquinaria de encubrimiento del Estado español. El tribunal europeo deberá determinar si España violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, no solo por la acción de los agentes, sino por la falta de una investigación efectiva, imparcial y rápida por parte de las autoridades nacionales.
El contexto de 2020 no es un dato menor. Fue un año marcado por la pandemia de COVID-19, que evidenció aún más la precariedad y el abandono institucional en los CIE. El hacinamiento, la falta de medidas sanitarias adecuadas y el terror al contagio en un espacio cerrado generaron un clima de máxima tensión. Las protestas de los internos por el miedo a morir en un centro de internamiento fueron respondidas con contundencia policial. En lugar de desalentar las entradas ante un riesgo sanitario evidente, el Ministerio del Interior mantuvo la máquina de expulsiones en marcha, tratando a las personas encerradas como meras mercancías en una cadena de montaje que no podía detenerse.
La admitación a trámite de esta demanda debe ser también una llamada de atención para la clase política española. Durante décadas, la gestión de la migración irregular ha sido delegada al Ministerio del Interior como un mero asunto de orden público y seguridad ciudadana. Los sucesivos gobiernos, del color que fueran, han mirado hacia otro lado mientras las ONG y el Defensor del Pueblo emitían informes demoledores sobre las condiciones de vida en estos centros. Las recomendaciones de cierre o de reforma profunda han caído en saco roto. El Estado se escuda en que los CIE son «necesarios» para el control de los flujos migratorios, pero ninguna necesidad administrativa puede justificar la suspensión de los derechos fundamentales.
El caso de la Zona Franca es la punta del iceberg de un sistema podrido. Que España deba responder ante Estrasburgo debería avergonzar a las instituciones democráticas del país. No se puede mantener un discurso de defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional mientras se mantienen centros de privación de libertad en el territorio nacional donde las garantías procesales son una quimera y los abusos policiales quedan en la más absoluta impunidad.
El TEDH tardará años en emitir su sentencia, pero el daño ya está hecho para el prestigio de la justicia española. Sea cual sea el fallo final, el mero hecho de que Estrasburgo tenga que investigar lo que los tribunales españoles se negaron a ver demuestra que el sistema de control policial interno es un fracaso. Los CIE, concebidos bajo una lógica punitiva y excluyente, no tienen cabida en un Estado que se presuma de derecho. Mientras no se cierre este modelo de encierro administrativo y no se desmantele el muro de impunidad que protege a quienes abusan de su uniforme, Estrasburgo seguirá siendo el único faro de esperanza para aquellos a quienes España les niega su dignidad y su voz.
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