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Hay fechas que los regímenes intentan borrar de los calendarios y que, sin embargo, permanecen grabadas a fuego en la memoria de los pueblos. El 21 de julio de 1970 es una de ellas. Aquel día, en pleno centro de Granada, la policía franquista abrió fuego contra miles de trabajadores de la construcción que se habían concentrado pacíficamente para reclamar lo más elemental: un salario digno y una jornada de trabajo humana. El balance fue estremecedor: seis heridos y tres obreros muertos. Antonio Huertas Remigio, de 21 años. Manuel Sánchez Mesa, de 27 años. Cristóbal Ibáñez Encina, de 43 años. Tres nombres, tres vidas segadas por las balas de quienes, en teoría, debían proteger a los ciudadanos y que, en la práctica, actuaban como brazo armado de un régimen que solo entendía el lenguaje de la represión.
Una huelga que desafiaba al miedo
Granada llevaba más de tres décadas sin vivir un conflicto laboral de semejantes dimensiones. Desde el final de la Guerra Civil, el silencio impuesto por el terror había ahogado cualquier expresión de protesta colectiva. Pero en el verano de 1970, los obreros de la construcción granadina decidieron que ya era suficiente. Se negociaba entonces un nuevo convenio del sector, y las reivindicaciones no podían ser más razonables: una subida salarial hasta las 240 pesetas diarias, jornada de ocho horas, la abolición del destajo —ese sistema que exprimía a los trabajadores hasta la extenuación— y el fin de las horas extras que convertían la vida del obrero en una sucesión interminable de jornadas agotadoras.
No pedían la revolución. Pedían poder alimentar a sus familias sin dejarse la salud y la vida en el andamio. Pedían tiempo para ver crecer a sus hijos. Pedían, en definitiva, ser tratados como seres humanos y no como bestias de carga al servicio del desarrollismo franquista.
La respuesta del régimen fue la de siempre: plomo. Cuando miles de huelguistas se concentraron en las céntricas calles granadinas, desafiando el férreo control policial, los agentes no dudaron en disparar contra la multitud desarmada. No hubo advertencias proporcionadas, no hubo contención, no hubo el más mínimo respeto por la vida de aquellos hombres. Hubo fuego real contra trabajadores cuyo único delito era exigir un convenio justo.
La policía como instrumento de terror
Conviene decirlo con claridad, porque la historia oficial ha tendido demasiadas veces a difuminar responsabilidades: aquello no fue un «incidente», ni un «enfrentamiento», ni unos «disturbios con víctimas». Fue una matanza. La policía franquista no actuó aquel día como fuerza de orden público, sino como lo que era en realidad: un instrumento de terror al servicio de una dictadura y de los intereses patronales. Su función no era proteger a la ciudadanía, sino proteger al régimen de la ciudadanía.
Los cuerpos policiales del franquismo estaban concebidos para eso. Formados en la lógica de la guerra contra el enemigo interior, impunes por definición, sabían que podían disparar contra obreros indefensos sin que jamás les fuera exigida responsabilidad alguna. Y así fue: una vez más, nadie pagó por esos asesinatos. Ni los agentes que apretaron el gatillo, ni los mandos que ordenaron o consintieron la carga, ni las autoridades civiles que ampararon la actuación. La impunidad fue total, absoluta, escandalosa. Tres familias quedaron destrozadas y el Estado ni siquiera se molestó en fingir que investigaba.
Esta impunidad no fue una anomalía, sino la norma. La misma que ampararía años después los crímenes de Vitoria en 1976, cuando la policía —ya en plena Transición— volvió a disparar contra trabajadores en huelga matando a cinco de ellos. La continuidad de los cuerpos represivos, de sus métodos y de su blindaje judicial es una de las deudas nunca saldadas de nuestra democracia.
La mentira de la «paz social»
Mientras los obreros granadinos caían abatidos en la calle, la propaganda franquista seguía maquillando la realidad con su cantinela habitual: España vivía en «paz social» y disfrutaba de una «bonanza económica» sin precedentes. Los famosos veinticinco años de paz, los planes de desarrollo, el milagro español.
Pero aquella paz era la paz de los cementerios y de las comisarías. Una paz mantenida mediante una férrea represión: sindicatos libres prohibidos, huelgas ilegalizadas, militantes obreros torturados en los sótanos de la Dirección General de Seguridad, tribunales de excepción condenando a años de cárcel por repartir octavillas. Y aquella bonanza era una bonanza forjada sobre los hombros de los trabajadores, que ocultaba cuidadosamente sus verdaderas causas: los sueldos más bajos de Europa occidental, que hacían de España un paraíso para la inversión extranjera; miles y miles de emigrantes trabajando en Alemania, Francia, Suiza o Bélgica, cuyas remesas sostenían la balanza de pagos del régimen que los había expulsado; y un sindicalismo vertical domesticado, la Organización Sindical franquista, cuya función no era defender a los trabajadores sino controlarlos y desactivar cualquier conato de protesta.
El «milagro económico» español fue, en buena medida, el milagro de la explotación sin resistencia posible. Cuando la resistencia apareció, se respondió con balas.
Algo estaba cambiando
Y sin embargo, a pesar del miedo, a pesar de los muertos, a pesar de la maquinaria represiva, algo estaba cambiando a principios de los años setenta. Las huelgas mineras de Asturias, la huelga del metro de Madrid, la masiva huelga de la construcción en Granada: por todo el país, la clase trabajadora empezaba a perder el miedo y a organizarse al margen de las estructuras oficiales. Las Comisiones Obreras crecían en la clandestinidad, las asambleas se multiplicaban, la dictadura descubría que ya no podía garantizar a la patronal la docilidad eterna de la mano de obra.
Los tres obreros asesinados en Granada no murieron en vano, aunque esa constatación no consuele. Su sacrificio forma parte de la larga y costosa lucha que acabó erosionando los cimientos del franquismo y conquistando las libertades sindicales y democráticas de las que hoy disfrutamos, a menudo sin recordar su precio.
Memoria contra el olvido
Más de medio siglo después, Antonio Huertas, Manuel Sánchez y Cristóbal Ibáñez siguen esperando justicia. No la tendrán ya en los tribunales, porque la impunidad se consumó hace décadas. Pero sí pueden tenerla en la memoria colectiva: recordando quiénes eran, por qué luchaban y quiénes los mataron. Porque un país que olvida que su policía disparó contra obreros indefensos, y que nadie respondió jamás por ello, es un país condenado a no entender su propia historia. Y a repetir, quizá, sus peores capítulos.
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