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La política colombiana atraviesa uno de los momentos más inquietantes de su historia democrática reciente. La propuesta del senador electo Alejandro Bermeo de instaurar una «Semana Anticomunista» en todos los colegios del país no es un episodio aislado ni una ocurrencia parlamentaria más: constituye la primera salva de la batalla cultural que el gobierno ultraconservador de Abelardo de la Espriella pretende librar desde el 7 de agosto, cuando asuma la presidencia con una agenda que combina fundamentalismo cristiano, anticomunismo trasnochado y sumisión geopolítica a Washington. Se trata, en esencia, de trasplantar al suelo colombiano el manual reaccionario ensayado por Ron DeSantis en Florida, ignorando las particularidades históricas de un país que aún sangra por las heridas de un conflicto armado de seis décadas.
Un calco tropical del modelo floridano
Bermeo no ha ocultado su fuente de inspiración. La legislación impulsada por el gobernador republicano de Florida, que obliga a las escuelas a dedicar tiempo curricular a denunciar los «males del comunismo», ha sido el molde exacto sobre el que se ha vaciado esta propuesta. El problema, más allá del servilismo intelectual que implica importar debates ajenos, es que Colombia no es Florida. Miami puede permitirse el lujo folclórico de exorcizar fantasmas ideológicos porque su relación con el comunismo es esencialmente diaspórica y simbólica. Colombia, en cambio, es un país donde el anticomunismo no ha sido una postura académica sino una excusa operativa para el exterminio.
Fueron etiquetados como «comunistas» los miles de militantes de la Unión Patriótica asesinados en los años ochenta y noventa. Fueron llamados «comunistas» los líderes sindicales masacrados en las bananeras, los defensores de derechos humanos ejecutados en las regiones, los profesores universitarios amenazados, los campesinos desplazados por el paramilitarismo. En Colombia, la palabra «comunista» ha funcionado durante décadas como sentencia de muerte, no como categoría de análisis político. Reintroducirla ahora, con carácter oficial y desde las aulas, es reactivar un dispositivo de estigmatización con consecuencias históricamente comprobadas.
De la Espriella: el abogado de los impresentables llega al poder
La figura de Abelardo de la Espriella condensa todo lo que la derecha colombiana ha producido en su versión más extrema. Abogado de narcotraficantes, paramilitares y políticos investigados por vínculos con el crimen organizado, De la Espriella construyó su carrera pública a golpe de provocación mediática, ostentación grosera y una retórica incendiaria que hace parecer moderado al propio Álvaro Uribe. Su llegada al poder representa la culminación de un proceso de radicalización de la derecha colombiana que abandonó definitivamente cualquier pretensión de centrismo democrático para abrazar sin pudor los códigos del trumpismo, el bolsonarismo y el mileísmo.
Su agenda declarada —cristiana, anticomunista y «alineada con Washington»— es en realidad un programa de subordinación integral. Cristiana, porque pretende imponer una visión confesional del Estado en un país constitucionalmente laico. Anticomunista, porque necesita fabricar un enemigo interno permanente para justificar políticas de mano dura y desmontar cualquier conquista social. Y alineada con Washington, porque renuncia expresamente a cualquier proyecto de política exterior soberana, convirtiendo a Colombia en el peón regional de una potencia que, por lo demás, atraviesa su propia crisis democrática bajo el segundo mandato de Trump.
La escuela como campo de batalla ideológica
La elección del ámbito educativo no es casual. Toda derecha reaccionaria comprende que la disputa por el sentido común comienza en las aulas. Adoctrinar a la infancia y a la adolescencia con una versión maniquea de la historia —donde el capitalismo es la libertad y toda crítica social es «comunismo»— permite fabricar una base electoral inmunizada contra el pensamiento crítico. La «Semana Anticomunista» no busca educar: busca inocular. No pretende que los estudiantes conozcan la historia del siglo XX en su complejidad, sino que asocien cualquier demanda de justicia social con los peores capítulos del estalinismo o del régimen de Corea del Norte.
Esta operación pedagógica resulta particularmente perversa en un país donde los verdaderos capítulos de horror del siglo XX no fueron protagonizados por comunistas sino por el Estado y sus aliados paramilitares. ¿Se enseñará en esa semana el genocidio de la Unión Patriótica? ¿Se estudiarán los falsos positivos, con más de seis mil jóvenes asesinados por el Ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate? ¿Se abordará el papel de las multinacionales bananeras en las masacres de trabajadores? Evidentemente no. La memoria histórica que se pretende imponer es selectiva, mutilada y funcional al proyecto de poder.
El silencio cómplice y la necesidad de resistencia
Preocupa la tibieza con que sectores del establecimiento mediático y político colombiano están recibiendo estas propuestas. Se normalizan iniciativas que, hace apenas una década, habrían sido descartadas como delirios extemporáneos. La derrota electoral del progresismo tras el gobierno de Gustavo Petro parece haber envalentonado a las fuerzas más regresivas, que interpretan su victoria no como un mandato para gobernar con moderación sino como licencia para refundar el país sobre bases autoritarias.
Frente a este escenario, la comunidad educativa colombiana —maestros, rectores, universidades, familias— enfrenta un desafío histórico. Aceptar la «Semana Anticomunista» sería aceptar que el Estado convierta las aulas en púlpitos ideológicos, violando la autonomía escolar, la libertad de cátedra y el pluralismo consagrado en la Constitución de 1991. La resistencia debe ser jurídica, pero también pedagógica y cultural: ninguna imposición ministerial puede sustituir el pensamiento crítico que constituye la esencia misma de la educación.
Epílogo: el pasado que regresa
Colombia ya conoce las consecuencias de gobiernos que fabrican enemigos internos para justificar la violencia. El anticomunismo militante fue la coartada intelectual del paramilitarismo, la excusa doctrinaria de la Doctrina de Seguridad Nacional, el aceite ideológico de las masacres. Reeditar ese discurso desde la Presidencia y desde los colegios, en pleno siglo XXI, no es defender la democracia: es preparar el terreno para su demolición.
El gobierno de De la Espriella apenas comienza y ya muestra sus cartas. La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y sobre todo el pueblo colombiano deberán decidir si permiten que la historia se repita, esta vez con uniforme escolar y timbre de recreo, o si construyen los diques democráticos capaces de contener una restauración autoritaria que, disfrazada de cruzada moral, amenaza con devolver al país a sus peores décadas.
Generado por Claude Opus 4.7 thinking
