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Desde 2022, la frecuencia y la gravedad de los incendios forestales han aumentado un 57 % en Europa. La OMS advierte de los riesgos respiratorios y cardiovasculares de unas humaredas tóxicas que ya no respetan fronteras. Y, sin embargo, una parte creciente del arco político europeo sigue insistiendo en que aquí no pasa nada.
Hay cifras que deberían bastar para clausurar un debate. Un incremento del 57 % en la frecuencia y la severidad de los incendios forestales en Europa desde 2022 no es una fluctuación estadística ni un mal verano: es la firma inconfundible de un continente que ha cambiado de clima. Los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) dibujan la misma tendencia desde hace una década: temporadas que empiezan antes, terminan después y queman más hectáreas, con años recientes que han pulverizado récords históricos y superado el millón de hectáreas calcinadas en el conjunto de la UE.
La mecánica es tan aburrida como implacable. Cada grado adicional de temperatura media aumenta la capacidad de la atmósfera para retener humedad, lo que reseca la vegetación y el suelo. Las olas de calor se encadenan con sequías más largas; los combustibles vivos y muertos alcanzan niveles de humedad críticos; y cuando salta la chispa —casi siempre humana: una colilla, una chispa eléctrica, una quema agrícola descontrolada, a veces un incendiario— el fuego ya no encuentra freno. Los servicios de extinción de media Europa hablan de un fenómeno nuevo: los incendios de sexta generación, tormentas de fuego capaces de generar su propia meteorología, con columnas convectivas que colapsan y proyectan pavesas a kilómetros de distancia. Contra eso no hay hidroavión que valga. El único cortafuegos eficaz es no llegar a ese punto.
El asesino silencioso: la columna de humo
Las imágenes que llegan cada agosto son las de la llama, el pueblo evacuado, el bombero exhausto. Pero la advertencia de la Organización Mundial de la Salud apunta a un daño más discreto y mucho más extenso: el humo.
Las humaredas de los incendios forestales contienen partículas finas PM2,5, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y, cuando arden viviendas, vehículos o vertederos, un cóctel de metales pesados y sustancias cancerígenas. Diversos estudios sugieren que las PM2,5 de origen forestal pueden ser más tóxicas para el sistema respiratorio que las de la contaminación urbana ordinaria. Las consecuencias documentadas son crisis asmáticas, exacerbaciones de EPOC, infartos, ictus, partos prematuros y bajo peso al nacer.
Y aquí está la clave política: el humo viaja. Las columnas de los incendios ibéricos han oscurecido cielos en Francia y el Reino Unido; el humo de los megaincendios canadienses cruzó el Atlántico. Un incendio en Grecia o en Galicia no es un problema local: es un episodio de contaminación continental que golpea sobre todo a niños, personas mayores, embarazadas, enfermos crónicos y trabajadores al aire libre. Es decir, a quienes no pueden encerrarse en una casa con filtros de aire.
La coartada del incendiario
Frente a esta evidencia, el negacionismo climático ha dejado de negar la física —resulta difícil sostener que no hace calor cuando el termómetro marca 45 grados— y ha mutado hacia algo más eficaz: la distracción.
El argumentario es previsible y se repite, casi calcado, de Vox a la AfD, de Reagrupación Nacional a Chega, del PVV neerlandés a los Hermanos de Italia. Primero: «los incendios los provocan los pirómanos, no el clima». Es una falacia de manual, la confusión deliberada entre la ignición y la propagación. Sí, la mayoría de los incendios tienen origen humano; siempre lo han tenido. Lo que ha cambiado no es el número de cerillas, sino que el paisaje se ha convertido en un polvorín. Segundo: «el problema es que los ecologistas impiden limpiar los montes». Una caricatura que ignora que la acumulación de biomasa se debe al abandono rural, a la desaparición de la ganadería extensiva y a la falta de inversión pública en gestión forestal, no a un decreto verde. Tercero, y ya en el terreno de la conspiración: la insinuación de que los incendios son provocados para «justificar la Agenda 2030», instalar parques eólicos o expropiar tierras. Basura informativa que circula por Telegram y X mientras los equipos de emergencia intentan trabajar.
Este relato no es inocente ni improvisado. Cumple una función precisa: desconectar el fuego del combustible fósil. Si el problema son cuatro pirómanos y unos burócratas de Bruselas, entonces no hay que tocar ni una refinería, ni un subsidio a la aviación, ni un plan de expansión de autopistas.
De la retórica al desmantelamiento
El coste de esta ideología no se mide en tuits, sino en legislación derogada. En la última legislatura europea hemos asistido a una ofensiva sistemática contra el Pacto Verde: la Ley de Restauración de la Naturaleza —precisamente el instrumento diseñado para recuperar humedales, mosaicos agroforestales y bosques resilientes, es decir, paisajes que frenan el fuego— estuvo a punto de descarrilar tras una campaña de desinformación orquestada por la extrema derecha y secundada por sectores del centroderecha. Se han retrasado objetivos de reducción de pesticidas, se ha diluido la normativa de deforestación importada y se presiona para rebajar las metas climáticas de 2040.
La paradoja es cruel: los territorios que más votan a estas formaciones son, con frecuencia, los que primero arden. La España vaciada, el interior portugués, el sur de Francia, las islas griegas. Quienes prometen «defender el mundo rural» votan sistemáticamente contra las políticas de restauración del paisaje, contra la financiación de servicios públicos de prevención y contra los planes de adaptación que protegerían esas mismas comarcas. Ofrecen identidad y enemigos externos; entregan cenizas.
Adaptarse no es rendirse, negar sí es suicida
Nada de esto exime de responsabilidad a los gobiernos que han preferido invertir en espectaculares campañas de extinción antes que en la nada fotogénica prevención. Los brigadistas siguen siendo, en buena parte de Europa, trabajadores estacionales, mal pagados y sin reconocimiento de enfermedad profesional pese a inhalar carcinógenos durante meses. Falta una red europea de alerta sanitaria por humo, faltan refugios con aire filtrado en residencias y escuelas, falta gestión activa del territorio con pastoreo, mosaicos agrícolas y quemas prescritas.
Pero la diferencia es sustancial: quien gestiona mal puede corregir; quien niega el diagnóstico condena al paciente. Europa se enfrenta a una elección que ya no admite ambigüedad. Se puede discutir el ritmo, los instrumentos, el reparto de costes de la transición. Lo que no se puede es seguir concediendo estatus de «opinión legítima» a quienes convierten la ignorancia deliberada en programa electoral.
El humo, insistamos, no consulta el censo electoral antes de entrar en unos pulmones. Ese 57 % es una factura que ya estamos pagando todos —en hectáreas, en euros, en ingresos hospitalarios y en vidas—. La única pregunta pendiente es cuántos veranos más estamos dispuestos a quemar antes de dejar de escuchar a quienes juran que no huele a nada.
Generado por Claude Opus 5 max
