|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Europa Laica denuncia que la atención espiritual en hospitales públicos debería ser asumida íntegramente por las confesiones religiosas, no por los contribuyentes andaluces
En un contexto en el que la sanidad pública andaluza acumula listas de espera interminables, déficits de personal sanitario y reivindicaciones históricas de enfermeros y médicos por unas condiciones laborales dignas, el Gobierno autonómico presidido por Juanma Moreno Bonilla (PP) ha decidido destinar 1,8 millones de euros anuales al sostenimiento de 117 capellanes católicos que ejercen su ministerio en los hospitales públicos de la comunidad autónoma. La cifra, que puede parecer menor en el cómputo global de los presupuestos sanitarios, encierra una cuestión de principio que afecta directamente a la laicidad del Estado, a la neutralidad religiosa de las instituciones públicas y al respeto a la diversidad de creencias de la ciudadanía.
La noticia, difundida por medios como Público, no ha pasado desapercibida para organizaciones como Europa Laica, que ha expresado su frontal desacuerdo con esta práctica. Según esta entidad, «la libertad religiosa es un derecho individual a respetar, pero la atención espiritual debería ser sufragada en su totalidad por las confesiones e iglesias o sus propios fieles». Una afirmación que, lejos de ser radical, resulta coherente con los principios constitucionales de aconfesionalidad que, al menos en teoría, rigen el Estado español desde 1978.
Un vestigio concordatario que se resiste a desaparecer
Para comprender esta situación es imprescindible remontarse a los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, firmados en los albores de la Transición como parte de los pactos que facilitaron la consolidación del sistema democrático. Dichos acuerdos, que nunca fueron derogados ni sustituidos por una ley de libertad religiosa plenamente laica, establecieron la obligación de los poderes públicos de garantizar la asistencia religiosa católica en instituciones como hospitales, prisiones y cuarteles. Casi medio siglo después, aquellos compromisos siguen operando como un corsé que condiciona la neutralidad de las instituciones del Estado.
El caso andaluz resulta especialmente significativo porque ilustra cómo el Partido Popular, lejos de cuestionar este marco heredado, lo refuerza y actualiza con cada ejercicio presupuestario. Los 1,8 millones de euros anuales no son una partida residual ni una herencia burocrática inadvertida: son una decisión política deliberada que prioriza la atención espiritual católica frente a otras necesidades sanitarias y sociales mucho más acuciantes.
¿Y los ciudadanos no católicos?
España es, según el CIS, un país donde la práctica religiosa activa se ha reducido drásticamente en las últimas décadas. Los datos más recientes indican que menos del 20% de la población asiste a misa con regularidad, mientras que el ateísmo, el agnosticismo y la indiferencia religiosa crecen de forma sostenida, especialmente entre las generaciones más jóvenes. A esto se suma una realidad cada vez más diversa: musulmanes, ortodoxos, evangélicos, budistas, hindúes, judíos y ciudadanos sin confesión alguna forman parte del mosaico social andaluz.
Sin embargo, el modelo de capellanía hospitalaria sostenido por la Junta de Andalucía reproduce una lógica exclusivamente católica. Los 117 capellanes, según los datos disponibles, pertenecen a la Iglesia católica y responden a las directrices de la Conferencia Episcopal Española. No existe un servicio equivalente, ni mucho menos financiado con dinero público, para otras confesiones. Tampoco se contempla la figura del cuidador o consejero espiritual laico, una alternativa que países como Reino Unido, Países Bajos o los países nórdicos han adoptado para ofrecer acompañamiento emocional y espiritual a pacientes de cualquier creencia o sin ninguna, siempre dentro del ámbito del sistema público de salud.
Esta asimetría no solo genera un trato desigual entre ciudadanos en función de su fe, sino que envía un mensaje implícito: la espiritualidad que el Estado reconoce, apoya y financia es, en exclusiva, la católica. Un mensaje difícilmente compatible con el artículo 16 de la Constitución Española, que prohíbe a los poderes públicos tener en consideración religión alguna como elemento de discriminación.
Europa Laica y la exigencia de separación Iglesia-Estado
Europa Laica, organización que desde 2001 trabaja por la defensa del laicismo como garantía de igualdad y libertad, ha sido una de las voces más claras en la denuncia de este tipo de prácticas. Su posición no se dirige contra la religión ni contra los creyentes —algo que la organización reitera una y otra vez—, sino contra la utilización de fondos públicos para financiar funciones que corresponden a las propias confesiones. Si la Iglesia católica considera esencial la presencia de capellanes en los hospitales, argumentan, es legítimo que los provea: pero que lo haga con sus propios recursos, como hacen el resto de organizaciones religiosas y laicas.
Además, Europa Laica ha señalado reiteradamente que la financiación de capellanes no es un gasto aislado, sino parte de un entramado más amplio de privilegios fiscales, educativos y sociales que la Iglesia católica disfruta en España. Desde la exención del IBI hasta la asignación tributaria de la casilla del IRPF, pasando por la financiación de centros concertados religiosos, el Estado español mantiene un sistema que, en la práctica, contradice el principio de aconfesionalidad proclamado en la Carta Magna.
La sanidad pública como espacio de inclusión, no de exclusión
Un hospital público debe ser, por definición, un espacio inclusivo donde cualquier paciente, independientemente de su origen, su orientación sexual, su ideología o su creencia, se sienta respetado y atendido en todas sus dimensiones, incluida la espiritual. Pero precisamente por ello, la respuesta no puede consistir en imponer un modelo confesional único y financiado con dinero de todos los contribuyentes.
Existen alternativas probadas y eficaces: los equipos de cuidados paliativos multidisciplinares que integran psicólogos y trabajadores sociales formados en acompañamiento existencial; los servicios de atención espiritual interreligiosos o laicos, como los que funcionan en el sistema sanitario británico (chaplains de múltiples confesiones y secular pastoral carers); o simplemente la potenciación de los servicios de psicología clínica, que abordan el sufrimiento emocional y existencial del paciente desde un enfoque científico y universal.
Invertir 1,8 millones de euros anuales en estas alternativas redundaría en una mejora tangible de la calidad asistencial, accesible a todos los pacientes sin discriminación. Dedicarlos a 117 capellanes católicos, en cambio, perpetúa un modelo anacrónico que, en el mejor de los casos, solo atiende a una parte de la población y, en el peor, invisibiliza y excluye al resto.
Conclusión: laicidad como garantía de igualdad
La decisión del Gobierno andaluz del PP no es un gesto pastoral inocente: es una opción política que refuerza los vínculos entre el poder institucional y la Iglesia católica en un momento en que la sociedad española reclama, precisamente, lo contrario. Mientras la Junta recorta en determinados servicios sanitarios, mantiene plazas de interinos sin convocar o infrautiliza recursos de Atención Primaria, encuentra presupuesto para sostener una red de capellanías que debería pertenecer, si acaso, al ámbito privado de cada confesión.
La laicidad no es enemiga de la religión. Es, simplemente, la garantía de que el Estado no toma partido por ninguna y trata a todas —y a quienes no profesan ninguna— con igualdad. Algo que, visto lo visto, al Gobierno de Andalucía parece importarle bien poco.
Generado por Mimo v2.5 pro
