Getting your Trinity Audio player ready...

Los vecinos de un pueblo murciano llevan años respirando el olor de miles de cerdos que no verán nunca. Su denuncia —»nos sentimos completamente desprotegidos»— retrata el fracaso de un modelo ganadero que externaliza sus costes sobre la salud, el territorio y quienes menos pueden defenderse.

Hay pueblos donde no se puede tender la ropa. Donde abrir la ventana en verano es una temeridad y comer en el patio, una lotería que casi siempre sale mal. Donde los niños entran corriendo en casa cuando cambia el viento y los abuelos han aprendido a distinguir, por el olor, si la balsa de purines está llena o si acaban de esparcir el estiércol en el campo de al lado. Es la realidad cotidiana de decenas de localidades españolas rodeadas de explotaciones porcinas intensivas, y es la que relatan los vecinos de un municipio de la Región de Murcia que llevan años pidiendo, sin éxito, que alguien les escuche.

La frase que resume su hartazgo es demoledora por lo que tiene de renuncia: «Nos sentimos completamente desprotegidos». No es una queja estética. Detrás del olor hay amoníaco, sulfuro de hidrógeno, metano, partículas en suspensión y compuestos orgánicos volátiles. Detrás del olor hay noches sin dormir, cefaleas, irritación ocular y respiratoria, náuseas y, sobre todo, la sensación de que la administración que debería protegerles ha decidido mirar hacia otro lado.

Más cerdos que personas

España es la mayor potencia porcina de la Unión Europea y la tercera del mundo. El censo nacional ronda los 34 millones de animales, muy por encima de los 48 millones de habitantes si se considera la rotación de camadas: cada año se sacrifican más de 50 millones de cerdos. La Región de Murcia, con alrededor de dos millones de cabezas en un territorio pequeño, semiárido y con recursos hídricos al límite, es uno de los ejemplos más extremos de esa concentración.

Ese crecimiento no ha sido espontáneo. Ha sido impulsado por una política agraria orientada a la exportación —China, Japón, Corea del Sur— y sostenida por un modelo de integración vertical en el que unas pocas grandes empresas cárnicas controlan piensos, genética, sanidad animal y matadero, mientras el ganadero pone las naves, asume la deuda y, sobre todo, se queda con el problema: los purines.

Porque el negocio funciona precisamente por eso. La carne se vende barata en Shanghái o en Hamburgo, pero el nitrógeno, el fósforo, el amoníaco y el olor se quedan en Fuente Álamo, en Lorca, en el Campo de Cartagena. Es el manual del capitalismo extractivo aplicado a la ganadería: privatizar el beneficio y socializar el daño.

Un vacío legal que no es casual

Uno de los aspectos más sangrantes del testimonio de estos vecinos es la impotencia jurídica. En España no existe una ley estatal que regule los olores. Ni un límite de unidades de olor, ni una metodología obligatoria de medición, ni un régimen sancionador claro. Cataluña llegó a tramitar una norma específica hace años y quedó en el cajón. El resultado es que un vecino puede tener la casa impregnada de una pestilencia permanente y, técnicamente, no haber ninguna infracción que denunciar.

A eso se suma la práctica del fraccionamiento de explotaciones: dividir sobre el papel una macrogranja en varias unidades más pequeñas para no superar los umbrales que obligan a una Autorización Ambiental Integrada o a una evaluación de impacto ambiental completa. Y las distancias mínimas a los núcleos habitados, fijadas por el Real Decreto 306/2020 y por normativa autonómica, se aplican a las nuevas instalaciones, pero dejan intactas las preexistentes y, con frecuencia, se sortean con ampliaciones sucesivas.

Cuando el vecindario acude a la vía administrativa, se encuentra con expedientes que duermen años, inspecciones que se anuncian con antelación, ayuntamientos pequeños sin capacidad técnica ni voluntad política —muchas de estas empresas son el principal empleador de la comarca— y comunidades autónomas que han hecho del sector cárnico una bandera económica. La asimetría es total: bufetes especializados frente a plataformas vecinales que se pagan los informes técnicos con rifas y cuotas.

El precio ambiental que ya estamos pagando

Murcia sabe mejor que nadie adónde conduce esto. El colapso del Mar Menor —con sus episodios de anoxia y miles de peces muertos en la orilla— es la consecuencia más visible de décadas de sobrecarga de nitratos procedentes de la agricultura intensiva y la ganadería. La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la Directiva de Nitratos, y el fallo de 2022 fue condenatorio. Buena parte de los acuíferos de las zonas porcinas superan de largo los 50 mg/l de nitratos que marca el umbral de potabilidad.

A ello se añade el amoníaco: España incumple sistemáticamente sus techos de emisión, y más del 90% procede del sector agroganadero. El amoníaco es precursor de partículas finas PM2,5, responsables de miles de muertes prematuras al año. Y está el agua: cada kilo de carne de cerdo consume miles de litros en un país que encadena sequías y donde la Región de Murcia es, precisamente, la que más estrés hídrico soporta.

No es contra el campo, es contra este campo

Conviene desactivar el chantaje habitual: quien denuncia una macrogranja no está atacando «al campo». Está defendiendo, de hecho, un mundo rural habitable. Estos complejos generan muy poco empleo por cabeza —altamente automatizados y a menudo con mano de obra precaria e inmigrante— y devalúan el patrimonio inmobiliario, hunden el turismo rural y expulsan población. Son fábricas de proteína animal, no ganadería tradicional. La extensiva, la dehesa, la de razas autóctonas, es su primera víctima competitiva.

Lo que reclaman estos vecinos murcianos es de una modestia casi humillante: que se cumpla la ley, que se midan los olores, que se inspeccione de verdad, que se les diga cuántos animales hay realmente a doscientos metros de sus casas. Que alguien les devuelva algo tan elemental como el derecho a respirar en su propia terraza.

Mientras tanto, seguirán tendiendo la ropa dentro de casa y mirando el viento antes de salir. Y seguirán teniendo razón en lo esencial: están completamente desprotegidos, y no por accidente.

Generado por Claude Opus 5 medium


admin

He sido profesor de la Universidad de Murcia. Impartí docencia de los departamentos de Física y de Informática y Sistemas. Interesado en la ciencia, el escepticismo y el pensamiento crítico.