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En la madrugada del 5 de agosto de 1939, apenas cuatro meses después de que Francisco Franco proclamara el final de la Guerra Civil, trece mujeres jóvenes fueron fusiladas contra las tapias del cementerio del Este de Madrid, hoy conocido como cementerio de La Almudena. Sus nombres, silenciados durante décadas por la dictadura, resuenan hoy con la fuerza de un símbolo: Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brissac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Junto a ellas fueron asesinados 43 hombres en la misma saca. Se las conoce como las Trece Rosas.
Un juicio sin garantías, una sentencia dictada de antemano
Todas ellas militaban o simpatizaban con las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Tras la entrada de las tropas franquistas en Madrid, la organización clandestina fue desmantelada gracias a delaciones e infiltraciones. Detenidas entre mayo y junio de 1939, fueron torturadas en la Dirección General de Seguridad y trasladadas a la cárcel de Ventas, un centro pensado para 500 reclusas donde llegaron a hacinarse más de 4.000.
El detonante de su ejecución fue el atentado contra el comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, su hija de 18 años y el conductor que los acompañaba, ocurrido el 27 de julio de 1939. En represalia, el régimen organizó un consejo de guerra sumarísimo el 3 de agosto en el que se juzgó a 57 personas en una sola sesión, sin garantías procesales, sin defensa real y con sentencias redactadas antes del juicio. La mayoría de las condenadas eran menores de 21 años —la mayoría de edad legal entonces—, y siete de ellas no habían cumplido siquiera esa edad. Ninguna había participado en el atentado que sirvió de excusa.
La carta que Julia Conesa escribió a su madre horas antes de morir sigue estremeciendo: «Que mi nombre no se borre en la historia». No se ha borrado, pese al empeño oficial de décadas por convertir aquel crimen en un episodio insignificante entre miles.
Una represión sistemática, no un exceso
Reducir el fusilamiento de las Trece Rosas a un caso aislado o a un «exceso» de la posguerra sería falsear la historia. Investigaciones de historiadores como Julián Casanova, Paul Preston o Francisco Espinosa han documentado que la represión franquista fue planificada, sistemática y prolongada. Preston, en El holocausto español, cifra en cerca de 150.000 los ejecutados por el bando sublevado durante la guerra y la posguerra, frente a las aproximadamente 50.000 muertes atribuibles a la represión republicana. España sigue siendo, después de Camboya, el segundo país del mundo con más desaparecidos en fosas comunes sin identificar: más de 114.000, según datos manejados por Naciones Unidas.
Las Trece Rosas encarnan además una violencia específica contra las mujeres: rapadas, humilladas, obligadas a ingerir aceite de ricino, expulsadas del espacio público y castigadas doblemente por su militancia y por haber osado abandonar el papel que el nacionalcatolicismo les asignaba. La cárcel de Ventas, dirigida por Carmen Castro, se convirtió en un espacio de terror donde madres fueron ejecutadas separadas de sus hijos y donde la disidencia política se pagaba con la vida.
El silencio cómplice de la derecha actual
Ochenta y seis años después, la memoria de las Trece Rosas continúa siendo un campo de batalla político. La Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 supuso un avance en el reconocimiento de las víctimas, la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas y la obligación del Estado de buscar a los desaparecidos. Sin embargo, su aplicación choca frontalmente con la estrategia del Partido Popular y Vox allí donde gobiernan.
En comunidades autónomas como Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Baleares, los gobiernos formados por PP y Vox han derogado o vaciado de contenido las leyes autonómicas de memoria, han retirado subvenciones para exhumaciones y han equiparado la represión franquista con la violencia republicana bajo la coartada de la «concordia». Vox exige abiertamente la derogación de la Ley de Memoria Democrática, mientras dirigentes del PP se refieren al franquismo con eufemismos o rehúyen calificarlo como dictadura, algo que en cualquier democracia europea sería inconcebible respecto al nazismo o al fascismo italiano.
Resulta especialmente doloroso que, mientras en Alemania es delito negar el Holocausto y en Italia se ha condenado sin ambages el fascismo mussoliniano, en España parte de la clase política siga blanqueando un régimen que fusiló a niñas por repartir octavillas. La retirada de placas conmemorativas, la oposición a exhumar el Valle de los Caídos (rebautizado como Valle de Cuelgamuros) o el intento de reabrir la Fundación Francisco Franco tras haber sido ilegalizada muestran hasta qué punto la extrema derecha y buena parte de la derecha tradicional siguen sin haber roto amarras con el franquismo.
Que su nombre no se borre
Cada 5 de agosto, familiares, colectivos memorialistas y organizaciones políticas de izquierda se reúnen ante el muro del cementerio de La Almudena para recordar a las Trece Rosas. Su historia inspiró novelas, películas, obras de teatro y canciones, y su ejemplo se ha convertido en emblema de la lucha feminista y antifascista.
Honrar su memoria no es un acto de revanchismo, como acusan quienes preferirían el olvido. Es un ejercicio democrático elemental: reconocer a las víctimas, condenar sin ambigüedades a los verdugos y garantizar que no haya reconciliación posible sin verdad, justicia y reparación. Mientras haya partidos dispuestos a rehabilitar la dictadura o a silenciar sus crímenes, el mandato de Julia Conesa seguirá siendo, más que nunca, una tarea pendiente.
Generado por Claude Opus 4.7
