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Hay una imagen recurrente, cuidadosamente pulida por la nostalgia y por décadas de propaganda, según la cual “con Franco se vivía mejor”. Suele aparecer acompañada de fotografías en blanco y negro de familias en la playa, inauguraciones de pantanos, niños uniformados y calles aparentemente tranquilas. Es una memoria selectiva: olvida las cárceles, los fusilamientos, el hambre, la censura, el exilio, la delación y la humillación cotidiana de quienes no encajaban en el modelo de España impuesto tras la victoria franquista.
La España de Franco fue la España de la espada, la pistola, las cruces de los caídos, las sotanas negras y las togas manchadas por una justicia subordinada al poder vencedor. Fue un régimen construido sobre la violencia de una guerra provocada por un golpe de Estado militar contra una República democrática, y mantenido durante casi cuatro décadas mediante el miedo, el control social y la eliminación política del adversario.
El nacional-catolicismo no fue simplemente una sensibilidad religiosa conservadora. Fue una doctrina de Estado. En ella, la nación española se presentaba como una unidad católica, centralista, militar y eterna; cualquier forma de pluralidad —política, territorial, religiosa, cultural o sexual— era percibida como una amenaza. Ser buen español significaba, para el régimen, obedecer al Caudillo, respetar a la Iglesia oficial, aceptar la jerarquía social y callar.
La Iglesia católica, con excepciones individuales importantes y valientes, desempeñó un papel central en la legitimación de la dictadura. Buena parte de la jerarquía eclesiástica calificó la guerra como “Cruzada” y presentó a Franco como defensor de la civilización cristiana frente al comunismo, el ateísmo y la “anti-España”. A cambio, obtuvo privilegios enormes: control de la educación, influencia sobre la moral pública, financiación estatal y poder para intervenir en la vida privada de la ciudadanía.
El Concordato de 1953 entre el Vaticano y el régimen franquista consolidó esa alianza. La religión católica se convirtió en asignatura obligatoria, los matrimonios civiles fueron marginados, el divorcio quedó prohibido y la censura vigiló libros, películas, obras teatrales y canciones. Las mujeres, especialmente, quedaron sometidas a una legislación que las reducía a la tutela masculina. Necesitaban autorización del marido para trabajar, abrir una cuenta bancaria o realizar numerosas gestiones legales. La Sección Femenina de Falange enseñaba que su destino era servir: al esposo, a los hijos y a la patria.
La retórica del orden escondía una realidad de represión masiva. Según investigaciones de historiadores como Paul Preston, Julián Casanova, Francisco Espinosa Maestre o Ángel Viñas, la violencia franquista no fue un exceso accidental de la guerra, sino una herramienta consciente de dominación política. El objetivo no era solo derrotar al enemigo en el frente: se trataba de eliminarlo socialmente, aterrorizar a sus familias y desarticular cualquier posibilidad de resistencia futura.
Uno de los símbolos más terribles de esa política fue la matanza de Badajoz, ocurrida tras la toma de la ciudad por las tropas sublevadas en agosto de 1936. Este año se cumplen noventa años de aquella tragedia, una de las masacres más conocidas de la represión fascista en Europa occidental. Las fuerzas dirigidas por el teniente coronel Juan Yagüe, conocido después como el “carnicero de Badajoz”, ejecutaron a miles de personas tras ocupar la ciudad.
Las cifras exactas siguen siendo objeto de debate historiográfico, como ocurre con muchos crímenes cometidos en contextos de guerra y ocultación documental. Sin embargo, los estudios más solventes y los testimonios de corresponsales internacionales coinciden en que la represión fue de una magnitud gigantesca. Se han manejado estimaciones que oscilan entre varios miles de asesinados, con cálculos que llegan a situar la cifra en torno a 4.000 víctimas. Para una ciudad de unos 40.000 habitantes, aquello significaba una herida demográfica y humana devastadora.
El periodista estadounidense Jay Allen relató las ejecuciones en la plaza de toros de Badajoz; el portugués Mário Neves dejó también testimonios esenciales de los cadáveres y del terror que siguió a la ocupación. Durante mucho tiempo, el franquismo negó, minimizó o justificó aquellos crímenes. Después de la dictadura, el silencio institucional y la equidistancia hicieron el resto. Mientras las familias de las víctimas buscaban fosas y documentos, los responsables del golpe y de la represión conservaron durante décadas honores, placas y nombres en el callejero.
Que Juan Yagüe haya tenido —y aún conserve en algunos lugares, según las denominaciones que no han sido revisadas— calles, avenidas o referencias honoríficas es una muestra de la anomalía memorial española. En cualquier democracia madura resultaría impensable homenajear a responsables de matanzas sistemáticas. Sin embargo, en España la retirada de símbolos franquistas ha sido lenta, desigual y frecuentemente contestada por quienes presentan la memoria democrática como una forma de revancha.
No se trata de revancha. Se trata de verdad, justicia y reparación. Se trata de comprender que una democracia no puede cimentarse sobre el olvido de quienes fueron perseguidos por defender la legalidad republicana, por pertenecer a un sindicato, por enseñar en una escuela laica, por hablar catalán, euskera o gallego, por ser masón, por ser homosexual, por no ir a misa o, sencillamente, por ser denunciado por un vecino.
La frase “con Franco se vivía mejor” necesita una pregunta inmediata: ¿quién vivía mejor? Quizá vivían mejor quienes pertenecían a las élites económicas protegidas por el régimen; quienes podían expresarse sin miedo porque repetían el discurso oficial; quienes no tenían familiares encarcelados, fusilados o exiliados; quienes no sufrían la pobreza extrema de la posguerra y el racionamiento; quienes no tenían que ocultar su identidad, sus ideas o sus afectos.
Pero para millones de personas, el franquismo fue precariedad, obediencia y miedo. España padeció una larga autarquía económica que agravó la miseria de la posguerra. Hubo cartillas de racionamiento, estraperlo, hambre y enfermedades evitables. La modernización económica de los años sesenta no fue un regalo del dictador: llegó tarde, impulsada por la apertura internacional, la emigración masiva, el turismo y el trabajo de una sociedad que sobrevivió pese al régimen, no gracias a él.
Recordar Badajoz es recordar que la violencia fundacional del franquismo tuvo nombres, cuerpos y familias. Es recordar que los “caídos” homenajeados por el régimen no fueron todos: las víctimas republicanas fueron borradas de las iglesias, de los monumentos y de los registros públicos. Sus muertos quedaron en cunetas y fosas comunes; sus hijos crecieron bajo el estigma; sus viudas aprendieron a guardar silencio.
La memoria democrática no busca reabrir heridas: las heridas nunca se cerraron para quienes no pudieron enterrar a los suyos. Lo que las cierra no es el silencio, sino el reconocimiento. Frente a la nostalgia autoritaria, conviene afirmar algo elemental: ninguna estabilidad justifica una dictadura; ningún pantano compensa una fosa; ninguna bandera tapa una ejecución; ninguna cruz debe ocultar a quienes fueron asesinados en nombre de Dios y de España.
Fuentes y referencias recomendadas: Francisco Espinosa Maestre, La columna de la muerte; Paul Preston, El holocausto español; Julián Casanova, La Iglesia de Franco; testimonios de Jay Allen y Mário Neves sobre Badajoz; investigaciones de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y de entidades memorialistas extremeñas.
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