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Mientras la administración gallega abre un expediente sancionador, la sociedad civil demanda la intervención del Estado para acabar con la apología de una dictadura que todavía encuentra refugio en algunos locales
En un rincón de Arteixo, un municipio industrial cercano a A Coruña conocido más por sus fábricas textiles que por su patrimonio ideológico, un establecimiento hostelero ha conseguido lo que pocos logran en pleno siglo XXI: reactivar el debate sobre la presencia de simbología franquista en el espacio público gallego. El bar en cuestión se enfrenta a una multa de 9.000 euros tras la inspección de Turismo de Galicia, que ha abierto un expediente sancionador por una posible infracción grave. Pero la historia no termina ahí. La entidad denunciante ha decidido elevar el caso al Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en un intento de que la justicia no se detenga en la mera sanción administrativa.
Un local que homenajea al dictador
Según la información publicada por Praza Pública, el establecimiento en cuestión exhibe sin tapujos una decoración que incluye fotografías, banderas y referencias explícitas a la figura de Francisco Franco y al régimen que comandó durante casi cuatro décadas. No se trata, según los denunciantes, de objetos aislados o de una pieza de coleccionismo contextualizada, sino de una apología deliberada y sistemática de la dictadura,Convertida en seña de identidad del local.
La elección de Arteixo como escenario de esta controversia no es baladí. Este municipio, que creció al amparo del desarrollismo industrial de los años sesenta y setenta, acogió a miles de trabajadores que vivieron de cerca las condiciones laborales del franquismo. Muchos de aquellos vecinos, o sus descendientes, todavía recuerdan las miserias de aquella etapa: la represión sindical, la censura, la emigración forzosa, la falta de libertades. Que un bar de la zona se erija ahora en santuario nostálgico de aquel régimen resulta, cuando menos, hiriente.
La respuesta institucional: lenta pero existente
Turismo de Galicia, dependiente de la Xunta, ha actuado tras recibir las denuncias correspondientes. La apertura de un expediente sancionador con una multa potencial de 9.000 euros supone un paso adelante en la aplicación de la Ley 10/2015 de patrimonio cultural de Galicia, que contempla como infracción grave la exhibición de símbolos que exalten el franquismo. Sin embargo, la cuantía de la sanción plantea serias dudas sobre su efecto disuasorio. Nueve mil euros, para un local que presume de rentabilidad precisamente gracias a su estética franquista, resultan una cantidad irrisoria. El coste de mantener la simbología, evidentlyemente, sale mucho más barato que retirarla.
Además, la propia Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, ha mostrado en otras ocasiones una tibieza preocupante ante este tipo de casos. La memoria democrática en Galicia ha avanzado a empujones, con leyes autonómicas que duermen el sueño de los justos y con una aplicación irregular que depende más de la presión social que de la voluntad política. En este contexto, la actuación de Turismo de Galicia, aunque formalmente correcta, parece más una respuesta a la presión mediática que una política coherente y sostenida en el tiempo.
La demanda al Gobierno de España: una cuestión de Estado
La decisión de la entidad denunciante de solicitar la intervención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática resulta especialmente significativa. Implica reconocer que las instituciones autonómicas no han sido, ni serán, suficientes para abordar un problema que afecta a los fundamentos mismos de la convivencia democrática.
La Ley 20/2022, de 1 de octubre, de Memoria Democrática, conocida popularmente como «ley de nietos» o como heredera de la normativa estatal de 2007, establece un marco mucho más ambicioso para la retirada de simbología franquista. Contempla sanciones que pueden alcanzar los 150.000 euros en los casos más graves y obliga a las administraciones públicas a actuar de oficio cuando tengan conocimiento de estas situaciones. La aplicación de esta ley en Galicia choca, sin embargo, con la resistencia política de una Xunta que prefiere mirar hacia otro lado.
La intervención del Estado central se justifica, además, por la dimensión simbólica del asunto. No se trata únicamente de retirar unas fotografías de un local. Se trata de afirmar que en una democracia consolidada como la española, todavía joven pero firme, no puede haber espacio público —ni siquiera el espacio privado de un bar que se ofrece al público— para la exaltación de un régimen que fusiló demócratas, persiguió a homosexuales, reprimió a las mujeres, robó niños y sumió al país en el aislamiento internacional durante décadas.
Memoria, justicia y reparación: una tarea inacabada
El caso del bar de Arteixo es solo la punta del iceberg. Por toda Galicia, y por toda España, persisten calles con nombres de verdugos, placas en honor a golpistas, monumentos a quienes se levantaron contra la República, y locales como el que nos ocupa. La tarea de la memoria democrática no es un capricho revanchista, como gustan de repetir los nostálgicos del régimen. Es una obligación moral y legal de cualquier sociedad que se pretenda justa.
La dictadura franquista no fue un simple «régimen autoritario» equiparable a otros de su época. Fue una maquinaria de exterminio político que dejó más de 100.000 desaparecidos, cientos de miles de exiliados y un país fracturado durante generaciones. Sus víctimas, sus familias, sus descendientes, merecen que las instituciones les garanticen que los verdugos no serán homenajeados, ni siquiera en un bar de un polígono industrial.
Una oportunidad para avanzar
Que un simple bar haya generado un expediente sancionador y la intervención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática debería ser un punto de inflexión. Es la prueba de que la sociedad civil gallega sigue vigilante, de que las víctimas no se resignan al olvido y de que las herramientas legales, aunque mejorables, existen y pueden activarse.
El camino es largo, pero la dirección es clara. Ningún rincón de nuestra geografía —ni siquiera la barra de un bar— debería seguir rindiendo culto a quienes arrebataron la libertad a millones de españoles y españolas. La democracia no se construye solo con votos: se construye también con la memoria, con la justicia y con la determinación de no permitir que el pasado más oscuro encuentre acomodo en el presente.
Que pague el bar de Arteixo, y que sirva de ejemplo. La memoria democrática no es un favor: es un derecho. Y a defenderlo, como demuestra este caso, estamos todos llamados.
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