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El 31 de julio de 1826, Cayetano Ripoll fue ahorcado en Valencia. Era maestro de escuela en Ruzafa, un hombre sin poder político ni influencia social, pero convertido por la reacción absolutista en un peligro público. Su delito, según las autoridades eclesiásticas que lo juzgaron, fue la herejía. En realidad, Ripoll encarnaba algo mucho más amenazante para la España de Fernando VII: la posibilidad de vivir y educar al margen de la religión oficial.
Su ejecución suele considerarse la última llevada a cabo en España por un supuesto delito de herejía. El episodio revela hasta qué punto la alianza entre el trono y el altar podía convertir la conciencia individual en un asunto criminal. También resulta incómodo para quienes hoy reivindican una visión idealizada de la tradición católica española y presentan el liberalismo, el laicismo o la libertad de pensamiento como amenazas recientes y extranjeras. La historia de Ripoll demuestra que la intolerancia no fue una exageración retórica de los liberales: tuvo cárceles, tribunales, verdugos y víctimas.
Un maestro bajo sospecha
Cayetano Ripoll había nacido en Solsona, en Cataluña, hacia 1775. Combatió contra los franceses durante la Guerra de la Independencia y cayó prisionero. En Francia entró en contacto con ambientes protestantes y racionalistas, una experiencia que habría influido en sus convicciones religiosas. De regreso en España, trabajó como maestro en la pedanía valenciana de Ruzafa.
La escuela constituía entonces un espacio decisivo de disputa ideológica. Enseñar a leer y escribir no era una actividad neutral en una sociedad en la que la Iglesia controlaba buena parte de la educación. Ripoll fue denunciado por no llevar a sus alumnos a misa, no enseñar el catecismo y sustituir fórmulas religiosas por expresiones de carácter moral. Según diversos testimonios, al comenzar las clases escribía en la pizarra “alabado sea Dios” o una frase semejante, pero evitaba la habitual invocación católica. También se le reprochó que sus alumnos no rezaran y que él no asistiera a los sacramentos.
Es importante advertir que las fuentes sobre el caso fueron redactadas, en buena medida, por sus acusadores. La imagen de Ripoll como “hereje”, “deísta” o incluso ateo procede de expedientes y relatos de la época que pretendían justificar la condena. Lo que parece claro es que defendía una religiosidad racional, alejada de los dogmas y de la autoridad clerical. Para los sectores más reaccionarios, esa actitud era suficiente para convertir a un maestro rural en enemigo del orden social.
La restauración absolutista
El proceso tuvo lugar después del fracaso del Trienio Liberal (1820-1823). Fernando VII había jurado la Constitución de 1812, pero, tras la intervención militar francesa de los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, recuperó el poder absoluto. Comenzó entonces una nueva oleada de persecución contra liberales, constitucionalistas, masones, republicanos y cualquier persona sospechosa de cuestionar la autoridad real o religiosa.
La Inquisición había sido abolida definitivamente en 1820, y Fernando VII no pudo restaurarla formalmente sin afrontar un coste político internacional considerable. Sin embargo, la represión no desapareció: adoptó otras formas. En distintas diócesis se crearon las llamadas Juntas de Fe, organismos de carácter eclesiástico destinados a investigar y castigar conductas consideradas contrarias a la doctrina católica. No eran exactamente el Santo Oficio, pero actuaban como tribunales religiosos y contaban con el respaldo del poder absolutista.
En Valencia, la Junta de Fe estuvo vinculada al arzobispo Simón López, uno de los prelados más firmemente alineados con la reacción. Ripoll fue detenido en 1824 y permaneció encarcelado durante aproximadamente dos años. Su caso fue examinado por autoridades eclesiásticas que lo acusaron de negar principios esenciales de la fe católica y de escandalizar a sus alumnos.
La condena refleja una profunda inversión de responsabilidades. En lugar de proteger la libertad de conciencia, el Estado y la Iglesia se arrogaron el derecho de decidir qué debía creer cada ciudadano. No se juzgaba un daño concreto causado a otra persona, sino una desviación doctrinal. La educación de unos niños se convirtió en prueba de una supuesta amenaza colectiva.
Un castigo ejemplar
Ripoll fue condenado a morir en la horca. El 31 de julio de 1826 fue conducido al cadalso levantado en la plaza del Mercado de Valencia. Las crónicas señalan que, tras la ejecución, se quemó una representación simbólica de su cuerpo —una figura o efigie—, ya que la legislación de inspiración inquisitorial contemplaba también la destrucción pública de los restos o de la imagen del condenado. El episodio pretendía ser ejemplarizante: no bastaba con eliminar físicamente al acusado; había que escenificar la victoria de la ortodoxia sobre la disidencia.
La muerte de Ripoll provocó críticas dentro y fuera de España. Incluso sectores conservadores europeos consideraron excesiva aquella condena. El Gobierno británico y algunos diplomáticos extranjeros observaron con preocupación la persistencia de prácticas represivas asociadas a la Inquisición. La ejecución evidenciaba que la España absolutista seguía siendo, para buena parte de Europa, un régimen incompatible con las libertades modernas.
La historiografía ha debatido si Ripoll fue realmente la “última víctima de la Inquisición”. En sentido estricto, la institución había sido suprimida y el proceso lo llevó a cabo una Junta de Fe. Por eso resulta más preciso hablar de la última persona ejecutada en España por un delito de herejía, dentro de una estructura de represión religiosa heredera del modelo inquisitorial. La distinción jurídica no debe ocultar la continuidad política: la Iglesia conservaba capacidad para perseguir la disidencia y el Estado proporcionaba el marco coercitivo necesario.
La memoria que todavía incomoda
El caso de Cayetano Ripoll no pertenece únicamente al pasado. Su historia interpela a una derecha que, en España y en otros países, intenta presentarse como defensora exclusiva de la libertad mientras reivindica símbolos, discursos y jerarquías vinculados a la tradición autoritaria. No toda defensa de la religión es autoritaria, por supuesto, ni toda persona conservadora desea imponer una fe. Pero la memoria democrática exige recordar qué sucede cuando una confesión religiosa se convierte en criterio de ciudadanía y cuando el poder político se pone al servicio de la ortodoxia.
Ripoll fue ejecutado no por agredir a nadie, sino por no creer como mandaban las autoridades. Fue perseguido por enseñar sin someterse al catecismo oficial. Su caso permite distinguir entre la libertad religiosa —que protege a quien cree— y el confesionalismo coercitivo —que castiga a quien no cree o cree de otra manera—.
La España contemporánea ha avanzado gracias a la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de conciencia y el derecho a una educación no sometida a tribunales religiosos. Esas conquistas no fueron regalos de la tradición reaccionaria, sino resultados de largas luchas liberales, democráticas y laicistas. Recordar a Cayetano Ripoll significa, por tanto, reivindicar el derecho a pensar sin permiso, a enseñar sin vigilancia clerical y a disentir sin miedo.
Su horca fue el último gran gesto de una alianza agotada entre absolutismo y dogma. Pero también dejó una lección vigente: cuando la derecha política o religiosa reclama autoridad para definir la moral de todos, la libertad vuelve a quedar suspendida de un hilo.
Fuentes consultadas: Nueva Tribuna, “Cayetano Ripoll, ahorcado por las ‘Juntas de Fe’ de la Iglesia católica en 1826”; Manuel de Puelles Benítez, Estado y educación en la España liberal; Emilio La Parra López y María Ángeles Casado, estudios sobre Fernando VII y la represión absolutista; Real Academia de la Historia, voz biográfica sobre Cayetano Ripoll; Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, materiales sobre la crisis del Antiguo Régimen y la abolición de la Inquisición.
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