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Hay lugares donde el silencio pesa más que las piedras. La Illa de San Simón, en plena ría de Vigo, es uno de ellos. El Gobierno de España acaba de declararla lugar de memoria democrática, un reconocimiento que llega —como casi todo lo que tiene que ver con las víctimas del franquismo— con un retraso escandaloso: ochenta y ocho años después de que la isla se convirtiera en uno de los campos de concentración más siniestros de la represión en Galicia.
La historia de San Simón es la de un paraíso convertido en infierno. Durante el siglo XIX funcionó como lazareto, estación de cuarentena para los barcos que llegaban al puerto de Vigo, y albergó también un leprosario. Aquella arquitectura pensada para aislar la enfermedad resultó perfecta para los propósitos del golpe militar de 1936: cuando los sublevados se hicieron con el control de Galicia sin apenas resistencia militar, necesitaron dónde encerrar a la mitad del país que pensaba distinto. San Simón, aislada por el mar, fue la respuesta.
Por sus barracones pasaron, según las estimaciones de los historiadores, entre 4.000 y 12.000 presos: alcaldes republicanos, maestros, sindicalistas de UGT y CNT, concejales, militantes galleguistas. Las cifras oficiales nunca existieron porque al franquismo no le interesaba contabilizar el horror. En espacios habilitados para unos pocos centenares se hacinaron en los peores momentos más de 2.000 personas. El hambre fue un método de gobierno; la enfermedad, una consecuencia buscada; el miedo, la ley. Los testimonios recogidos durante décadas por las asociaciones memorialistas hablan de palizas, trabajos forzados, presos que comían hierba y de las temidas sacas nocturnas: cuando los guardias pronunciaban un nombre, el recluso sabía que no volvería. Muchos fueron fusilados; otros, según los testimonios, desaparecieron en las aguas de la ría.
Después del exterminio llegó la burla. Terminada la guerra, la isla fue usada como colonia de verano del Frente de Juventudes, la organización juvenil del régimen: niños falangistas cantaban el Cara al Sol sobre las mismas losas donde otros habían muerto de disentería. Pocas metáforas resumen mejor lo que fue la dictadura: edificar la fiesta sobre la fosa. Y cuando la isla dejó de ser útil, se la abandonó a la maleza, como se abandonó cualquier intento de contar lo que allí ocurrió.
Ese abandono no fue casual. Fue político. La Transición se construyó sobre el llamado pacto del olvido, y la derecha española —heredera directa, empezando por su fundador Manuel Fraga, ministro de Franco, del aparato ideológico del régimen— convirtió el silencio en doctrina. Primero se llamó «no remover el pasado»; después, «no reabrir heridas». El resultado es que Galicia, una de las comunidades donde la represión fue más feroz pese a no haber habido frente de guerra, sigue contando cientos de fosas comunes sin exhumar, y España arrastra la vergüenza de ser, según Naciones Unidas, el segundo país del mundo con más desaparecidos en fosas, solo por detrás de Camboya.
En 1999, la Deputación de Pontevedra rescató la isla del abandono y la convirtió en la Illa do Pensamento, con un memorial que lleva grabada la frase «Honrar aos mortos, reparar a historia, celebrar a vida». Fue un gesto digno, pero insuficiente: las familias de las víctimas llevaban décadas reclamando algo más que simbolismo. Reclamaban que el Estado reconociera oficialmente lo evidente.
Ese reconocimiento ha llegado ahora, y ha llegado gracias a la Ley de Memoria Democrática de 2022, una norma a la que conviene ponerle rostro político: el PP y Vox votaron en contra. Conviene recordarlo cada vez que sus dirigentes posen solemnemente ante un acto de memoria. Vox promete derogarla en cuanto pueda; el PP, más fino en las formas pero idéntico en el fondo, la acusa de «dividir a los españoles», como si quien dividió el país no fuera el general que se levantó en armas contra un Gobierno legítimo. El historial es elocuente: el Gobierno de Rajoy redujo a cero euros la partida de memoria histórica en 2012, y en Galicia el PP ha bloqueado sistemáticamente una ley de memoria digna, sustituyéndola por una llamada «ley de concordia» que las asociaciones de víctimas denuncian como un ejercicio de blanqueo, una coartada para no nombrar jamás al franquismo como lo que fue: un régimen criminal.
¿Por qué tanta resistencia? Porque reconocer San Simón obliga a reconocerlo todo: que el golpe de 1936 fue criminal, que la represión fue planificada y sistemática, que hubo campos de concentración en España, que las víctimas no fueron daños colaterales sino objetivos. Y reconocer eso dinamita el relato equidistante —»todos cometieron atrocidades»— con el que la derecha ha intentado lavar durante medio siglo los crímenes de una dictadura de la que parte de su establishment desciende política y hasta biográficamente.
La declaración de San Simón no es, pues, un trámite. Es una derrota más de la estrategia del silencio. Pero debe ser solo el principio: hacen falta fondos para la conservación y la investigación, programas educativos que lleven a los escolares a pisar esa isla, exhumaciones y un archivo de la represión a la altura de lo que Galicia sufrió.
La ría de Vigo guardó durante demasiado tiempo el secreto de su isla maldita. Ahora el Estado, por fin, lo dice en voz alta: allí hubo un campo de concentración, allí se torturó y se mató por pensar distinto. Decirlo no es reabrir heridas: es cerrarlas, por primera vez, con verdad y con justicia. Que a algunos les moleste es, sencillamente, el mejor indicador de que era necesario.
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