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Roberto Conesa Escudero, conocido como «El Orejas», fue uno de los policías más temidos de la dictadura franquista. Su trayectoria resume buena parte de la lógica represiva del régimen: infiltración, delación, tortura, oportunismo político y continuidad institucional. No fue un simple funcionario obediente, sino un hombre que convirtió la persecución de sus antiguos compañeros en una carrera de ascenso dentro del aparato policial franquista.
Durante la Guerra Civil, Conesa trabajaba en una tienda de ultramarinos y se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), la organización juvenil vinculada al Partido Comunista y al Partido Socialista. Aquella militancia le permitió conocer nombres, domicilios, relaciones y formas de organización clandestina. Según diversos testimonios recogidos por investigadores de la represión franquista, aquella experiencia fue decisiva para su posterior trabajo como infiltrado.
Al terminar la guerra, cuando miles de republicanos eran encarcelados, fusilados o condenados a trabajos forzados, Conesa se presentó ante las nuevas autoridades con información sobre militantes de la izquierda. La versión más extendida sostiene que entregó listas de personas vinculadas a la JSU y a la resistencia madrileña. Su colaboración le abrió las puertas de la policía política. En una dictadura que necesitaba desarticular cualquier oposición, conocer desde dentro las redes clandestinas constituía un valor extraordinario.
La policía franquista no era un cuerpo neutral dedicado a garantizar derechos, sino uno de los pilares de la dictadura. La Brigada Político-Social —formalizada en 1941, aunque sus funciones ya existían desde el final de la guerra— se ocupaba de vigilar, detener e interrogar a militantes comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos y, con el tiempo, estudiantes, sindicalistas y opositores democráticos. Sus métodos incluían seguimientos, infiltraciones, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas. Conesa encajó perfectamente en ese engranaje.
Su nombre aparece ligado a la represión contra la JSU madrileña y, especialmente, al caso de las Trece Rosas. Las jóvenes fueron detenidas en el verano de 1939, en una redada desencadenada tras el asesinato del comandante Isaac Gabaldón, su hija y su chófer. Aunque no fueron responsables de aquel atentado, fueron incluidas en una causa colectiva contra la organización clandestina. El 5 de agosto de 1939, las trece mujeres fueron fusiladas junto a otros militantes en el cementerio del Este de Madrid.
La participación de Conesa en aquellas detenciones ha sido reconstruida a partir de testimonios de supervivientes, investigaciones periodísticas y documentación judicial. Se le atribuye un papel relevante como infiltrado y suministrador de información. Sin embargo, conviene evitar una simplificación: las Trece Rosas no fueron víctimas de un solo delator, sino de una maquinaria completa. La policía obtuvo la información; los tribunales militares dictaron las condenas; los mandos políticos y militares autorizaron los fusilamientos. Presentar a Conesa como único culpable puede ocultar la responsabilidad colectiva del régimen.
A su fama de delator se sumaron episodios de abuso personal. Diversos testimonios posteriores relatan que, tras ser rechazado por la hija de los propietarios de la tienda donde había trabajado, Conesa denunció al marido de la mujer. El hombre terminó fusilado y, según esa misma versión, Conesa obligó después a la viuda a mantener una relación con él bajo la amenaza de causar nuevos perjuicios a su familia. Este episodio no cuenta con el mismo respaldo documental que los sumarios de la represión política, por lo que debe tratarse con cautela. Pero también revela una realidad frecuente en la posguerra: la impunidad de quienes podían utilizar su posición ante la policía para venganzas privadas, chantajes y abusos sexuales.
Más sólidamente documentada está su relación con los interrogatorios y torturas sufridos por Heriberto Quiñones González, dirigente comunista y organizador de la resistencia clandestina. Detenido en 1941, Quiñones fue sometido a brutales palizas durante los interrogatorios policiales. Las lesiones fueron tan graves que quedó prácticamente incapacitado para caminar. En 1942 fue ejecutado tras un consejo de guerra; según los testimonios conservados, tuvo que ser atado a una silla porque no podía mantenerse en pie.
Las investigaciones sobre la represión del comunismo sitúan a Conesa entre los agentes implicados en aquellos interrogatorios. El caso de Quiñones muestra que la tortura no era una desviación ocasional ni una iniciativa aislada de algún policía sádico. Era un recurso habitual para obtener información, fabricar confesiones y destruir física y psicológicamente a los detenidos. El franquismo utilizó la violencia policial como una herramienta ordinaria de gobierno.
La carrera de Conesa no se limitó a España. A comienzos de los años cincuenta fue enviado a la República Dominicana para colaborar con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Diversos estudios y testimonios señalan que asesoró a los servicios de seguridad dominicanos y participó en la formación de agentes vinculados al aparato represivo del régimen. La policía de Trujillo, especialmente el Servicio de Inteligencia Militar, fue responsable de torturas, secuestros y asesinatos. La misión de Conesa demuestra que la represión franquista también podía exportar técnicas, contactos y conocimientos a otras dictaduras anticomunistas.
Tras la muerte de Franco, lejos de ser apartado, Conesa mantuvo posiciones de responsabilidad. En diciembre de 1976 participó en la detención de Santiago Carrillo y posteriormente ocupó cargos relevantes en los servicios de información. La Transición heredó buena parte de los cuadros policiales de la dictadura. Muchos agentes de la Brigada Político-Social continuaron trabajando en la nueva estructura policial, ahora presentada como democrática, sin una depuración efectiva ni una investigación judicial de sus responsabilidades.
Conesa murió en 1990 sin haber respondido ante los tribunales por las torturas y persecuciones que se le atribuían. La Ley de Amnistía de 1977, interpretada de forma que alcanzó también a funcionarios y agentes responsables de delitos políticos, contribuyó a cerrar la puerta a esas investigaciones. La democracia cambió las leyes y las instituciones, pero durante años mantuvo a hombres formados en la represión franquista.
La historia de «El Orejas» no debe entenderse como la biografía excepcional de un traidor, sino como el producto de un sistema que premiaba la delación y la brutalidad. Conesa prosperó porque el franquismo necesitaba individuos dispuestos a infiltrarse entre los vencidos, quebrarlos en los interrogatorios y convertir la información en condenas. Su figura recuerda que la violencia de la dictadura no fue solamente militar o judicial: también tuvo rostro policial, despacho, placa y carrera profesional.
Fuentes de referencia
- Carlos Fonseca, Trece rosas rojas, Temas de Hoy, 2004.
- Fernando Hernández Sánchez, Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (1939-1953), Crítica, 2015.
- Gutmaro Gómez Bravo y Jorge Marco, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950), Península, 2011.
- Pere Ysàs, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Crítica, 2004.
- Documentación de los tribunales militares franquistas conservada en el Archivo General e Histórico de Defensa y Ley 46/1977, de Amnistía.
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