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La noticia llega como un electrocardiograma que se acelera: el expresidente de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), la organización que agrupa a los especialistas del corazón en Europa, ha sido sancionado por recibir 58 millones de euros de una farmacéutica. La información, difundida por El Correo, revela que durante años este médico, mientras ocupaba el máximo cargo de la sociedad científica, amasó una fortuna a cargo de la industria. Más allá del nombre del sancionado —que las instituciones prefieren mantener en la penumbra—, el escándalo golpea directamente la credibilidad de toda una especialidad médica.
La ESC no es una institución cualquiera. Es la organización que redacta las guías europeas de cardiología, las recomendaciones que determinan qué fármacos y qué tratamientos deben recibir millones de pacientes en el continente. Los médicos de a pie las consultan a diario; los hospitales las adoptan como protocolo; las agencias reguladoras las usan como referencia. Cuando quien preside esta entidad cobra 58 millones de una empresa farmacéutica, la pregunta inevitable es: ¿esas guías se escribieron con la evidencia científica o con la factura de la farmacéutica?
Los conflictos de interés en medicina no son nuevos. En 2009, la revista ProPublica lanzó en Estados Unidos la base de datos Dollars for Docs, que expuso cómo la industria pagaba a los médicos para que prescribieran sus productos. Allí se documentaron casos de cardiólogos que recibían miles de dólares por “consultoría” y luego presentaban ponencias favorables a los fármacos de sus patrocinadores. La diferencia es que 58 millones no es una consultoría puntual; es una suma obscena que convierte al médico en un accionista encubierto de la farmacéutica.
El propio código de ética de la ESC prohíbe a sus directivos aceptar pagos de la industria sin declararlos. La sanción, por tanto, no es un castigo por un error, sino por un engaño deliberado. Durante años, el expresidente ocultó ingresos millonarios mientras su cargo le daba autoridad para influir en la práctica clínica. Es un caso de corrupción en sentido estricto: el abuso de un poder académico en beneficio propio y en perjuicio de la salud pública.
Este caso es solo la punta del iceberg europeo. En el Viejo Continente, a diferencia de Estados Unidos, no existe una normativa que obligue a publicar los pagos de la industria a los líderes de opinión médica. La transparencia brilla por su ausencia. Un informe de la Comisión Europea de 2019 ya señalaba que la relación entre la industria y el sector académico era demasiado estrecha y opaca. Cientos de sociedades científicas, congresos médicos y publicaciones dependen del patrocinio farmacéutico. La ESC recibe millones de euros en concepto de “patrocinios educativos” para sus congresos, y muchos de esos fondos viajan desde las gerencias de las mismas empresas que después ven sus fármacos recomendados en las guías.
Las consecuencias para los pacientes son directas. Estudios publicados en revistas como The British Medical Journal han demostrado que los médicos que reciben regalos o pagos de determinada compañía tienden a prescribir más los medicamentos de esa compañía, a menudo en detrimento de alternativas más seguras o baratas. En cardiología, los fármacos de última generación son especialmente caros y a veces se recetan sin evidencia suficiente para justificar su coste. La duda sobre la independencia de las guías clínicas pone en riesgo la salud de millones de personas y, de paso, hipoteca la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos.
La sanción impuesta —sea una suspensión temporal, una multa o la retirada de honores— resulta ridícula ante la magnitud del daño. ¿Quién devuelve los 58 millones? ¿Quién investiga si las decisiones del expresidente favorecieron los intereses de la farmacéutica en la elaboración de guías, en la aprobación de fármacos o en la organización de ensayos clínicos? La corrupción médica no se combate con reprimendas internas, sino con leyes que tipifiquen el delito, con jueces que investiguen y con mecanismos de control independientes. Hasta que eso ocurra, seguiremos viendo estos episodios como meras anécdotas.
La medicina debe recuperar su independencia. Esto significa financiar la investigación con dinero público, sin condicionantes de la industria. Significa crear registros públicos de pagos en cada país europeo, como los que ya existen en Estados Unidos o en Francia, para que los pacientes sepan quién financió a su médico. Significa prohibir que quienes dirigen sociedades científicas tengan vínculos económicos con empresas farmacéuticas, al menos mientras dure su mandato. Y significa que las universidades y los hospitales dejen de depender de los congresos patrocinados por las grandes corporaciones.
El expresidente de la Sociedad Europea de Cardiología no es un caso aislado; es el ejemplo extremo de un sistema que ha normalizado la compra de la ciencia. La cardiología es la especialidad que se ocupa del corazón, el órgano que asociamos con la vida. Si permitimos que el dinero de una farmacéutica marque el ritmo de sus decisiones, estaremos dejando que la codicia lata en lugar de la salud. Esta sanción debería ser un punto de inflexión: o la medicina se limpia de una vez, o los pacientes dejarán de creer en los expertos y acabarán confiando en charlatanes. La confianza no se compra; se gana. Y con 58 millones de por medio, esa confianza se ha roto.
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