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La crispación política y la crisis social han sido históricamente el caldo de cultivo perfecto para que los movimientos más reaccionarios abandonen los márgenes y traten de imponer su ley en las calles. La imagen de grupos organizados de ideología ultraderechista patrullando barrios, amedrentando a migrantes y suplantando funciones policiales ya no es una anécdota aislada ni un fantasma del pasado. Es una realidad tangible que ha obligado a Izquierda Unida (IU) a elevar la voz en el Congreso de los Diputados para exigir explicaciones urgentes al Ministerio del Interior.
La formación de izquierdas ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que reclama al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska que aclare, de manera inmediata, qué medidas concretas va a adoptar para frenar el auge de estas «patrullas parapoliciales de extrema derecha», señalando específicamente los casos detectados en Valencia. La pregunta no es baladí: en una democracia consolidada, la existencia de grupos civiles armados o uniformados que se atribuyen funciones de vigilancia y control social supone una quiebra gravísima del monopolio de la violencia legítima que corresponde exclusivamente al Estado.
El germen valenciano: Xenofobia uniformada
Para entender la preocupación de IU hay que desplazarse al Levante español. En los últimos años, Valencia se ha convertido en un laboratorio de pruebas para la extrema derecha más combativa. Organizaciones como España 2000 o el Hogar Social (antes Hogar Social Madrid), junto a grupúsculos neonazis como Bastión Frontal, han pasado de la propaganda callejera a la acción directa.
Bajo el paraguas de la «preocupación por la seguridad ciudadana» y la «defensa de los barrios», estos colectivos han organizado redadas y patrullas en zonas como Orriols o el Distrito Marítimo, barrios con alta tasa de población migrante y rentas bajas. Su modus operandi es tan simple como peligroso: se presentan como protectores de los vecinos «de toda la vida», difunden bulos sobre delincuencia extranjera a través de redes sociales y, posteriormente, salen a la calle en grupo para intimidar a jóvenes migrantes, personas sin hogar o cualquiera que consideren «ajeno» a su ideal de nación.
La iniciativa de IU pone el dedo en la llaga al preguntar si Interior tiene constancia de estas actividades y qué protocolos tiene previstos para desarticularlas. No se trata solo de manifestaciones con simbología fascista (que ya están tipificadas en el Código Penal), sino de un paso más allá: la usurpación de funciones públicas. Estos individuos no solo gritan; vigilan, interceptan, identifican (de manera ilegal) y, en no pocas ocasiones, agreden.
La peligrosa normalización del vigilantismo
El auge de estas patrullas no puede desvincularse del clima político general. La irrupción de Vox en las instituciones ha legitimado un discurso de odio que antes permanecía en la cloaca. Cuando desde cargos públicos se habla de «menas» como amenaza, se criminaliza al inmigrante o se blanquea el franquismo, los matones de la calle sienten que tienen un salvoconducto moral para actuar.
Estamos asistiendo a una peligrosa normalización del vigilantismo. La extrema derecha ha entendido que la batalla cultural se gana en el terreno simbólico, pero también en el territorial. Si logran expulsar a los migrantes de una plaza, si logran que los comerciantes les vean como «una solución» ante la ausencia de policía, habrán ganado una porción de poder real que no pasa por las urnas.
Es aquí donde reside la gravedad de la pregunta de IU. El silencio o la tibieza del Ministerio del Interior ante estos fenómenos no es neutralidad, es complicidad pasiva. Si un ciudadano ve que un grupo de neonazis patrulla su calle y no pasa nada, mientras que un manifestante de izquierdas es multado o identificado por la Ley de Seguridad Ciudadana (la «Ley Mordaza»), el mensaje que recibe es demoledor: el Estado protege a los suyos y persigue a los disidentes. Esta doble vara de medir es la que denuncia implícitamente la coalición de izquierdas.
¿Dónde está la ley?
La legalidad es clara. En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen el monopolio de la seguridad pública. La existencia de «patrullas ciudadanas» de corte político es ilegal, tal y como establece la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la legislación sobre seguridad privada. Además, el ejercicio de la violencia o la intimidación por motivos racistas o ideológicos está penado en el artículo 510 del Código Penal (delitos de odio).
Entonces, ¿por qué proliferan? Porque la extrema derecha ha sabido jugar con los vacíos legales y la inacción policial. A menudo, estas «patrullas» se disuelven antes de la llegada de los agentes, actúan sin uniformes reglamentarios y se refugian en el «derecho a pasear» o «estar en grupo». Sin embargo, la inteligencia policial sabe perfectamente quiénes son, cómo se organizan y financian estas redes. IU exige, por tanto, que esa información se materialice en actuaciones judiciales y policiales concretas.
La pregunta registrada en el Congreso apunta, además, a un aspecto reciente: la conectividad entre estos grupos en distintas ciudades españolas. No son células aisladas; son redes que comparten contactos, material propagandístico y, en ocasiones, logística. Frente a la internacional de la intolerancia, se requiere una respuesta coordinada del Estado.
La advertencia de IU, un recordatorio democrático
Hay que reconocer el valor de la iniciativa de IU en un momento en el que el debate público parece secuestrado por los marcos discursivos de la derecha y la ultraderecha. Mientras el gobierno de turno se enreda en disputas internas o en la geopolítica internacional, en las calles de ciudades como Valencia se está jugando una partida decisiva por la convivencia.
Permitir que la extrema derecha se arrope con el manto de la «autodefensa ciudadana» es el primer paso hacia el colapso del contrato social. Si los ciudadanos dejan de confiar en la policía estatal y se encomiendan a milicias ideológicas, la democracia está perdida. Por eso, la respuesta del Ministerio del Interior no puede ser una evasiva parlamentaria llena de tecnicismos.
La política de seguridad debe ser firme contra el fascismo callejero. No se trata de un problema de orden público menor; se trata de la defensa de los valores constitucionales. Las imágenes de grupos violentos paseando por barrios obreros con la connivencia de algunos comerciantes atemorizados nos retrotraen a los momentos más oscuros de la Europa de entreguerras (los Camisas Negras en Italia o las SA en Alemania).
En pleno siglo XXI, contemplar cómo la ultraderecha intenta construir un Estado paralelo basado en el miedo es inadmisible. La iniciativa de IU sirve, al menos, para obligar al Gobierno a retratarse: o está del lado de los derechos humanos y la convivencia, o está permitiendo, por omisión, que el odio patrulle nuestras calles. La sociedad española merece una respuesta clara y contundente. La democracia no se defiende sola; hay que bajarla a la calle, pero también hay que aplicarla desde las instituciones. Si Interior no actúa, las patrullas del odio habrán ganado su primera batalla.
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