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En los últimos meses, cada vez que un equipo de antropología forense anuncia la apertura de una nueva fosa común —ya sea en la Sierra de Madrid, en Andalita o en algún rincón olvidado de Galicia—, la reacción no siempre es de solidaridad. En ciertos círculos políticos y mediáticos, el debate se reduce a una sola línea: el coste. Se habla de millones de euros, de complicaciones burocráticas, de “reabrir viejas heridas” y, en su versión más cínica, de que “hay cosas más urgentes”. Pero esta visión contable, además de ser moralmente errónea, es intelectualmente defectuosa. No entiende que las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura no son un “gasto de mantenimiento del pasado”, sino una inversión de futuro. Y si hay algo que la ciencia social y forense lleva décadas demostrando, es que el precio de no hacerlo supera con creces cualquier presupuesto.
No es casual que esta polémica se parezca, en su estructura retórica, a otra que ocupa los titulares con mayor frecuencia: la negación del cambio climático. Como han documentado investigadores como Stefan Rahmstorf o los miembros del IPCC, los negacionistas climáticos no suelen negar la evidencia por falta de datos —los datos son abrumadores—, sino porque reconocerlos implicaría renunciar a un modelo económico y político. Actúan igual los negacionistas de la memoria histórica española: no discuten que existan fosas, que haya documentos del Movimiento Nacional o testimonios vivos; simplemente exigen que se olvide, que se entierre (de verdad) lo incómodo, que se priorice el “orden” sobre la verdad. En ambos casos, la estrategia es idéntica: exagerar el coste de la acción, minimizar el coste de la inacción y presentar la evidencia como una ideología. No es así.
La evidencia no es negociable
Según el Banco de Datos de Desaparecidos del Ministerio de Cultura y Deporte, se han documentado más de 2.500 fosas comunes en todo el territorio español, con una estimación de más de 6.000 personas aún desaparecidas, muchas de ellos civiles ejecutados sin juicio entre 1936 y 1952, y otras víctimas de represalias posteriores del régimen franquista. La Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) reconoce por primera vez de forma integral este derecho a la verdad, la justicia y la reparación. No se trata de una propuesta partidista, sino de un mandato legal que se suma a las recomendaciones de la ONU —especialmente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que desde 2013 ha instado al Estado español a acelerar las exhumaciones, identificar los restos y garantizar a las familias el derecho a un duelo digno.
Pero más allá de la jurisprudencia, la antropología forense ha reconstruido historias con un rigor científico comparable al de la arqueología o la medicina legal. En 2023, la exhumación de la fosa común del Valle de los Caídos permitió recuperar los restos de más de cuarenta personas, entre ellos familiares de republicanos y trabajadores forzados que construyeron el propio mausoleo. En otras zonas, como en el cementerio de Pico Reja (Sevilla) o en fosas de La Buitrera (Granada), los equipos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y otras instituciones han logrado identificaciones mediante el ADN, devolviendo nombres a cuerpos que durante décadas fueron números sin rostro.
El coste económico de estas labores es real: una exhumación completa puede oscilar entre decenas y cientos de miles de euros, dependiendo de la complejidad del terreno, la preservación de los restos y el análisis genético. Pero comparar estas cifras con las inversiones en infraestructuras o defensa es absurdo si no se valora su retorno social. Un estudio publicado recientemente en The Conversation (y que inspira esta reflexión) subraya que el beneficio de estas exhumaciones no se mide solo en identidades recuperadas, sino en la reconstrucción del tejido democrático.
El trauma intergeneracional y la salud pública
Uno de los argumentos más ignorados por quienes reducen el debate a cifras es el de la salud mental colectiva. Investigaciones en psicología social y psiquiatría, como las desarrolladas por Mercedes Fernández y otros especialistas en trauma en España, han demostrado que los descendientes de represaliados sufren de manera desproporcionada trastornos de ansiedad, depresión y un sentimiento de “duelo congelado” al no poder enterrar a sus familiares. La exhumación no es un capricho funeral; es una intervención terapéutica y social. Cuando una familia recupera a su abuelo o su madre, lo que se restaura no es solo un cuerpo, sino la posibilidad de cerrada. Es una forma de justicia reparadora que no requiere de un tribunal penal —ya que en España persiste la impunidad legal por la Ley de Amnistía—, pero que sí exige un reconocimiento institucional.
En este sentido, exhumar es también una política de prevención. La historia contemporánea muestra que las sociedades que ignoraron sus crímenes de Estado —o que los minimizaron como “costes del progreso”— tendieron a reproducir estructuras autoritarias. Recordar no es revivir el odio; es inmunizarse contra su repetición.
Educación, cohesión y el coste de la ignorancia
Otro beneficio tangible es educativo. La LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) incluye la “memoria democrática” como parte del currículo escolar. Pero una memoria que solo se enseña con libros de texto y sin contacto con el territorio es una memoria abstracta, débil. Las exhumaciones permiten que estudiantes, vecinos y visitantes comprendan que la violencia no fue un “accidente” histórico, sino una política sistemática de eliminación del disidente. El aprendizaje situado —ver una fosa, escuchar a un antropólogo, reconocer el nombre de una víctima— tiene un impacto pedagógico incomparables al de una clase magistral.
Además, el discurso del “es demasiado caro” oculta una falacia contable mayor. El coste de no exhumar incluye: la perpetuación de la impunidad simbólica, la pérdida de identidades familiares, la degradación de archivos, la desconfianza institucional y, en último término, la erosión de la legitimidad democrática. Un país que no sabe dónde están sus muertos no puede afirmarse plenamente como democracia. El Estado, por su parte, ahorra en conflictos futuros si invierte hoy en verdad: porque la verdad es la única base sobre la cual se puede construir una convivencia estable.
Negacionistas y evidencia: el mismo guion
Volvamos al paralelo con los negacionistas del cambio climático. Como señala el consenso científico del IPCC, los gases de efecto invernadero han elevado la temperatura global y el coste de la transición energética es menor que el de la adaptación desordenada. Los negacionistas responden con el argumento del coste, del “no hay que alarmar”, del “siempre ha habido variaciones”. En España, los negacionistas de la memoria histórica utilizan exactamente los mismos mecanismos: se exagera el gasto de las exhumaciones, se dice que “reabrir el pasado” divide a la sociedad, se niega la responsabilidad del Estado franquista o se presenta la memoria como un “ataque a los muertos de otro bando”. Pero la evidencia es igual de clara: las fosas existen, los documentos existen, los testimonios existieron y los descendientes siguen buscando.
Criticar a estos negacionistas no es un ejercicio de revancha política; es un ejercicio de rigor. Una sociedad democrática no se construye con amnesia institucional, sino con el reconocimiento de sus grietas. Los antropólogos forenses, los historiadores, los juristas y los activistas de la memoria no piden venganza; piden la restitución de un derecho básico: el derecho a ser enterrado con dignidad y el derecho de las familias a saber la verdad.
Conclusión: una inversión, no un gasto
En tiempos de recortes presupuestarios y de debates sobre la eficiencia del Estado, es fácil caer en la tentación de calificar de “lujo” cualquier política que no genere beneficio inmediato y tangible. Pero la memoria democrática es una de esas inversiones de largo alcance cuyo rendimiento se mide en legitimidad, cohesión y prevención. No se trata de que todos los ciudadanos se sientan llamados a excavar, sino de que el Estado cumpla su obligación de recuperar a quienes fueron arrebatados por la violencia política.
Las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura nos benefician a todos porque nos devuelven a todos: nos hacen ciudadanos con historia, no meros consumidores de presente. Como afirma el artículo de The Conversation que inspira estas líneas, el verdadero coste no está en los fondos asignados a la memoria; está en los que se pierden cuando la sociedad decide mirar hacia otro lado. Y si algo nos enseña la ciencia —tanto la climática como la forense— es que mirar hacia otro lado no hace desaparecer el problema; solo lo agrava, lo encarece y lo hace más difícil de solucionar luego.
Así que, ante la próxima polémica sobre “cuánto cuesta” exhumar, la respuesta no debe ser contable. Debe ser política, ética y científica: cuesta lo que cuesta, pero el precio de la indiferencia es mucho mayor. El pasado no se entierra solo; se entiende, se honra y, cuando es posible, se recupera. Porque una democracia que no conoce a sus muertos no está completa. Y una sociedad que niega su historia —como quien niega el cambio climático— no está preparada para su futuro.
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