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Los datos recogidos por distintos estudios sobre religiosidad en España dibujan una tendencia cada vez más clara: la sociedad española se seculariza a gran velocidad. La fe católica, que durante décadas fue un rasgo mayoritario y casi obligatorio de la identidad nacional, pierde presencia social, cultural y generacional. Sin embargo, esa caída no se corresponde con una reducción equivalente de los privilegios económicos, fiscales e institucionales de la Iglesia católica. La paradoja es evidente: cada vez menos ciudadanía se declara religiosa, pero el Estado continúa sosteniendo buena parte de la estructura confesional heredada.
El informe “Laicidad en cifras 2026. ¡Adiós a la fe!”, difundido en espacios como loquesomos.es y en la línea de trabajos elaborados por organizaciones laicistas como Europa Laica, insiste precisamente en esa contradicción. La pregunta de fondo es incómoda: ¿puede un Estado que se define constitucionalmente como aconfesional seguir financiando de forma privilegiada a una confesión religiosa cuya base social disminuye año tras año?
Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas —CIS— muestran desde hace tiempo una caída sostenida de la identificación católica. Aunque todavía una parte importante de la población se declara católica, la práctica religiosa real es mucho menor. Entre quienes se dicen católicos, un porcentaje elevado reconoce no asistir casi nunca a misa ni participar regularmente en sacramentos o actividades eclesiales. Es decir, el catolicismo sociológico, cultural o familiar resiste más que la fe practicante.
La brecha generacional es todavía más significativa. Entre las personas jóvenes, aumentan quienes se declaran ateas, agnósticas o indiferentes ante la religión. En los grupos de menor edad, la religión ha dejado de ser un elemento central de identidad. Ya no marca de forma mayoritaria la vida cotidiana, las relaciones afectivas, la educación sentimental ni las decisiones familiares. La secularización no aparece como una moda pasajera, sino como un cambio estructural.
También los datos demográficos y sociales confirman esa transformación. El Instituto Nacional de Estadística —INE— refleja desde hace años el predominio de los matrimonios civiles frente a los religiosos. Las ceremonias católicas, antes hegemónicas, son hoy minoritarias en muchas comunidades autónomas. A ello se suma la reducción de bautizos, comuniones y otros ritos tradicionales, que ya no funcionan como pasos obligados de integración social.
En la escuela ocurre algo similar. La asignatura de religión católica ha perdido alumnado de forma progresiva, especialmente en la enseñanza pública. Cada vez más familias optan por alternativas no confesionales o directamente prefieren que la formación religiosa quede fuera del horario lectivo. Sin embargo, el profesorado de religión sigue siendo pagado con fondos públicos, aunque sea seleccionado bajo criterios vinculados a la autoridad eclesiástica. Este es uno de los ejemplos más citados por los movimientos laicistas para denunciar la falta de separación efectiva entre Iglesia y Estado.
La financiación pública de la Iglesia católica se articula por distintas vías. La más visible es la casilla de la Iglesia en la declaración del IRPF. Quienes la marcan destinan un porcentaje de sus impuestos a la institución eclesial. La Conferencia Episcopal Española suele presentar esta vía como una expresión libre de apoyo ciudadano. Las organizaciones laicistas, en cambio, señalan que no se trata de una donación privada, sino de dinero público que deja de destinarse a otros fines comunes.
Pero el debate no termina ahí. Además de la asignación tributaria, existen conciertos educativos con centros de ideario religioso, financiación de capellanías en hospitales, cárceles y Fuerzas Armadas, mantenimiento de patrimonio, exenciones fiscales y subvenciones directas o indirectas. Europa Laica y otros colectivos han estimado durante años que el coste total de la financiación pública de la Iglesia católica asciende a miles de millones de euros anuales, aunque las cifras exactas dependen de qué conceptos se incluyan en el cálculo.
La Iglesia, por su parte, argumenta que desarrolla una amplia labor social, educativa y asistencial. Cáritas, centros sanitarios, colegios, residencias y entidades vinculadas al mundo católico forman parte de esa red. Sin embargo, la crítica laicista no niega necesariamente la existencia de esa labor, sino que cuestiona que una confesión concreta reciba un trato privilegiado por encima de otras organizaciones sociales o religiosas. En un Estado democrático, sostienen, los servicios públicos y las ayudas sociales deberían financiarse con criterios transparentes, universales y no confesionales.
El problema central es político e histórico. España arrastra todavía los efectos de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, firmados poco después de la Constitución. Aunque la Carta Magna declara que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, esos acuerdos mantienen un marco de cooperación especialmente favorable a la Iglesia católica. Para los defensores de la laicidad, este modelo ya no responde a la realidad social del país.
La tendencia apunta a que, en pocos años, la población no religiosa podría superar a la religiosa. No se trata solo de una cuestión estadística, sino de legitimidad democrática. Si la ciudadanía cambia, las instituciones deberían cambiar con ella. Mantener privilegios confesionales en una sociedad crecientemente plural, secular y diversa produce un desajuste cada vez más difícil de justificar.
La laicidad no significa persecución de la religión ni imposición del ateísmo. Significa neutralidad del Estado. Significa que cada persona pueda creer, no creer o cambiar de creencia sin que las instituciones públicas favorezcan a una opción concreta. También significa que los recursos comunes se gestionen desde criterios de igualdad, transparencia y utilidad pública, no desde herencias históricas.
El debate sobre la laicidad en 2026, por tanto, no es un ataque a la fe individual. Es una discusión sobre democracia, financiación y derechos. La pregunta ya no es si España sigue siendo culturalmente católica, sino si el Estado debe seguir funcionando como si lo fuera. Los datos apuntan en una dirección clara: la sociedad se aleja de la religión institucional. Lo que falta por saber es cuándo las políticas públicas se atreverán a reconocerlo.
Fuentes de referencia: CIS, INE, Conferencia Episcopal Española, Ministerio de Hacienda, Europa Laica y estudios sobre secularización y financiación pública de las confesiones religiosas en España.
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