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Una niña española de 13 años, increpada por su tez morena en plena concentración; bulos que se viralizan sin freno; hostigamiento a ONG y voluntarios que tienden una mano. La crisis migratoria de mayo ha dejado en la ciudad autónoma una segunda crisis, más silenciosa pero quizá más profunda: la del discurso de odio.
La escena no admite lecturas amables. Así consta en la denuncia presentada por la madre de la menor ante la Policía Nacional: una niña de 13 años, hija de padre vasco y madre ceutí, acude a una concentración ciudadana y es abordada por una participante que, al ver su tez morena, le suelta una andanada: «Tú, ¿de dónde has salido? ¡Invasora! Enséñame el DNI. Te vi en el hospital con tuberculosis». La menor, española y nacida en España, es tratada como extranjera en la única ciudad que ha pisado en su vida. Y el insulto «sanitario», por absurdo que resulte, retrata el caldo de cultivo: mezcla el pánico al contagio con la sospecha colectiva y convierte el cuerpo de una niña en el símbolo de una amenaza que no existe.
El caso no es una anécdota, sino la ilustración más descarnada de lo que organizaciones sociales, vecinos y expertos llevan semanas advirtiendo: mientras arriba se gestionan crisis diplomáticas, traslados y acogidas, abajo, en las calles, se expande un odio que no distingue entre migrante y ciudadano, entre quien acaba de cruzar el espigón del Tarajal y quien lleva generaciones viviendo en esta ciudad.
Una crisis que enciende todas las mechas
La mecha se encendió a mediados de mayo, cuando entre ocho y diez mil personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, entraron por tierra o a nado por la frontera del Tarajal tras la relajación unilateral del control por parte de Rabat, en un gesto leído como represalia por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado en Zaragoza por covid-19. Las imágenes dieron la vuelta al mundo: cientos de cuerpos avanzando entre las rocas, familias desvalidas, un vecino jugando con el fuego de la frontera.
La respuesta española alimentó aún más el incendio emocional: el Ministerio del Interior ejecutó devoluciones inmediatas de unas 2.700 personas, una práctica cuestionada por juristas y organizaciones de derechos humanos por vulnerar el derecho de asilo, mientras centenares de migrantes dormían a la intemperie en el muelle deportivo. En ese cóctel de angustia, inseguridad y sensación de abandono, el odio encontró su terreno abonado.
Las concentraciones vecinales se sucedieron. Se coreó la palabra «invasión», se gritó «fuera» y en las redes sociales circularon bulos a toda velocidad: fotografías antiguas presentadas como actuales, rumores sobre «enfermedades contagiosas» y olas de delincuencia que los servicios de verificación tuvieron que desmentir uno a uno. A ello se sumaron episodios de violencia callejera grabados con teléfonos móviles, que realimentaron el miedo y el rencor.
Pero el odio, como demuestra el caso de la niña, no examina pasaportes. En Ceuta, más de cuatro de cada diez vecinos son de confesión musulmana y muchos ceutíes de origen marroquí, españoles de pleno derecho, han visto cómo se les miraba de reojo, cómo se les exigía «demostrar» que pertenecen. Cuando la xenofobia se normaliza, cualquier rostro puede convertirse en sospechoso. Esa es, precisamente, su naturaleza: no protege a nadie, solo señala.
Quienes ayudan, en el punto de mira
Esos ramalazos de odio no se detienen en las personas migrantes: también se dirigen a quien intenta ayudarlas. Organizaciones con décadas de trabajo en la ciudad, como el Rallye Sampierdarena, Elin o CEAR, han denunciado el clima de hostilidad que soportan. Voluntarios que acercaban agua, comida o mantas al muelle deportivo recibieron insultos y reproches; en redes sociales se les acusa de «traidores», de «llamar a las pateras», de promover la propia «invasión». El mensaje, repetido hasta el hastío, es que ayudar es sospechoso.
Los efectos son dobles. Primero, un enfriamiento de la solidaridad: muchos vecinos que colaboraban empiezan a hacerlo con miedo, a ocultarse, a callar. Segundo, un debilitamiento del entramado de protección de las personas más vulnerables, precisamente cuando más se necesita. Las organizaciones alertan de que el discurso de odio no es «opinión», sino el peldaño previo a la agresión: así lo demuestra la historia y así lo recoge el Código Penal, que castiga la incitación y la humillación por motivos racistas o xenófobos en su artículo 510. La denuncia de la madre de la menor apunta en esa dirección.
Frente a este panorama existe otra Ceuta, la que casi nadie filma: los vecinos que bajaron ropa y alimentos al puerto, los colectivos que llevan años tendiendo puentes entre comunidades, los llamamientos de referentes sociales y religiosos pidiendo calma. Esta ciudad, que se enorgullece de ser cruce de las culturas cristiana, musulmana, judía e hindú, atesora una experiencia de convivencia que pocas ciudades europeas pueden imaginar. Ese capital no debe permitirse que lo destruyan unas semanas de rabia.
La frontera de dentro
El desafío, por tanto, no es solo fronterizo ni diplomático: es interior. Exige que las instituciones envíen mensajes nítidos, sin estigmas ni cacerías; que la investigación del caso de la niña sirva de precedente y no de excusa; que las plataformas desmonten los bulos con la misma velocidad con la que se fabrican; y que la escuela enseñe lo evidente: que nadie es una amenaza por el color de su piel.
De poco servirán las vallas, los espigones y los dispositivos policiales si no se levanta, al mismo tiempo, una frontera contra el odio. La niña de 13 años increpada por parecer lo que es, una ceutí más, una española más, es la advertencia más dolorosa: cuando el odio se instala, nadie está a salvo, ni siquiera quienes creían que la ciudad era suya. Porque lo era.
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