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En Colombia, la seguridad de las personas LGBTIQ+ no depende solamente de reducir los homicidios. También exige impedir que grupos armados decidan quién puede vivir abiertamente en un territorio y que las instituciones pierdan capacidad para proteger a quienes sufren discriminación. Esa doble amenaza articula el análisis del antropólogo David J. Luquetta Cediel en La Silla Vacía: la violencia local y la confrontación política sobre la diversidad pueden reforzarse mutuamente.
El punto de partida es grave. Caribe Afirmativo documentó 270 asesinatos de personas LGBTIQ+ en 2025, además de 1.184 víctimas de amenazas y 628 hechos de violencia sexual, cifras destacadas por ONU Derechos Humanos. El subregistro impide considerarlas un recuento exhaustivo. Son datos anteriores al Gobierno de Abelardo de la Espriella: no permiten atribuirle esa violencia, pero muestran la vulnerabilidad sobre la que actúan las decisiones actuales.
Una violencia que regula la vida
En junio de 2026, la Fundación Ideas para la Paz identificó 14 zonas de disputa entre grupos armados, el doble que en 2022. Allí se concentraba cerca del 80 % de las afectaciones humanitarias. Su diagnóstico describe organizaciones que, además de disputar economías ilegales, restringen la movilidad, intervienen en conflictos comunitarios e imponen normas de comportamiento.
La fragmentación no equivale, por tanto, a una reducción automática del peligro. Puede multiplicar los poderes locales y volver menos previsibles sus reglas. Para una persona LGBTIQ+, esa regulación alcanza su visibilidad y su participación comunitaria. El 14 de mayo de 2026, la Procuraduría advirtió que detrás de agresiones y asesinatos, particularmente contra mujeres trans, existen dinámicas de control territorial, economías ilícitas y coerción social.
Las amenazas son centrales: intimidan, silencian liderazgos y pueden anticipar ataques letales. Tampoco termina la violencia en el espacio público. Caribe Afirmativo registró 1.531 casos de violencia intrafamiliar durante 2025 y alertó sobre hostigamiento digital y divulgación de datos personales. Estos mecanismos amplían el alcance de la persecución y pueden provocar desplazamientos, pérdida de empleo y retiro de la vida pública.
La disputa cultural alcanza al Estado
En el frente político, las alertas apuntan a Educación y Cultura. En su balance del 7 de septiembre de 2026, Caribe Afirmativo cuestionó la revisión de contenidos escolares promovida por Viviane Morales bajo la consigna de combatir la llamada «ideología de género». También criticó la propuesta de Paola Holguín de sustituir «narrativas de género» por otras centradas en la familia. Para la organización, presentar la diversidad como amenaza abre un riesgo de exclusión institucional.
Los promotores de la «batalla cultural» la defienden como una recuperación de valores tradicionales y una ampliación del debate, según recogió Cambio. De la Espriella, por su parte, prometió gobernar para todos y respetar la Constitución de 1991. El contraste debe evaluarse mediante decisiones verificables: protocolos, presupuestos y acceso efectivo a servicios, no solamente por declaraciones de intención.
Conviene distinguir los anuncios de las normas efectivamente modificadas. Pero también evitar minimizar la estigmatización. En mayo, la Defensoría del Pueblo advirtió que clasificar la diversidad sexual y de género en términos de lo «normal» y lo «anormal» promueve la exclusión y sirve de fundamento a la violencia por prejuicio. El desacuerdo democrático es legítimo; convertir la identidad de alguien en motivo para restringir sus derechos no lo es.
El desafío de preservar la protección
La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad requiere, asimismo, precisión. Fue ordenada por Gustavo Petro mediante el Decreto 626 del 19 de junio de 2026, en aplicación de la sentencia C-161 de 2024, que declaró inconstitucional su ley de creación por vicios de procedimiento y aplazó los efectos de esa decisión. No nació, por tanto, como una medida del nuevo Gobierno. El decreto contempla reasignar competencias y preservar programas: liquidar una entidad no elimina las responsabilidades estatales.
El desafío es evitar que la transición administrativa se convierta en una pérdida de protección. El 30 de junio de 2026, el Departamento Nacional de Planeación informó que el CONPES 4147 contiene 162 acciones a cargo de 49 entidades, con horizonte hasta 2035. Reportó cinco proyectos de acceso a la justicia, doce iniciativas culturales y la elaboración de una guía para la atención integral en salud de personas trans. Son herramientas concretas, no únicamente compromisos discursivos.
Esas medidas necesitan financiación, responsables identificables y presencia territorial. Su continuidad debe medirse por resultados: atención oportuna de amenazas, acompañamiento a víctimas y eliminación de barreras. A la vez, la seguridad debe considerar los riesgos específicos de los liderazgos LGBTIQ+ y garantizar que denunciar no implique exponerse todavía más. ONU Derechos Humanos reclama precisamente prevención, protección, investigaciones que examinen el prejuicio como posible motivación y mejores sistemas de información.
El riesgo central no es únicamente perder una oficina o enfrentar otra polémica cultural. Es que aumente la capacidad criminal para imponer miedo mientras disminuyen las herramientas para resistirlo. Proteger la diversidad exige combatir la violencia y sostener las garantías públicas simultáneamente. La seguridad será insuficiente si recupera territorios, pero deja a parte de su población sin libertad para habitarlos.
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